Así va el caso de las supuestas chuzadas a la Corte Constitucional

Fiscal afirma que advirtió al tribunal sobre conversación que hablaba de interceptar a la Corte.

El Fiscal asegura que si la situación del río Cauca en la zona aledaña a Hidroituango no se ataja con rapidez, la población ribereña será la más afectada. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

02.05.2019 20:57 Actualizado: 03.05.2019 05:26

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El 7 de febrero una conversación entre dos personas investigadas en un caso por corrupción local prendió las alarmas de la Fiscalía sobre un posible intento de acceder a las comunicaciones privadas de magistrados de las altas cortes.

En esa conversación, según el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, se mencionaba la posibilidad de chuzar a de las cortes para conseguir información privada que luego podría ser usada para extorsionarlos y presionar fallos favorables a los intereses de los investigados.

En principio se habría hecho referencia a casos penales, por lo que en un primer momento los investigadores de la Dirección Anticorrupción de la Fiscalía creyeron que los interlocutores en la conversación aludían a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, según los investigadores, luego mencionaron que habían radicado la tutela y nombraron a un magistrado de la Corte Constitucional. Incluso habrían dicho que hasta brujería le iban a hacer para lograr sus propósitos.

El Fiscal General señala que desde ese mismo momento se abrió una investigación y se informó a los magistrados de la Corte Constitucional, que enviaron en marzo al ente acusador un listado con las tutelas radicadas entre el 7 y el 14 de febrero, fecha en la cual los interlocutores de la conversación dijeron que presentarían uno de esos recursos.

“Tendrían como propósito el desprestigio de los magistrados como mecanismo de costreñimiento a ellos”, afirma Martínez.

La Fiscalía descartó que el caso esté relacionado con la red de interceptaciones ilegales desmantelada a mediados del año pasado en Ipiales y Bogotá y que llevó a la captura del general en retiro de la Policía Humberto Guatibonza, o con fallos de la Corte relacionados con los acuerdos de paz de La Habana.

El fiscal Martínez sostiene que no tienen certeza de que se hubiera hecho efectiva la interceptación de las comunicaciones de los magistrados. “Los detalles de los audios fueron presentados para que los magistrados nos ayudaran a identificar qué tutela fue”, indicó el jefe del ente acusador tras señalar que según las interceptaciones se estarían buscando fallos favorables en sentencias judiciales o procesos disciplinarios.

Lo que dice la Corte

Aunque la Fiscalía asegura que el caso no tiene que ver con el extraditado exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, dijo que informalmente el ente acusador sí le ha dicho al tribunal que la organización criminal que podría estar detrás de las interceptaciones estaría ligada a Moreno, condenado por el ‘cartel de la toga’.

Sin embargo, la magistrada asegura que mencionar a Moreno por ahora solo sería una especulación, ya que al hacer un barrido en el tribunal no se encontró ninguna tutela suya o de otros implicados en el ‘cartel de la toga’ que esté siendo tramitada en la Corte.

Una tutela que había presentado Moreno en el 2016, y otras tres que había presentado el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos (también vinculado al ‘cartel de la toga’) no fueron seleccionadas y, por lo tanto, esos casos fueron archivados. Eso significa que nunca fueron tramitadas en la Corte.

Por ahora, está previsto que los magistrados se reúnan el lunes con el fiscal Fabio Espitia, encargado por la Fiscalía del caso. Se adoptaron medidas especiales para proteger a los magistrados. El primer paso, explicó la magistrada Ortiz, implica que los celulares de sus colegas sean sometidos a vigilancia para establecer si han sido intervenidos.

El Fiscal sostiene que la revisión de las tutelas sigue, lo mismo que la investigación a las personas que aparecen en las grabaciones mencionando la intención de chuzar a los magistrados. Se judicializaron parte de las evidencias encontradas por los peritos y se usarían en órdenes de captura.

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