ANT adjudica a 88 familias campesinas títulos de tierras que ocupó Víctor Carranza

Representantes de campesinos aseguran que las tierras aún no se han recuperado materialmente.

Terreno baldío ubicado en Puerto Gaitán, Meta, que por tres décadas estuvo en manos de Víctor Carranza. Foto: EL TIEMPO

17.07.2023 14:59 Actualizado: 18.07.2023 12:48

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Comunidades campesinas de Puerto Gaitán, Meta, fueron convocadas para informarles de que la Agencia Nacional de Tierras les adjudicó a 88 familias parcelas que hacen parte de un gran predio llamado El Porvenir, de más de 25.000 hectáreas, en un proceso que lleva más de siete años y que busca cumplir con una orden que la Corte Constitucional hizo en 2016.

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Se trata de 88 parcelas que tienen capacidad productiva y que beneficiarían a más de 130 personas, quienes son consideradas como ocupantes históricos de este predio, que es un baldío de la Nación y que es el foco de un largo pleito judicial que remonta a finales de los años 70, cuando fue adquirido de manera irregular por el esmeraldero Víctor Carranza.

La historia

En 1992, el antiguo Incora adjudicó a 27 personas los títulos de las 27.000 hectáreas a personas que, según los ocupantes, nada tenían que ver con ellos y que englobaron los terrenos en cinco grandes inmuebles. Esa decisión solo fue revocada hasta el 2014 cuando el predio quedó en manos del Estado. Al año siguiente, Holman Carranza de la empresa ‘Ganadería La Cristalina’ los entregó al Incoder.

En 2016, la Corte Constitucional estudió una tutela y falló a favor de las familias ocupantes y ordenó censar a la población, definir quiénes podían ser sujetos de la reforma agraria para la adjudicación de baldíos a su favor, hacer una mesa de trabajo y favorecer a la mujer rural, entre otros.

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Luego de hacer diferentes visitas, diálogos con las familias, saneamiento de predios y valoraciones jurídicas sobre las parcelas, EL TIEMPO estableció que la ANT tiene lista la adjudicación a esas 88 familias y que ya citó a sus representantes legales para notificarlos de ello.

Esto implicaría el cumplimiento del fallo de la Corte Constitucional, aunque haría falta la entrega material de los terrenos.

Reparos de los voceros de las familias

No obstante, algunos de sus voceros están en desacuerdo con ello debido a que todavía no se han recuperado materialmente, físicamente los predios.

En un documento de ocho páginas conocido por EL TIEMPO, la Corporación Jurídica Yira Castro, que representa a víctimas, pidió la suspensión de la entrega de los títulos, precisamente, por considerar que no hay garantías de que se haga la entrega física de las parcelas.

La Corporación señaló que la Inspección de Policía del municipio ya manifestó “su imposibilidad humana a llevar a cabo un proceso de recuperación de 27 mil” hectáreas y que en la zona se han presentado hechos violentos, como una incursión armada del pasado 29 de mayo de 2023 en el centro educativo San Miguel que queda en la vereda El Porvenir.

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“Hasta que no hayan garantías de recuperación material, no se pueden hacer efectivas las adjudicaciones en terreno y todo lo demás se torna en meros actos documentales, desprovistos de acciones reales que garanticen los derechos de la comunidad”, indicaron.

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