La Contraloría General confirmó el fallo fiscal de primera instancia en el que condenó a los exsuperintendentes de Salud Gustavo Morales Cobo y Conrado Adolfo Gómez Vélez por el desvío de millonarios recursos de la salud de los colombianos durante la intervención y liquidación de la EPS Saludcoop.
La condena fiscal también se confirmó contra los agentes interventores de la EPS Wilson Sánchez, Mauricio Castro y Guillermo Grosso Sandoval. Así, todos deberán responder solidariamente y pagar puntualmente 91.133 millones de pesos. que corresponden al valor indexado del detrimento que en la época se contabilizó en 69.000 millones de pesos.
El fallo determinó que esa deuda fiscal quedará repartida así: Wilson Sánchez Hernández tendrá que pagar 40.291 millones; Mauricio Castro Forero, $ 34.901 millones; Guillermo Grosso, 15.940 millones; Conrado Gómez, $ 9.900 millones; y Gustavo Morales, 21.590 millones.
La Contraloría encontró en el proceso fiscal que los exfuncionarios utilizaron recursos del sistema general de seguridad social, que debían destinarse a la salud de los afiliados de Saludcoop, en gastos diferentes y pagos de contratos para fortalecer la infraestructura de la propia red de salud.
El órgano de control fiscal dijo que los dos exsuperintendentes de salud, puntualmente, “debían emitir órdenes de inmediato cumplimiento necesarias para que se suspendieran las prácticas ilegales o no autorizadas que tristemente continuaron tras la intervención de Saludcoop. Debían haber adoptado las correspondientes medidas correctivas y de saneamiento”, situación que no cumplieron.
Así, aunque debían vigilar la adecuada istración de los recursos durante la intervención de Saludcoop, según la Contraloría "no hicieron nada para evitar que se desviara esa cantidad de dinero".
Así, la Contraloría dijo que la ley prohíbe gastar los dineros de la Unidad de Pago por Capitación en conceptos distintos a la salud de las personas. Esa práctica había sido cuestionada antes de la intervención de la EPS Saludcoop "y sin embargo persistió en esta nueva etapa”, la de la intervención, dijo el organismo.
Por eso el órgano de control afirma que en la intervención se repitieron las prácticas ilegales cometidas entre 1998 y 2010 por las que directivos de Saludcoop fueron condenados en el 2014 a pagar 1,4 billones de pesos.
También se pagaron patrocinios, millonarios honorarios a abogados y auditores forenses, asesorías técnicas, intereses de créditos, contratos de leasing y hasta la compra de una clínica. “Tales erogaciones solo pueden hacerlas con recursos propios o con cargo a sus utilidades como EPS”, aseguró la Contraloría.
La Contraloría dijo que se permitió que los recursos que recibió Saludcoop en la intervención, por concepto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), los copagos y las cuotas moderadoras, que son dineros de uso exclusivo para la atención de s, fueran incorporados al patrimonio de la EPS.
Al conocer esta decisión, Gustavo Morales, exsuperintendente nacional de Salud, afirmó que “la Contraloría en lugar de perseguir a los verdaderos corruptos sanciona de manera inclemente a quienes tomamos decisiones muy difíciles para garantizar la prestación del servicio de salud”.
Aclaró, nuevamente, que la sanción del ente de control se originó en no haber ordenado la suspensión de unos pagos a dos entidades bancarias por parte de la EPS. “De haber negado esos pagos hubiera perjudicado de manera grave a terceros de buena fe además de usurpar las funciones de los jueces”, señaló.
Morales aseguró que recibe el fallo con preocupación. “Es un golpe mortal al principio fundamental de la seguridad jurídica que tanto necesita este sector”, remató.
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