Estos son los delitos por los cuales prescriben más casos penales en Colombia

El caso contra el excomisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, por la falsa desmovilización, en marzo del 2006, del Bloque Cacica la Gaitana de las Farc, cuya prescripción acaba de quedar en manos de un juez especializado, es solo una de las caras de una realidad del sistema del país que lleva a que la justicia pierda la oportunidad de procesar a personas investigadas.

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De acuerdo con cifras del Consejo Superior de la Judicatura conocidas por EL TIEMPO, entre 2019 y septiembre de 2022 prescribieron 26.694 casos penales que se llevaban ante despachos judiciales; anualmente, el promedio de prescripciones supera los 6.600 casos y solo este año, que registra hasta ahora 5.361 prescripciones, deja una media cada día de 19,8 casos que se cierran porque se vence el tiempo para juzgar los delitos.

Ese ha sido el caso, por ejemplo, de buena parte de los procesos por el descalabro de Interbolsa, que fue la más grande comisionista de bolsa de Colombia y en 2012 fue intervenida por la Superintendencia Financiera.

La Fiscalía dividió en dos líneas sus investigaciones por estos hechos: Interbolsa y Fondo . En la primera línea fueron procesadas 19 personas, de las cuales 8 quedaron libres por la prescripción de sus expedientes, y esos casos prescritos eran por algunos de los delitos más graves y contra los señalados cerebros de este descalabro.

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Esto no es extraño si se tiene en cuenta que, de acuerdo con las cifras de la Judicatura, en el ‘top’ de tipos de delitos que más prescriben están los delitos contra el patrimonio económico, que incluyen el hurto, la estafa, la istración desleal, entre otros. Entre 2019 y 2022, de este tipo de delitos se registraron 5.045 prescripciones.

Le siguen los delitos contra la seguridad pública, con 3.384 prescripciones, delitos contra la salud pública (3.365), contra la vida e integridad personal (2.514) y los delitos contra la familia, con 2.382 prescripciones.

Aunque hay varias reglas para la prescripción, la general –explicó el abogado penalista Camilo Burbano– es que un delito prescribe según el máximo de la pena que tenga establecida en el Código Penal, aunque el límite no puede superar 20 años para la mayoría de los delitos, y de 30 años para los delitos de desaparición forzada, tortura, homicidio de miembro de una organización sindical, homicidio de defensor de Derechos Humanos, homicidio de periodista, y desplazamiento forzado es de 30 años.

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Por otro lado, indicó, los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los delitos sexuales contra menores son imprescriptibles; y también existe un mínimo en el término de prescripción, que nunca podrá ser inferior a 5 años.

El hecho de que los primeros lugares en el ranking estén ocupados por delitos contra la seguridad pública, contra la salud pública, contra la vida e integridad personal y contra la familia no deja de preocupar si se tiene en cuenta que en esos grupos de delitos el Código Penal ubica algunos como el homicidio o el terrorismo.

Frente a delitos individuales, los que más prescripciones acumulan en estos años son el tráfico de estupefacientes, sancionado con prisión de hasta 20 años y que acumula 830 prescripciones entre 2019 y 2022; seguido por tráfico de armas, cuya pena va hasta los 12 años y tiene 750 prescripciones; la inasistencia alimentaria, con 437 vencimientos; y el hurto agravado, con 392 casos cerrados por esta vía.

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Sin embargo, aunque las cifras de prescripciones superan los 6.000 casos al año, comparadas con las cifras totales de procesos que entran al sistema judicial, son bajas.

Según cifras de la Rama Judicial, recopiladas por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), en 2021 ingresaron al Sistema Penal Oral Acusatorio 1’425.905 noticias criminales (procesos penales), ese mismo año cerró con 6.958 casos penales prescritos, lo que significa que prescribieron menos del uno por ciento de los casos que entraron.

El penalista Burbano dijo que debe entenderse que la prescripción es una herramienta que protege a los ciudadanos de la inactividad del Estado. “No sería proporcional tener a una persona con la permanente fuerza del Estado en sus espaldas, sin que se resuelva de fondo su culpabilidad o inocencia”, explicó.

Detrás de las cifras de prescripciones hay varios factores, algunos casos son muy difíciles de investigar, dijo Burbano, pero en otros hay una inadecuada actividad estatal porque no existen suficientes jueces, fiscales e investigadores.

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La abogada Dalila Henao coincidió en que una altísima proporción de estos casos se deben a fallas estructurales en la istración de justicia y que, por ejemplo, no se ha entendido que el espíritu del sistema privilegia la terminación anticipada de los procesos a través de la denominada justicia premial para evitar “largos y desgastantes procesos que terminan en juicio oral”.

El director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), Hernando Herrera, dijo que, de acuerdo con la demanda de justicia del país, a Colombia le hacen falta fiscales y jueces.

Según estadísticas de la corporación, para 2021 la nación tenía un promedio de 11,6 jueces y 9,2 fiscales para cada 100.000 habitantes, así como 7,8 defensores para esa misma cantidad de personas.

De otra parte está la congestión judicial, derivada parcialmente de lo anterior. La CEJ calculó, con base en cifras de la Judicatura, que el año pasado la congestión judicial en la justicia ordinaria, de la cual hace parte la especialidad penal, fue del 57,5 por ciento, es decir, de cada 10 procesos que ingresaron ese año o estaban en inventario, casi 6 quedaron sin evacuar.

Además, en algunos casos en las prescripciones también pueden influir maniobras dilatorias de abogados o procesados.

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Para expertos consultados, la salida a este problema, sin embargo, no es alargar los tiempos de prescripción, lo que por el contrario puede tener el efecto negativo de que la justicia se sienta menos presionada para darle solución final a un caso, lo que iría en desmedro de los derechos de los ciudadanos tanto de las víctimas como de los procesados a que les resuelvan sus casos.

“Creemos que es de rigor establecer el crecimiento de la planta de personal, que se concreta en más despachos para la jurisdicción penal y más fiscales encargados de las investigaciones”, sostuvo Herrera, quien añadió que la meta debe ser revertir la tendencia de prescripciones y que cada vez más la finalización de procesos se dé por fallos que con una condena o absolución le pongan punto final a la controversia.

Otra parte de las medidas estarían en cabeza de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, “para que tenga sanciones ejemplarizantes para evitar que maniobras dilatorias puedan utilizarse en el curso de r procesos”, concluyó.

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