Los delitos por los que investigan a voceros de paz que liberará el gobierno

El gobierno nacional ya dio a conocer los nombres de los primeros siete capturados en medio de las protestas que serán nombrados como voceros de paz y cuya excarcelación buscará el gobierno para que apoyen la construcción de 'paz total'.

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En el documento con el cual el ejecutivo comunicó la noticia se señala que son personas defensoras de derechos humanos, estudiantes, indígenas, campesinos y defensores de causas animalistas.

Pero también se reconoce que están sindicadas por concierto para delinquir, tenencia de objetos y sustancias peligrosas, lanzamiento de objetos y sustancias peligrosas, violencia contra servidor público, invasión de bien inmueble, perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial, y obstrucción a vías públicas que afectan el orden público.

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De hecho, en registros de la Fiscalía hay fuertes señalamientos contra ellos. Por ejemplo, en noviembre del año pasado, el ente acusador presentó ante un juez a 13 integrantes de la llamada Primera Línea que estarían involucrados en actos de vandalismos y sabotaje a la protesta en Bogotá. Entre los capturados estaba Adriana Esperanza Bermeo Súa, a quien el gobierno designó como vocera.

Según la Fiscalía, hay abundante material de prueba, videos, fotografías, audios y mensajes de que ella y las otras 12 personas elaboraron bombas incendiarias y otros artefactos para enfrentar a la Fuerza Pública, y que intimidaban a la comunidad y habrían exigido dinero para permitir el paso de motocicletas y vehículos.

Uno de los hechos por los que es procesada Bermeo y las otras 12 personas ocurrió el 20 de julio de 2021, cuando habrían retenido y quemado un bus del SITP en la localidad de Suba. Durante las audiencias, la Fiscalía presentó audios que acreditan la actuación de los jóvenes en estos hechos:

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También hay registros judiciales que involucran a Álvaro Andrés Duque Ruiz y Bremmen Hinestroza, también designados como voceros, en la invasión de inmuebles privados en zona rural de Popayán.

Según la investigación, ellos al parecer movilizaron personas para invadir los predios y en esas invasiones se usaban elementos explosivos, incendiarios, piedras, escombros, palos y armas corto contundentes para atentar contra la fuerza pública.

En particular, se conció que Duque Ruiz tiene tres procesos activos, uno es por empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, que está en juicio; otro es por daño en bien ajeno; el tercero es por empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, caso que está en juicio. Y contra Hinestroza hay dos procesos activos, uno por invasión de tierras o edificaciones, que está en etapa de indagación; y otro por abuso de confianza, el cual es querellable y se encuentra activo. Además, en la Seccional Cauca de la Fiscalía le registran dos procesos inactivos: hurto calificado,

el cual está en ejecución de penas, es decir, hubo una condena; y el otro inactivo era por ese mismo delito pero se quedó en indagación.

Según las anotaciones en el sistema de información de la Fiscalía para el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), Laura Camila Ramírez Enciso tiene cuatro procesos que son llevados en Medellín. El primer proceso, que es por concierto para delinquir agravado por darse para terrorismo, está en etapa de juicio; un segundo proceso por el delito de concierto para delinquir agravado por darse para terrorismo está inactivo; otro caso por terrorismo está en etapa de investigación; y finalmente, hay un caso por el delito de estafa, que está activo y es querellable.

Frente a Juan Sebastián Galeano Correa, el sistema de información de la Fiscalía arroja que en Medellín tiene dos procesos, uno por el delito de concierto para delinquir agravado por darse para terrorismo, que está en etapa de juicio; y el segundo  es por terrorismo y está activo en investigación.

Contra los demás voceros designados -Arles Andrés Bolaños Zemanate, Santiago Márquez Charris- también hay registros judiciales, de acuerdo con la información del Gobierno.

De acuerdo con el Gobierno, del total de siete voceros, cinco están en cárceles y dos en detención domiciliaria; y por ciudades, dos están en Bogotá, dos en Medellín, dos en Popayán y uno en Cali.

Desde Presidencia fueron enfáticos en que estos siete voceros de paz están siendo investigados y no han sido condenados por estos procesos.

Así mismo, el ministro de justicia, Néstor Osuna, explicó que el nombramiento como voceros no interrumpe los procesos judiciales de estas personas, que deberán seguir respondiendo ante los jueces que los requieran.

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“Tendrán que atender todas las diligencias judiciales a las que sean citados en el marco de sus procesos penales. Por todo lo anterior, en caso de cometer cualquier actividad delictiva, incumplir con su proceso judicial o sus obligaciones como Voceros de Paz, la Comisión Intersectorial recomendará al Presidente revocar sus designaciones”, dijo Osuna este viernes.

Añadió que para elegir a estas personas se analizaron “más de 200 perfiles de personas que están privadas de la libertad por hechos relacionados con la protesta social, que pudieran tener utilidad para esos efectos que nos habíamos propuesto; verificamos que formaran parte de una organización social y le recomendamos al Presidente que designara Voceros de Paz a siete personas”.

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