Crece debate por proyecto del Gobierno que quita funciones a Contraloría y Procuraduría

El fiscal general, Francisco Barbosa, hizo duros cuestionamientos al proyecto de acto legislativo que el Gobierno presentará al Congreso y que les restaría funciones a la Procuraduría y la Contraloría.

“El proyecto de acto legislativo lo que busca es desmantelar la Contraloría y la Procuraduría, es decir, el Estado tratando de defenderse con sus instituciones, y por dentro tratando de romper las instituciones del Estado, y al mismo tiempo con un sistema electoral que está en riesgo. Creo que es muy grave la situación”, afirmó Barbosa Delgado frente al proyecto, cuya existencia fue revelada por EL TIEMPO.

Igualmente, señaló que la iniciativa desconoce la sentencia de la Corte Constitucional sobre las facultades de la Procuraduría que ya habían sido aprobadas en el Congreso en el 2021 y que buscaba ajustar la normatividad a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del presidente Gustavo Petro por la destitución del cargo cuando era alcalde de Bogotá.

“Yo me encargaré también como fiscal general de ir y defender la Procuraduría en los debates que haya, porque tiene que ver también con funciones penales que incluso se tocan en ese proyecto de ley, y la Fiscalía se opuso en el Consejo de Política Criminal porque hay una sustitución a la Constitución”, indicó el jefe del ente acusador.

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La Contraloría General, que también se afectaría con el proyecto, se pronunció sobre los alcances de la reforma y destacó que perdería la posibilidad de “exigir, verdad sabida y buena fe guardada, la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones o los respectivos procesos fiscales, penales o disciplinarios”.

El proyecto dice que como autoridad istrativa, la Contraloría no pude ejercer funciones jurisdiccionales ni tampoco limitar los derechos políticos de los ciudadanos a ser elegidos y a ejercer cargos de elección.

Voceros del organismo de control calificaron la reforma como innecesaria y que la prerrogativa otorgada al Contralor General para exigir la suspensión de servidores públicos, incluidos los de elección popular, “es de gran utilidad para la defensa y protección del patrimonio público”.

De otra parte, la Contraloría consideró que el proyecto de acto legislativo se equivoca al agrupar bajo la denominación “decisiones sancionatorias” las que profieren tanto la Procuraduría como la Contraloría, “esto es impropio, puesto que la jurisprudencia constitucional y la contencioso-istrativa han reconocido que la responsabilidad fiscal no tiene carácter sancionatorio, sino patrimonial y resarcitorio”.

La entidad también cuestiona la caracterización que hace el proyecto de la Procuraduría y la Contraloría como autoridades istrativas, y dice que esa denominación “es problemática a la luz de la doctrina de órgano constitucional, pese a tener referente legal. Ese vocablo remite a la istración activa, siendo que los órganos de control, por oposición, solo realizan istración pasiva”.

Sobre las facultades al Presidente de la República para trasladar a funcionarios de la Procuraduría a la Rama Judicial, “en calidad de nuevos magistrados, jueces, fiscales y funcionarios judiciales”, el órgano de control dijo que esas facultades requieren de “mayor precisión, para minimizar riesgos políticos, y para controlar su alcance”.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, que no se había pronunciado sobre el tema, tras la publicación de este diario, defendió la viabilidad de la iniciativa.

“El proyecto fue hecho a partir de evidencias, de casos consultados, de la jurisprudencia que existe, de la jurisprudencia interamericana”, indicó Osuna.

Y añadió que grupos de abogados y otros sectores ya han señalado que “esa función de la Procuraduría (la de participar en los procesos penales) ya perdió sentido (...) y son funcionarios muy calificados, muy buenos, que podrían prestar una función mejor en el Poder Judicial, de eso se trata esa parte de la reforma”.

El funcionario insistió en que la reforma “da una solución digamos definitiva a ese asunto que no está del todo cerrado”.

Osuna sostuvo que la iniciativa será presentada al Congreso en marzo del próximo año.