Demandas por fallos de Justicia Penal Militar suman $ 141 mil millones

Los últimos días del 2020, y en cumplimiento de una orden del Consejo de Estado, la Dirección de la Justicia Penal Militar tuvo que ofrecer excusas al expolicía Miguel Antonio Benítez por el daño ocasionado por la privación injusta de su libertad durante dos meses en un proceso por abandono del servicio.

El exintegrante de la Fuerza Pública fue capturado en diciembre de 2005 por orden del juez 154 de Instrucción Penal Militar, Pedro Buitrago Pereira. En octubre de 2006 la Fiscalía 143 Penal Militar calificó el mérito del sumario y concluyó que la conducta investigada era atípica, por lo que el caso fue cerrado y el uniformado quedó libre a salvo de cualquier proceso en su contra.

Por los daños ocasionados a él y su familia el uniformado demandó al Estado y aunque en octubre de 2012 el Tribunal istrativo de Antioquia negó sus pretensiones, en abril de 2020 el Consejo de Estado le dio la razón y ordenó el pago de dinero al expolicía.

Este es uno de los casos que han cursado en tribunales istrativos por decisiones de la Justicia Penal Militar contra uniformados vinculados a investigaciones.

Según un estudio de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en total, en esa jurisdicción hay en trámite 132 procesos con pretensiones por 141 mil millones de pesos. En trámite hay otros 173 procesos relacionados no con investigaciones penales sino por temas laborales y pensionales.

A corte del 31 de diciembre de 2020 la Agencia tenía reportados 181 casos terminados con una sentencia de los cuales 89 fueron desfavorables y 92 favorables.

En su mayoría los fallos desfavorables se dieron por privación injusta de la libertad con 73 casos: defectuoso funcionamiento de la istración de justicia (4); muerte de civil en desarrollo de operativo militar y o combate o enfrentamiento (3); error judicial (2); muerte de miembro voluntario de la fuerza pública con arma de dotación oficial (1); ejecución extrajudicial perpetrada por agente del Estado (1); indebido proceso de funcionario público (1).

Entre los casos con fallo desfavorable también está el del sargento primero Abelardo Ramírez quien estuvo detenido por seis meses en los Centros de Reclusión Militar de la PM13 de Bogotá y Tolemaida en Melgar (Tolima).

(Lea también: Tras un año de muerte de Dilan, no hay decisiones de fondo en el caso). 

El uniformado fue acusado por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en el ejercicio de funciones, decisión que fue apelada y en octubre de 2009, en segunda instancia, la Fiscalía 2ª Delegada ante el Tribunal Superior Militar cesó el procedimiento a favor del exmilitar.

El Consejo de Estado consideró que hubo una falla en la obligación de la Justicia Penal Militar de valorar adecuadamente las evidencias en el caso lo que generó un daño al demandante y ordenó el pago por perjuicios morales al exmilitar y a varios de su familia.

Asimismo, aparece el proceso contra el sargento primero del Ejército Wilson Darío Areiza Gutiérrez procesado por el delito de falsedad ideológica en un caso relacionado con presuntas irregularidades en el trámite de 33 libretas militares.

Fue asegurado en febrero de 2002 y estuvo detenido hasta agosto del mismo año. El primero de julio de 2005 fue condenado por la Inspección General de Ejército, decisión que fue revocada el 30 de agosto de 2005 por el Tribunal Superior Militar, que consideró que hubo una “investigación deficiente” y que no había evidencias para considerar que el uniformado había participado en esas irregularidades. 

La demanda de reparación directa por privación injusta de la libertad llegó al Consejo de Estado que condenó a la nación y al Ministerio de Defensa al considerar que “la autoridad judicial no observó de manera adecuada los requisitos contemplados en el ordenamiento, tanto para dictar medida de aseguramiento, como para emitir resolución y fallo de primera instancia, lo que tornó, sin lugar a duda, su detención en injusta”.

Según el informe de la Agencia, el mayor número de casos desfavorables se registró en Cesar y Bogotá con 12 casos, seguidos por Valle del Cauca (10), Caquetá (7), Cundinamarca (7), Norte de Santander (6), y Cauca (6). 

Voceros de la Justicia Penal Militar señalaron que se ha venido trabajando para hacer más eficientes los procesos de esa jurisdicción y aumentar los controles a las decisiones que se adopten.

En ese sentido, dijeron las fuentes, se viene trabajando en dos planes: el primero, en crear la Unidad istrativa que garantizará que la jurisdicción Penal Militar deje  de depender del Ministerio de Defensa y tenga autonomía presupuestal. El director de la jurisdicción, el exfiscal Fabio Espitia, viene afinando los detalles para consolidar en unas semanas esa transición.

Indicaron las fuentes que con ese cambio se puede empezar a modernizar esa justicia que hoy no cuenta ni siquiera con bases de datos para medir la gestión de sus funcionarios.

Adicionalmente se consolidará en año y medio la activación de la reforma que establece que los procesos de esa jurisdicción deben ser llevados por el Sistema Penal Acusatorio, creando la Fiscalía Penal Militar. Los investigadores dejarán de ser jueces de instrucción y pasarán a ser fiscales, y contarán con peritos que apoyarán sus casos.

REDACCIÓN JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET