Por más de 10 años, Gustavo Sastoque Alfonso estuvo en la cárcel por el asesinato de Hernando Pizarro Leongómez, uno de los monstruos de la guerra en Colombia y responsable de uno de una de las más sangrientas purgas internas de las guerrillas: la que ejecutó entre noviembre de 1985 y febrero de 1986 el frente Ricardo Franco (una disidencia de las Farc) que dejó al menos 160 asesinados a cuchillo y garrote.
Hernando Pizarro y José Fedor Rey, alias Javier Delgado, eran los máximos jefes del Ricardo Franco y por meses sometieron a sus propios hombres a una cacería de brujas en busca de supuestos infiltrados del Ejército. Las fotografías de las fosas comunes de esa matanza, que en expedientes judiciales fue conocida como la masacre de Tacueyó, en el Cauca, sacudieron al país. Testimonios recogidos décadas después por la Comisión de la Verdad hablan de víctimas torturadas “y, en muchas ocasiones, enterradas vivas”.
Hermano del asesinado jefe del M-19 Carlos Pizarro, Hernando Pizarro Leongómez se escondía en un edificio del norte de Bogotá cuando un supuesto grupo de la Fiscalía llegó a buscarlo en febrero de 1995. Como no se lo pudieron llevar, lo mataron en el lugar.
Sastoque, funcionario del CTI, fue señalado por una mujer como parte del grupo de asesinos. Otros testigos que nunca dieron la cara, en pleno apogeo de la justicia sin rostro, reforzaron esa identificación. Esto a pesar de que varias personas juraron que en el momento en el que estaba siendo asesinado Pizarro, Sastoque estaba comprando unos zapatos en otra zona de la ciudad. La transacción, se demostró en el proceso, en efecto se realizó y varios de sus compañeros en la Fiscalía también declararon a su favor. Pero en mayo de 1997 un juez lo condenó a 41 años de prisión, decisión que fue ratificada por el Tribunal Nacional (la segunda instancia de la justicia sin rostro). En el 2003 la Corte desechó revisar el expediente de lo que para ese momento era, según los jueces, “un crimen de Estado”.
Sastoque siguió defendiendo su inocencia contra viento y marea. La semana pasada, en un hecho con pocos precedentes, logró que la Corte Suprema tumbara la misma condena que había dejado en firme hace 22 años. Una petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se reabriera el proceso y, sobre todo, la aparición de una prueba reina sobreviniente llevaron a la inusual revisión del caso y a la absolución de Gustavo Sastoque tras 30 años de estar cargando el inri de un delito que no cometió.
A Hernando Pizarro no lo mató el Estado sino un comando de las Farc que le respondía a Julián Gallo, actual senador de esa guerrilla desmovilizada, en ejecución de una orden dada por el ‘Mono Jojoy’. Las Farc habían condenado a muerte a Pizarro y a Rey por montar su propia disidencia y, dicen los expedientes, robarles un millón de dólares. A este último lo mataron en la cárcel de Palmira en el 2002.
Esa confesión de Gallo ante la JEP, respaldada por Pablo Catatumbo y Pastor Alape y refrendada en el proceso reabierto en la Corte, hizo que finalmente apareciera la verdad en este caso.
La pregunta que sigue sin resolver es quiénes y por qué razones desviaron la acción de la justicia por casi tres décadas y llevaron a la condena de un inocente.
JHON TORRES
Editor de EL TIEMPO
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