Cartel de la toga: imputan cargos a exgobernador del Valle del Cauca

El exmandatario se declaró inocente del cargo imputado.

También sacó de su cargo al exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía por participar en política. Foto: Archivo/EL TIEMPO

16.06.2022 14:42 Actualizado: 16.06.2022 15:03

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Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exgobernador de Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía Campo el delito de cohecho por dar u ofrecer.

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El proceso está relacionado con sus presuntos nexos con procesados por el llamado 'Cartel de la Toga'.

El exmandatario no aceptó el cargo y señaló que en el proceso había irregularidades e inconsistencias.

El material de prueba indica que el exgobernador, presuntamente, acudió a la red de corrupción conformada por el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez, abogados y otros exintegrantes de la rama judicial para que intercedieran y fueran direccionadas a su favor investigaciones que se seguían en la Fiscalía.

“Por esta actuación se habría pactado el pago de 1.000 millones de pesos. Hay elementos que acreditan que Abadía Campo, al parecer, entregó inicialmente $400’000.000, a través del abogado Luis Gustavo Moreno Rivera”, dijo la Fiscalía en su momento.

En febrero de 2020 la Corte Suprema de Justicia condenó al exfiscal delegado ante la Corte Alfredo Bettín Sierra por retrasar la imputación de cargos contra el exgobernador Abadía.

La Sala de Juzgamiento en Primera Instancia lo condenó por prevaricato por omisión aunque, por virtud de un preacuerdo, pagará la pena por abuso de autoridad.

Al cambiarse el delito por el que se le profiere la condena, Bettín no irá a prisión sino que fue condenado a pagar una multa de 34 millones de pesos, y también fue inhabilitado por 450 días para ejercer cargos públicos. La multa deberá pagarla tan pronto quede en firme la sentencia.

El proceso penal contra Bettín se inició porque en su despacho estaba una investigación contra el exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía por irregularidades en un contrato de dotación de bibliotecas escolares en el departamento, negocio que se firmó por 1.071 millones de pesos.

En la indagación, ese despacho encontró irregularidades como sobrecostos en el contrato que superaban los 800 millones de pesos. En octubre del 2011 la fiscal de apoyo de Bettín proyectó una decisión para imputarle cargos al exgobernador.

En septiembre del 2013 otra fiscal auxiliar del despacho de Bettín le presentó un proyecto nuevo de imputación a Abadía. Todas esas imputaciones quedaron congeladas porque en octubre del 2014 Juan Carlos Abadía contrató como abogado a Luis Gustavo Moreno Rivera, para que lo defendiera en el proceso.

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