Colombia es el país más letal para los líderes ambientales, con el 40 % del total de los homicidios conocidos en 2023

En medio de una crisis ambiental global cada vez mayor y justo en el mes en el que Colombia es sede de la cumbre más importante sobre biodiversidad, la COP16, nuevos informes señalan la vulnerabilidad de quienes se dedican a la defensa del medioambiente y reiteran que Colombia está a la cabeza del penoso listado de países con más líderes ambientales asesinados. Solo en 2023, la organización internacional Global Witness documentó 79 asesinatos en el país, el 40 % de todos los casos del mundo.

Las cifras acumuladas no son más alentadoras, pues, aunque distintas organizaciones y entidades registran diferentes números –que varían por la forma de medir el fenómeno–, de fondo todas hablan de la gravedad de la problemática.

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En ese sentido, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) señaló que entre enero del 2016 y septiembre del 2024 se verificaron 248 homicidios de defensores ambientales. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reseñó 631 asesinatos desde enero de 2016 hasta el 22 de octubre de este año. Y un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) recoge que entre 2018 y el 30 de agosto de 2024 se registraron 361 asesinatos de estos líderes y defensores.

Si se toma la medición más cauta, la de la ONU, esto quiere decir que se registró el asesinato de un defensor ambiental cada 13 días, en promedio, en los últimos 8 años. Por esto, esa entidad señala que en Colombia “defender el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible y los derechos vinculados a la defensa de la tierra y del territorio conllevan un alto riesgo a la vida y la integridad personales”.

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La ONU, Indepaz y Pares coinciden en que hay varios tipos de defensores ambientales y quienes más padecen la violencia homicida son los defensores indígenas, junto a los campesinos y los afros. De acuerdo con los registros de ONU DD. HH., el 89 por ciento de los homicidios contra defensores ambientales entre 2016 y 2024 fueron contra estos tres tipos de liderazgos, lo cual “evidencia el impacto desproporcionado de la violencia en los pueblos y comunidades que habitan los territorios más biodiversos y que defienden la naturaleza, los recursos naturales, sus tierras, territorios, formas de vida y cultura”, dice la organización.

Los casos que Pares registró entre 2018 y 2024 guardan una distribución similar, pues el 86 por ciento fueron contra defensores ambientales indígenas (57 %), campesinos (21 %) y afrodescendientes (8 %). Esta organización indica que Cauca, Nariño y Antioquia son los departamentos que concentran la mayoría de hechos.

La ONU coincide parcialmente con esa distribución regional de casos, pues registra que Cauca es el departamento con mayor número de casos, representando el 31 por ciento de homicidios (76 personas), seguido de Chocó con 23 casos (9 %), Nariño con 21 (8 %), Valle de Cauca con 18 casos (7 %), Antioquia con 15 casos (6 %) y Norte de Santander con 8 casos (3 %).

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Frente a los victimarios, los distintos informes dicen que en la mayoría de los casos no es posible identificar con claridad al responsable. Esto muchas veces tiene que ver con el uso de sicarios para perpetrar los crímenes, lo cual dificulta identificar a los determinadores, señaló Leonardo González, director de Indepaz (ver entrevista).

Sobre este tema el informe de Pares expone que en el 66% de los casos no se logra identificar al actor causal de la muerte, mientras que un 31% es atribuido a grupos armados organizados. De ese 31%, las disidencias de las Farc son identificadas como las autoras de más de la mitad de los casos (53,1 %), el Eln es señalado como autor en 20,3 %, y el ‘clan del Golfo’ en el 15,9 % de los hechos, se lee en el informe.

En primer lugar, el hecho de que los territorios que se defienden por su importancia ecológica son también de interés para la expansión de actividades como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y la ganadería extensiva.

“El incremento de los homicidios de líderes ambientales está directamente relacionado con la expansión de actividades extractivas: el petróleo, la minería (legal e ilegal) y de la agroindustria (legal e ilegal). (...) Estos actores, muchas veces amparados por estructuras de poder político local, aprovechan la presencia de grupos armados o incluso de la fuerza pública y persiguen a las comunidades que se oponen a la destrucción ambiental”, dice el informe de Indepaz al respecto.

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De otro lado está la expansión de grupos armados ilegales, lo cual aumenta las tensiones y enfrentamientos por el control territorial. Al respecto la Defensoría del Pueblo ha señalado que mientras para 2019 el ‘clan del Golfo’ tenía presencia en 213 municipios, para el 2023 habían llegado a 392; el Eln pasó de estar en 149 a 232; las disidencias de las Farc (‘Estado Mayor Central’ y ‘Segunda Marquetalia’) estaban en 124 y para el año pasado habían llegado a 299; y los grupos de crimen organizado pasaron de 114 a 184 municipios.

