La crisis carcelaria, invisible en campaña / Análisis

Se acaba la legislatura –se acaba el Gobierno– y por ningún lado se ven señales de la “reforma estructural” del Inpec, que el presidente Duque prometió horas después del escándalo de la fuga de alias Matamba de La Picota.

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Han pasado ya dos meses desde la vergonzosa volada de ese capo de la que se supone es una de las cárceles más seguras del país, lo que volvió –una vez más– a dejar en evidencia que el descontrol y la corrupción siguen siendo la moneda de cambio en nuestro sistema penitenciario. Y esto sigue, como lo demuestra el cargamento de hamburguesas y frutos de mar de contrabando que fue atajado hace poco, rumbo al pabellón de extraditables.

A una semana de la primera vuelta presidencial, la crisis carcelaria –como otros temas de fondo– nunca estuvo seriamente en la agenda de los candidatos. Pero para cualquiera que llegue a la Casa de Nariño va a ser no solo una papa caliente, sino uno de los frentes que habrá que atacar de inmediato para atajar la escalada del delito que nos desborda. Si, como nos pasa hoy, los pocos criminales que logra condenar nuestro sistema de justicia siguen orondos en las cárceles, y si nuestra única esperanza de desconectar a los capos de sus bandas y su poder es extraditarlos, como con ‘Otoniel’, harto difícil va a ser la empresa de al menos tratar de recuperar la seguridad que tanto se ha deteriorado.

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El país necesita más cárceles y más cupos en las prisiones que ya existen, por más que la construcción de esa infraestructura –como la de nuevas vías en las grandes ciudades– parezca políticamente incorrecta para muchos.

En el 2015 había 78.044 cupos, la mayoría de ellos vetustos. Hoy, a pesar de todos los esfuerzos, solo hay 3.000 plazas nuevas más. Y solo el año pasado la Policía capturó a más de 178.000 personas.

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Este Gobierno apuró las excarcelaciones y logró bajar los niveles de hacinamiento del 50 al 20 por ciento. Pero le hereda al próximo una bomba de tiempo en las URI y otros centros transitorios de detención, donde hay más de 22.000 personas que, en teoría, no deberían estar allí más de 36 horas, pero que pueden completar en calabozos un año o más. En las estaciones de Policía el hacinamiento es del 195 %, dice la Defensoría del Pueblo. Y denuncia que si las condiciones de las cárceles son terribles, las de los sitios provisionales son aún peores. Así que vayan viendo los candidatos si había o no que hablar de cárceles.

JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

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