Las millonarias fallas que encontró la Contraloría en el funcionamiento de las cárceles

El órgano de control visitó 20 cárceles y determinó hallazgos fiscales por más de $169.000 millones.

En las cárceles hay hoy menos de 20.000 sindicados y condenados por delitos sexuales. Foto: Jaime Moreno. Archivo EL TIEMPO

PERIODISTA12.10.2023 17:58 Actualizado: 12.10.2023 18:08

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Tras un análisis en 20 establecimientos penitenciarios nacionales priorizados por la Corte Constitucional, la Contraloría General de la República determinó hallazgos fiscales por más de 169.000 millones de pesos en los penales.

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Según expuso el órgano de control, entre las falencias encontradas están problemas financieros y logísticos para garantizar los servicios de alimentación, y se encontró que se siguen presentando deficiencias en la prestación del servicio de salud.

Hallazgos en temas de infraestructura

Cárcel agrícola de Yarumal, Antioquia en abril de 2023 Foto:Sebastián Carvajal Bolívar / EL TIEMPO

En el componente de infraestructura carcelaria la Contraloría determinó hallazgos como uno por $65.926.528.890 que se configuró por no haber podido ejecutar el proyecto de construcción de la Colonia Agrícola de Yarumal, en Antioquia.

También hay varios hallazgos por la no terminación ni entrega de infraestructura modular penitenciaria en varias cárceles, como en la de Barranquilla, en donde el contrato costó $23.783.529.578.

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Adicionalmente, advirtió el ente de control, “existen pabellones, ampliaciones y estructuras, con 2.721 cupos aproximadamente, que no han entrado en operación, lo que no garantiza las condiciones exigidas por la Corte Constitucional y aumenta la problemática de sobrepoblación”, dijo la entidad en un comunicado.

A nivel nacional, el hacinamiento es de 50,1 %, pero hay cárceles en las que llega al 200 %. Foto:Archivo EL TIEMPO

Por todo ello, la Contraloría concluyó que en las 20 cárceles evaluadas no se garantizan las condiciones mínimas para reclusión ni tampoco se da una correcta prestación de servicios penitenciarios.

Sobre el hacinamiento, la entidad sostuvo que este problema persiste de forma generalizada “pese a los recursos invertidos para la ampliación, generación de cupos, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura en operación”.

Según datos del Inpec, a hoy el hacinamiento en establecimientos nacionales, en promedio, es de 25.2 por ciento, ya que hay 102.331 personas privadas de la libertad pero solo 81.726 cupos, lo que implica una sobrepoblación de 20.605 personas.

Deficiente alimentación

El informe da cuenta de casos de carne cartilaginosa en Bolívar o de papas con gusanos en Valledupar. Foto:Suministrada

Frente al componente de alimentación se evidenció que las condiciones de los ranchos o áreas de preparación de alimentos incumplen normas sobre las condiciones que deben tener las áreas de elaboración de comida, condiciones específicas de equipos y utensilios, condiciones de instalación y funcionamiento de equipos y utensilios y condiciones de materias primas e insumos.

Los servicios de alimentación se prestan a través de operadores que se encuentran en problemas financieros y logísticos para garantizar las condiciones de servicio pactadas.

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También se observaron problemas graves de materias primas en cárceles como La Modelo, de Bogotá; El Pedregal, de Medellín; La Paz, de Itagüí (Antioquia), entre otras.

Así mismo, los operadores están retrasados en los pagos a la población privada de la libertad que preparara los alimentos, los pagos de servicios públicos, proyectos productivos y proveedores, lo cual “pone en riesgo la continuidad de la operación y el servicio de alimentación en general”.

Otra falencia es que como la preparación y reparto de la comida la hacen los presos, no se pueden garantizar de manera generalizada los tiempos de entrega, temperaturas, porciones y componentes del menú.

Fallas en salud y resocialización

Sobre el servicio de salud se advierte que se siguen presentando deficiencias, por ejemplo, en la mayoría de los establecimientos visitados hay citas pendientes o represamiento de exámenes médicos especializados, radiologías, ecografías, entre otros.

También hay demoras en citas con especialistas o pérdida de citas por no contar con el apoyo logístico para la asistencia, y viene creciendo el número de denuncias y tutelas por la no prestación del servicio.

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“Algunas unidades de sanidad y sus equipos presentan falta de mantenimiento, se encuentran ubicadas en sitios de difícil para personas con discapacidad y no cuentan con instalaciones independientes para atender adultos mayores, personas con problemas mentales o con enfermedades infectocontagiosas como TBT y VIH”, indicó la entidad mediante un comunicado.

Sobre las falencias en resocialización la Contraloría evidenció que los bienes y máquinas en las que trabajan los internos en los talleres son mantenidos por los presos, quienes en algunos casos usan sus propios recursos para garantizar su funcionamiento.

En varias de las cárceles visitadas se evidenció una insuficiente oferta de actividades y cupos, y en otros penales se vio que los espacios son deficientes “para el desarrollo de las actividades educativas, talleres y laborales, propias del componente de resocialización”, concluyó el órgano de control.

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