El corte de cuentas que deja la gestión de Carlos Camargo en la Defensoría del Pueblo tras su renuncia

En su mensaje, resaltó que lo hace porque planea asumir nuevos retos como vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda, y que durante su paso por la Defensoría, entidad encargada de escuchar y atender las necesidades en derechos humanos de cada ciudadano, adelantó varias estrategias para tal fin. 

"Desde la academia seguiré impulsando la articulación con el sector real, con la sociedad en general y con el Estado. Tengo claro que las universidades deben ser protagonistas de primer orden en la agenda pública nacional. Estoy seguro de que cumplí a cabalidad con todo lo que me propuse, y estas últimas semanas de cierre de gestión están totalmente planificadas", dice la carta.

(Puede leer: Carlos Camargo Assis renunció a su cargo como defensor del Pueblo).

Además, anotó que dejará el puesto apenas la Cámara le acepte la renuncia, y que mientras se elige a su reemplazo va a estar a cargo de la entidad Julio Luis Balanta Mina, quien ha venido ejerciendo como delegado para asuntos étnicos.

En las últimas semanas, el defensor Carlos Camargo Assis hizo varias peticiones a diversas entidades con el fin de garantizar la salud y la seguridad no solo en los habitantes de diversas regiones, sino también la de los funcionarios que trabajan junto a ellos.

Por ejemplo, esta semana se dirigió a la Corte Constitucional con el objetivo de que declare el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) por la crisis que a su juicio enfrenta el sistema de salud. De aprobarse su solicitud, en términos generales un ECI significa que existen graves y diversas vulneraciones de derechos, como pasa con el sistema carcelario.

“La crisis va más allá de la Ley 100 de 1993. El subsistema del Magisterio y el de la fuerza pública, por ejemplo, atraviesan serios problemas, especialmente en las zonas más alejadas y dispersas del territorio colombiano, donde se evidencian cada día más barreras y obstáculos en la prestación de los servicios, así como en el a medicamentos y tecnologías”, dijo Camargo.

(Sugerimos: Defensor pide a la Corte que declare un 'estado de cosas inconstitucional' por crisis en el sistema de salud).

Mientras que el fin de semana pasado desde Montería, Córdoba, tomó la palabra en la Asamblea Nacional de Personerías para llamar la atención del gobierno del presidente Gustavo Petro frente a las amenazas que enfrentan los personeros municipales. “El riesgo de vulneración en el que están los personeros municipales, de manera particular en lo que conocemos como la Colombia profunda, donde la ausencia del Estado y de sus cuerpos de seguridad, pareciera ser la constante, no debe ser ignorado”, dijo Camargo.

En materia de seguridad en lo que va de 2024, su istración cierra con un balance que deja 13 alertas tempranas emitidas, focalizadas para 105 municipios en 17 departamentos del Caribe, Orinoquía, Amazonía y Occidente colombiano, en el que la preocupación de Camargo fue "la expansión y el fortalecimiento de los grupos armados ilegales”. En ese reporte se acreditó que los que están detrás de las amenazas a la comunidad y personeros son el 'Estado Mayor Central' de las Farc el Eln, las disidencias de la 'Segunda Marquetalia', el 'clan del Golfo' y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Desde dicho organismo, también se le hizo seguimiento constante a la migración que en 2023 vivió el país, especialmente por el Tapón del Darién, por donde pasaron 540.000 personas en busca de mejores oportunidades, 117 % más que en 2022.

Cabe señalar que en el año 2022, cuando el país se recuperaba de la pandemia, la Defensoría dio cuenta de al menos 215 homicidios de defensores de derechos humanos y de firmantes de acuerdos de paz.

“La pandemia lo obligó quizás a salir un poco más a regiones, pero desde que llegó el presidente Gustavo Petro tomó más protagonismo y se convirtió, de alguna manera, en una especie de contrapeso del Gobierno”, dijo, por su parte, el investigador Jorge Iván Cuervo, quien resaltó que en los últimos meses “se le vio más activo, dando declaraciones en favor de las víctimas y en favor de los s de la salud.

Mientras que Wilson Castañeda, de la corporación Caribe Afirmativo, considera que en los últimos años, bajo la gestión de Camargo, la Delegada de Mujer y Género logró consolidar acciones contundentes: “Se alcanzó la dupla Mujer y Género que está presente en casi todas las oficinas territoriales de la Defensoría, lo que ha permitido que se pueda ofrecer un ejercicio de derechos de manera óptima”. Destacó, además, que, desde esa oficina, se han promovido informes sobre la situación de la población LGBTIQ+, lo que ha permitido dar cuenta de una violencia estructural.

(Le dejamos: ¿Tiene sustento la solicitud que hizo Carlos Camargo a la Corte para que declare un estado de cosas inconstitucional en la salud?).

Y aunque Juana Cabezas, investigadora de Indepaz, considera que en el manejo de las alertas quizás ha faltado un discurso más contextualizado, resaltó la intervención de la entidad en la paz total. “Sí ha sido un elemento importante que tengan una focalización sobre accionar en procesos humanitarios, que eso ha sido gran ayuda, sobre todo en el marco de la paz total. Han servido como mediadores y son como una institución estratégica para conectar precisamente las poblaciones, esos actores armados y las entidades del Estado”, aseguró.

Quizás lo más relevante dentro del balance de gestión de Carlos Camargo es que la entidad logró poner en evidencia la expansión y el accionar de grupos armados ilegales, el impacto que están provocando en la población civil y el origen de tales estructuras.

Así, por ejemplo, en un reciente informe, la Defensoría dio cuenta del grave daño que están generando, en materia de derechos humanos para la población civil, las estructuras criminales que hacen presencia en 427 municipios de 22 departamentos del país.

En el ‘Panorama Nacional de Derechos Humanos’, elaborado por la entidad, también se resalta que solo en el 2024 se han emitido cerca de 12 alertas por violaciones a los derechos humanos en 17 departamentos, 89 municipios y 15 zonas no municipalizadas.

Camargo ha señalado que en el 96 por ciento de los casos, las advertencias de riesgo que se han hecho desde la entidad se mantienen o se agravan, lo que refleja la débil capacidad institucional para superar dichas alertas.

En ese mismo informe, la Defensoría destaca que fenómenos como el narcotráfico, la minería ilegal, los cultivos ilícitos, la extorsión, el secuestro y la explotación de recursos naturales, son el combustible que hoy alimenta a tales estructuras delincuenciales.

Por último, en sus informes, Camargo redondeó la creación de nuevas regionales (Sur de Córdoba, sur de Bolívar y Bajo Cauca) y la inauguración de centros de conciliación.
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​Carlos López y Jesús Blanquicet - Redacción Justicia - @JusticiaET - [email protected]