Cuidar a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado / Análisis

En un muy prolijo reporte, la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado acaba de informarle al país que las demandas en contra de las diferentes entidades del sector público llegan ya a los 712 billones de pesos. Son casi 340 mil procesos en tribunales nacionales y extranjeros en los que se pretende el pago, con plata de todos los colombianos, de una suma que equivale a más de 1,3 veces el presupuesto nacional para el 2025 (523 billones).

El número de demandas y el valor de las pretensiones en contra, que desde el 2019 subieron en 286 billones de pesos, es una clara demostración del acierto en la creación de la Agencia de Defensa Jurídica, hace ya 13 años, y en la necesidad de mantenerla a salvo de la contaminación de la política. Tras un bache de varios meses por la accidentada salida de la anterior directora, Martha Lucía Zamora, el presidente Gustavo Petro nombró al exconsejero de Estado, César Palomino. Se trata de un reconocido jurista que conoce a la perfección la compleja tarea a la que se enfrenta y que tendrá entre sus primeros desafíos defender la independencia de su institución en el caso de la demanda de Thomas Greg por la licitación de los pasaportes, el mismo que le costó la cabeza a su antecesora.

El informe muestra que el Estado, de a pocos, ha venido mejorando en sus defensas jurídicas. Así, de una tasa de éxito del 46,3 % en el 2019 se pasó a un promedio del 60 % de demandas ganadas por el sector público para el primer semestre del 2024. Esa tasa de éxito se dispara por encima del 80 por ciento cuando en la defensa de las instituciones interviene la Agencia. De allí la importancia de concentrar sus esfuerzos y recursos en los asuntos que realmente son esenciales para la Nación. Por eso encienden alertas los mensajes enviados por el jefe de Estado para que la institución participe en el proceso contra las polémicas funciones diplomáticas de la primera dama o para que asista a los elegidos por voto sancionados por la Procuraduría. La agenda del Presidente no necesariamente corresponde con los estratégicos asuntos que deben ocupar a la Agencia de Defensa Jurídica, cuyo carácter técnico ha sido precisamente su principal blindaje a lo largo ya de cuatro gobiernos. Lo que necesita el país es que la Agencia y su nuevo Director tengan el espacio para cumplir la delicada misión de defender los intereses de todos los colombianos.

Intereses cuya defensa, por cierto, requieren que el Estado en pleno coadyuve los esfuerzos de la entidad. Por ejemplo, determinando la transparencia de billonarias demandas itidas en tribunales de Sucre y en las que la Nación tiene en riesgo, ni más ni menos, que 109 billones de pesos.

JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En X: @JhonTorresET