Desde la 5:50 de la tarde del jueves, el reconocido empresario Carlos Mattos es uno de los internos de la Unidad de Medidas Especiales de Seguridad de la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá. Allí tendrá que esperar a que comiencen los juicios en su contra por dos procesos relacionados con ofrecimientos y pagos que se habrían hecho a funcionarios judiciales, entre diciembre de 2015 y mediados de 2016, para favorecer a su empresa con decisiones en un proceso civil.
El miércoles en la mañana y tras dos años de trámite ante el Gobierno de España, el empresario fue entregado a dos agentes de la Policía que lo esperaban en el aeropuerto de Madrid para trasladarlo a responder ante la justicia nacional.
Su defensa, encabezada por el abogado Iván Cancino, ha insistido en que Mattos no puede estar en una cárcel por problemas psiquiátricos y que en Colombia el empresario podría ser procesado solo por uno de los casos que tiene abiertos en despachos judiciales, argumentando que España autorizó su extradición al país para responder únicamente por una de las investigaciones.
De hecho, Cancino ha dado a entender que el empresario podría buscar una forma de terminación anticipada del proceso, pero que eso dependerá de que la Fiscalía se pronuncie de fondo si va a insistir en juzgarlo por los dos procesos en su contra o solo por el que se avaló su extradición.
El asunto es de la mayor importancia, pues esto tendría un efecto directo en una eventual pena en contra de Mattos en caso de ser encontrado responsable y en la posibilidad de que este decida aceptar cargos o buscar un preacuerdo con la Fiscalía para dar por terminado el proceso sin ir a juicio.
Con la hipótesis de la defensa, que incluso ha acudido ya a instancias internacionales denunciando la violación de los derechos fundamentales de su cliente, el procesado solo podría ser llevado ante la justicia por el pago de 200 millones de pesos a la juez Ligia del Carmen Hernández Pérez, quien aceptó cargos y ya fue condenada. Por ese proceso a Mattos le imputaron el delito de cohecho por el que podría ser condenado a menos de 10 años de cárcel.
Y Mattos no podría ser procesado por los ofrecimientos y pagos a otros funcionarios judiciales, entre ellos el juez Reinaldo Huertas. En ese proceso se le imputaron al empresario los delitos de cohecho por dar u ofrecer, utilización indebida de redes de comunicaciones, abusivo a un sistema informático agravado y daño informático agravado, que le darían una condena más alta, de llegar a ser encontrado responsable.
Sin embargo, EL TIEMPO estableció que la Fiscalía General no va a renunciar a procesar a Mattos por uno de los casos y seguirá adelante en la judicialización de ambos hechos.
El abogado Francisco Bernate, que representa a la Rama Judicial como víctima acreditada en el proceso, coincide con la Fiscalía General en que es posible juzgar a Mattos por los dos procesos y que eso no implicaría un incumplimiento a los compromisos internacionales del país en temas de reciprocidad judicial. En diálogo con este diario, Bernate dijo que si bien el procesado fue extraditado por un caso, es posible seguir adelante con ambas investigaciones.
Fuentes del ente acusador señalaron inicialmente que aunque la defensa del empresario ha hecho tres solicitudes indagando sobre la posibilidad de beneficios para su cliente al aceptar cargos o al proponer un principio de oportunidad o preacuerdo, oficialmente no ha realizado una propuesta concreta y por eso no hay nada que considerar, razón por la cual los fiscales del caso están listos para seguir con las audiencias preparatorias del juicio en el que buscarán la condena del empresario en los dos procesos ante los juzgados décimo y 30 de conocimiento de Bogotá.
Frente al primer caso, por el que fue extraditado, la decisión de la Fiscalía es avanzar en las audiencias y que Mattos asista desde su sitio de reclusión a las citaciones.
Además, el ente acusador insistirá, tal como lo hizo en la audiencia de legalización de captura tras su extradición, que Mattos esté asegurado en centro carcelario. Esto porque la defensa del empresario se prepara para pedir ante otro juez de control de garantías de Bogotá que revoque la medida de aseguramiento y que el procesado salga de La Picota y pueda permanecer privado de la libertad en su residencia.
Frente al segundo proceso, en el sitio oficial del poder judicial de España figura que también se aprobó la extradición, pero se está a la espera de que se dé la autorización de entrega a Colombia, la cual la tendría que hacer el Consejo de Ministros del Reino de España.
Entre tanto, la Fiscalía General seguirá adelante también con ese juicio como si Mattos aún se encontrara en España, tal como se ha venido haciendo hasta ahora. Las fuentes señalaron que el empresario fue declarado en contumacia, lo que antes se conocía como reo ausente y, con esa figura, es posible seguir adelante el proceso e incluso llegar a la etapa final en la que el juez dé a conocer su fallo sin la presencia del procesado, que puede ser representado por su abogado de confianza o por un defensor público.
Cuando llegue la autorización de la extradición por ese caso, se pediría al juez que requiera a Mattos para que se presente de forma virtual desde su sitio de reclusión y, si el aval del Gobierno español no llega, se intentará llegar al final del proceso y conseguir una condena.
Con ese eventual fallo en contra de Mattos, la Fiscalía realizaría de nuevo el trámite internacional para que el procesado cumpla su sentencia en el país.
En todo caso, esa estrategia de la Fiscalía se pondrá a prueba ante los jueces del país y ante instancias internacionales ante las que la defensa de Mattos ya ha presentado varios recursos.
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