Contraloría: rezago de la actualización catastral está en el 6,6 % de la meta de cumplimiento

El proyecto del catastro multipropósito se encuentra rezagado. En un informe de advertencia emitido por el contralor Carlos Hernán Rodríguez al director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), entidad encargada de su implementación, se alertó sobre el escaso cumplimiento de la meta, apenas un 6,6%, y se hizo un llamado de atención por la baja ejecución presupuestal.

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Solo 73 -8.846.926 hectáreas-, de los 1.102 municipios a lo largo y ancho del país han sido actualizados. Este número, pese a una considerable asignación presupuestal que no ha sido ejecutada. Así lo expuso Rodríguez. 

Si bien para 2024 el IGAC recibió una asignación de casi $1 billón de pesos, los recursos destinados al fortalecimiento catastral fueron una tercera parte, lo que aún representa un monto histórico.

"Antes de la aprobación de la política de Catastro Multipropósito 2019, la asignación presupuestal no superaba los $40 mil millones. En 2020, en el primer año de aplicación de la política estuvo cerca de $60 mil millones, en 2021 se incrementó en más de un 400% llegando a $252 mil millones y desde allí, ha continuado incrementando hasta llegar a más de $385 mil millones en 2023", se lee en el informe.

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No obstante este aumento escalonado para acelerar el proyecto, se evidenció una subejecución significativa. En el periodo 2020-2023 la plata que no se comprometió osciló entre el 48 % y el 79 % del fondo disponible.

Debido a la baja ejecución, la Contraloría enfatizó en el riesgo de las pérdidas por apropiación presupuestal, es decir, el monto que no se ejecuta y que no podrá utilizarse en la siguiente vigencia (2025). Entre 2020 y 2023, estas pérdidas representaron el 46 % del presupuesto, lo que llevó a la entidad a proyectar que, de continuar con ese ritmo, "no se podrá cumplir con el objetivo de implementar el catastro multipropósito en los tiempos y metas establecidos en los planes de desarrollo".

El Plan Nacional de Desarrollo de este cuatrienio se propuso una ambiciosa meta de implementación del catastro multipropósito del 70 %.

De hecho, lo contemplado en la hoja de ruta nacional hacía especial énfasis en los municipios más vulnerables, como los afectados por el conflicto armado y la pobreza, un punto en el que la Contraloría pidió especial atención. Hoy, el 91,4 % del área rural y el 72 % de la urbana no disponen de datos actualizados.

"Tampoco se ha garantizado de manera completa la interrelación efectiva entre la información de catastro y registro", agregó el ente de control. Esto se refiere a la consistencia de la información que han sido tazados por el Instituto y las bases de datos nacionales de las características de los predios en el país. 

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Este es uno de los baches sobre los que pide atención. Acorde al estudio intersectorial, "persisten deficiencias en la implementación de los sistemas tecnológicos". Ejemplifica esta problemática en los aplicativos desarrollados para adelantar la actualización, que no tienen conexión con "otros gestores catastrales", que les permita actualizar la información de manera simultánea.

En este sentido se observó que solo 6 de los 73 municipios actualizados han recibido cooperación del Ministerio de Vivienda, entidad que recibe los datos y que reporta su estado. 

El catastro multipropósito es un sistema integrado que registra los datos actualizados sobre la tierra y su propiedad. La ley que lo inauguró fue la 1753 de 2015 y busca conocer tanto las características como la situación de los predios, sus propietarios, ocupantes, tenedores y poseedores. 

La norma establece que la actualización catastral tiene una vigencia de cinco años. Esto quiere decir que los municipios que se actualizaron en el 2020 estarían desactualizados en el 2025, lo que impacta aún más la efectividad del proceso.

"También es importante tener en cuenta las vigencias de los planes de ordenamiento territorial, para que el Catastro Multipropósito le sirva de insumo a los entes territoriales", recomendó la Contraloría. 

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Esta política pública, además, tiene especial importancia en la reforma rural integral, el punto uno de los acuerdos de paz, que también enfrenta una enorme retracción. Este ítem contempla la compra estatal de 3 millones de hectáreas y la formalización de 7 millones para el campesinado, y para lo cual es indispensable la actualización catastral que no llega al 10 %.

SARA VALENTINA QUEVEDO

Redacción Justicia