El informe de Urrejola sobre el caso ‘Santrich’ / Análisis

Entregado el informe de la excanciller chilena Antonia Urrejola sobre los obstáculos para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 con las Farc –realizado por mandato de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos–, quedan conclusiones y no pocas zonas grises sobre un tema, el cumplimiento de las partes a lo negociado en La Habana, que sigue generando debate.

Proclive a buscar instancias internacionales para funciones que, en su concepto, las instituciones colombianas supuestamente no pueden o no quieren cumplir –esa es la esencia de las ‘comisiones internacionales contra la impunidad’ que de cuando en cuando reviven en el discurso oficial–, el gobierno del presidente Petro buscó y logró que la ONU nombrara “un experto internacional en derechos humanos” para hacer el diagnóstico. Urrejola, exministra del gobierno de Gabriel Boric, cumple cabalmente con esa experticia en derechos humanos. Su histórica militancia en la izquierda chilena, en todo caso, generó ruidos acerca de la objetividad con la que pudiera aproximarse a la compleja realidad colombiana.

De entrada, no respalda la versión promovida por el suspendido canciller Álvaro Leyva (quien pidió a la ONU la elaboración del informe) sobre el supuesto ‘entrampamiento’ contra ‘Jesús Santrich’, según la cual la disidencia armada de ‘Iván Márquez’ no fue una traición a la paz sino una respuesta forzada por una supuesta persecución judicial. Urrejola plantea un posible ‘uso abusivo’ del poder de la Fiscalía y abre un debate de técnica jurídica sobre si los agentes encubiertos que negociaron un cargamento de coca con ‘Santrich’ podían o no incitarlo a participar en el negocio ilegal y luego procesarlo por ello, pero guarda distancias a la hora de considerar esa operación de la DEA y la Fiscalía como un ‘entrampamiento’ que justificara la defección de las cabezas de la línea más narcocriminal de las Farc. El Gobierno queda ahora con menos argumentos jurídicos en su accidentado intento por revivir a ‘Márquez’ para una negociación política.

Plantea Urrejola la necesidad de que la justicia colombiana, apoyada por instancias independientes, investigue en profundidad la ‘obstaculización’ de la Fiscalía frente a la JEP, que según su informe se enmarca en lo que llama “contexto político desfavorable al acuerdo”. También enumera sendos incumplimientos del Estado, en especial del gobierno de Iván Duque, que en su concepto no solo afectaron el avance de la implementación sino el despegue de la JEP.

Pero la lectura juiciosa del importante documento echa de menos varios puntos críticos. No se ve mayor cuestionamiento al incumplimiento de los exjefes de las Farc con la obligación aportar a la verdad plena del conflicto: no tanto a lo que ya todos conocemos gracias a la justicia ordinaria, sino, por ejemplo, a sus nexos con dirigentes y políticos que aquí y afuera fueron funcionales a su acción criminal.

Y nada se dice de las intentonas del Gobierno, en su momento encabezadas por Leyva, para tratar de convertirse en una especie de validador de la JEP. Condicionar la independencia de ese tribunal o tratar de sustituirlo suenan a ‘obstáculos para la implementación de la paz’ que bien merecen nuevos capítulos del informe de la comisionada Urrejola.

JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En X: @JhonTorresET