Las barreras de la Contraloría para perseguir bienes en el exterior

Hace dos semanas, el Contralor General, Carlos Felipe Córdoba, asistió al Congreso para radicar un proyecto de ley con el fin de lograr una reforma al control fiscal que le permita a ese ente de control tener un enfoque preventivo para evitar la pérdida de recursos públicos. El proyecto, además, pretende darle más dientes a la Contraloría para sancionar y perseguir los bienes de quienes resultan implicados en detrimentos patrimoniales o hechos de corrupción.

Dentro de ese proyecto, uno de los artículos busca que la Contraloría General tenga funciones jurisdiccionales con el fin de que sus fallos puedan ser cosa juzgada y no tengan que pasar por el Consejo de Estado para poder quedar en firme.

EL TIEMPO conoció que una de las razones por las que el órgano de control fiscal quiere que se le den esas funciones judiciales tiene que ver con las dificultades que ha afrontado la Contraloría para perseguir en el exterior los bienes que los implicados en desfalcos y casos de corrupción trasladan a otros países.

Según el contralor Carlos Felipe Córdoba, la Contraloría General rastrea bienes de entre 1,4 y 1,8 billones de pesos en el exterior que le fueron defraudados al patrimonio público y sobre los que ya hay fallos del organismo.

Esos dineros terminaron en paraísos fiscales y en diferentes países, lo que hace que sea mucho más difícil poder tomarlos para resarcir los daños patrimoniales.

En el camino por recuperar estos recursos, la Contraloría ha encontrado una dificultad: la cooperación se ha hecho difícil ya que muchas de las autoridades extranjeras ven al órgano de control como una entidad istrativa que, por no tener funciones jurisdiccionales, no podría entrar a manejar esos recursos y propiedades en el exterior.

Actualmente, la Contraloría ha establecido mecanismos de asistencia jurídica recíproca con países como Estados Unidos, Reino Unido, Holanda España, Ecuador, Argentina y Venezuela, donde se encuentra la mayoría de riqueza ilegalmente obtenida por quienes fueron condenados por el órgano de control.

A esos países migraron de forma clandestina recursos públicos obtenidos ilegalmente por los responsables de casos como el de Reficar, Saludcoop, los Juegos Nacionales de Ibagué y Metrocali.

En el proyecto de ley radicado en el Congreso, la Contraloría aseguró que las funciones jurisdiccionales son necesarias no sólo para que sus fallos tengan cosa juzgada, sino para que no se superen los cinco años que prevé la ley para la prescripción de los procesos fiscales, debido a las demoras en el trámite ante el Consejo de Estado.

“Otorgar la intangibilidad de la cosa juzgada material a los fallos con responsabilidad fiscal proferidos por las Contralorías, permitiría superar las dificultades mencionadas, que impiden la pronta resolución de la situación jurídica del presunto responsable de un daño fiscal y, por consiguiente, el resarcimiento del perjuicio económico sufrido por el Estado”, aseguró la Contraloría en el proyecto de ley.

En el texto que ya pasó el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara quedó establecido que “el trámite y decisiones del proceso de responsabilidad fiscal tendrá carácter jurisdiccional”. En cualquier caso, esa función judicial no le permite a la Contraloría juzgar delitos.

Aunque por ahora en la Cámara va pasando la propuesta, conseguir que a la Contraloría General le den funciones judiciales podría no ser tan sencillo. Precisamente ayer la Corte Constitucional determinó que aunque la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Superintendencia de Sociedades, sí pueden practicar pruebas, no pueden hacer interceptaciones, registros, allanamientos u otros procedimientos que sólo pueden ser ordenados por un juez.

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