A los factores de riesgo para los defensores ambientales se suma la impunidad. Sobre esto, el balance de ONU Derechos Humanos señala que de 244 homicidios de defensores ambientales que le habían transmitido a la Fiscalía para sus labores investigativas, 225 casos habían sido incluidos por el ente acusador en una estrategia de investigación y de esos, solamente 124 tenían un “impulso procesal significativo”, constituyendo el 55 por ciento de los casos.

Entre el impulso se contaban 30 con sentencias condenatorias, 31 casos en juicio, 20 en investigación, 34 en indagatoria con orden de captura del presunto responsable y nueve preclusiones. Sin embargo, de los 101 casos restantes, “96 se encontraban en fase de indagación, tres se encuentran archivados por imposibilidad de encontrar o establecer el sujeto activo y en dos casos se obtuvieron sentencias absolutorias”, dice el informe de la ONU.

Finalmente, las organizaciones hablan de la poca efectividad en las acciones de protección del Estado.

“La débil institucionalidad estatal ha tenido un impacto significativo en la violencia homicida contra las personas líderes y defensoras del medioambiente, ya que la escasa implementación de medidas de protección efectivas ha generado otro escenario de vulnerabilidad más que ha dificultado la prevención de asesinatos hacia esta población”, recogen desde Pares.

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Esta organización indica que aunque existen varios instrumentos de protección como el Plan de emergencia para la Protección de Líderes, Lideresas y Reincorporados; la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), el Acuerdo de Escazú, instrumentos de protección contemplados en el Acuerdo de Paz de 2016, entre otros, estas herramientas no han sido suficientes frente a la magnitud de la violencia contra los defensores medioambientales.

“Pese al deber constitucional del Estado de proteger a los liderazgos sociales, el liderazgo ambiental como parte de estos, continúa a merced de las industrias extractivas, los grupos armados organizados y otro tipo de actores que representan un riesgo para la permanencia de su labor, esto ha generado un estado de desprotección y en consecuencia ha incrementado los niveles de riesgo hacia esta población”, añade Pares.

Ante este difícil panorama, las entidades coinciden en la necesidad de que se reconozca el papel crucial de los defensores del medioambiente en la protección de la naturaleza y la vida y que, en ese sentido, el Estado fortalezca las medidas de protección para garantizar la seguridad de los líderes, especialmente en las zonas más afectadas.

Así mismo, en los distintos informes se hace hincapié en la importancia de combatir la impunidad, pues este sigue siendo uno de los principales factores que perpetúan la violencia.

Al tiempo se habla de que para la implementación del Acuerdo de Escazú, cuyo objetivo es proteger a los defensores de los derechos ambientales y que fue recientemente ratificado por Colombia, se asignen los presupuestos necesarios, se fortalezca el a la información ambiental para comunidades y personas defensoras del medioambiente, y se fortalezca la eficacia de los mecanismos para la denuncia de delitos.

Es paradójico y por eso mismo es importante que se haya hecho en Colombia. Que este sea un llamado a los Estados en la COP para que cuiden el planeta y también a los líderes. Creemos que participar en la COP es clave y visibilizar lo sucedido hace que el Estado se obligue a comprometerse realmente a cuidar a estas personas.

Nosotros contabilizamos 631 crímenes desde 2016 hasta el 22 de octubre de este año, eso es el 37 % del total de homicidios de líderes sociales. Es importante entender que los líderes ambientales no son solo los ambientalistas, sino personas que en su labor cotidiana cuidan el medioambiente, por eso allí podemos hablar de líderes indígenas, campesinos o afros.

La defensa de lo que nos interesa a todos, como es el medioambiente, puede tener detrás a personas o sectores con intereses contrarios. Todos estamos de acuerdo, por ejemplo, en que no haya tala de árboles en zonas ecológicamente importantes, pero de la tala ilegal se benefician ciertos sectores y en medio de todo hay grupos armados, que se sirven especialmente de sicarios para cometer estos crímenes. Así, a un lugar donde hay un conflicto ambiental se le suma la estigmatización de los defensores y la impunidad de los casos...

Aunque los grupos ilegales pueden cometer el hecho, no siempre son ellos los determinadores, pero en los pocos casos en los que hay sentencias, son contra el autor material casi siempre. En general, las disidencias, en especial las de ‘Iván Mordisco’, son las que más han atacado a estos líderes, se suman el ‘clan del Golfo’, el Eln, entre otros.

Hay varias medidas que tienen poca implementación, la respuesta del Estado no es rápida. Debe trabajarse en esto y se debe seguir implementando el Acuerdo de Escazú, que obliga a los Estados a generar política pública en favor de estos líderes.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Domingo

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