'El Presidente se metió en la idea de la ‘paz total’ sin metodología, sin propósito'

“El sábado 31 de diciembre de 2022, recibí lo que sería el inicio del enfrentamiento con el Gobierno nacional. Petro iniciaba el proceso de desmembramiento del orden público en Colombia. Su primer acto fue la expedición de cinco decretos de cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional con el Eln, el Estado Mayor Central (Emc) de las disidencias de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), las Autodefensas Conquistadores de la Sierra y la Segunda Marquetalia.

Estos decretos de cese al fuego incluyeron a actores que el Presidente podía denominar “políticos”, como el Eln, pero también a narcotraficantes que no podían tener ningún estatus político, sino que había que aplicarles normas de sometimiento a la justicia, como lo definieron la Corte Constitucional en su Sentencia C-370 de 2006 y la Corte Suprema de Justicia en sus sentencias de la Sala de Casación Penal del 11 de julio de 2007 y del 16 de diciembre de 2015. Un día después, el Eln desmintió el cese al fuego. El desgaste de Petro era evidente: la guerrilla se burlaba de su gesto unilateral.

El 4 de enero la vicefiscal Martha Mancera me llamó para manifestarme su preocupación por los efectos de esos decretos, en la medida en que tarde o temprano me solicitarían suspender órdenes de captura de narcotraficantes y paramilitares con fundamento en las normas expedidas al amparo del artículo 189 de la Constitución Política. Nos preocupaba mucho el artículo 2 de los decretos 2658 y 2659, donde se establecía el cese al fuego con las Agc y con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada. Ese artículo común en ambos decretos ordenaba el cese de operaciones militares y policiales, dentro de las cuales están las judiciales, pues la Policía trabaja de la mano con la Fiscalía General de la Nación para la materialización de órdenes de captura en las zonas de influencia de esos grupos narcotraficantes. Esto implicaba suspender operativos en casi 200 municipios del país, zonas que se podían entender como de no judicialización, determinando la parálisis operativa del ente acusador.

Dos días después me encontré con la vicefiscal, con quien conversé largamente sobre el tema. Mi conclusión, luego de estudiar el tema en profundidad, fue que no cederíamos ante el Presidente. Le dije a Martha que no nos íbamos a arrodillar. Teníamos que defender la justicia y la Fiscalía General. Le insistí en que con Petro las cosas se complicarían. Ella era escéptica, aún tenía la esperanza de que podría manejarse esa relación.

Por esa razón y para evitar un inminente choque, el 10 de enero convocamos con la vicefiscal a una reunión en el búnker al comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y al secretario jurídico de Presidencia, Vladimir Fernández. El objetivo de la reunión era escuchar las explicaciones de esos funcionarios sobre la ‘paz total’ y los efectos de los decretos y anticiparles que yo no firmaría ninguna suspensión de órdenes de captura de paramilitares o narcotraficantes porque no existía ley de sometimiento colectivo. Les expliqué con claridad que era necesario distinguir entre procesos de paz y procesos de sometimiento. También les insistí en que la Fiscalía colaboraría en la ‘paz total’ si todo se hacía conforme a derecho, como lo había venido haciendo con la suspensión de órdenes de captura a del Eln o a disidentes de las Farc que no firmaron el Acuerdo de Paz de 2016 o que eran parte de otra organización que no había firmado el acuerdo. La respuesta fue positiva.

Ambos funcionarios señalaron que el objetivo era coincidir y que salían muy satisfechos de la reunión. Incluso, en un momento de la conversación les di detalles jurídicos e históricos del Acuerdo de La Habana, porque lo conocí de primera mano. Por último, quedamos en que cualquier duda o aclaración debía ser conversada por los equipos jurídicos respectivos.

El miércoles 11 de enero en horas de la mañana, advertí con perplejidad que no existía transparencia en la reunión con el Gobierno. Al entrar a mi oficina, la vicefiscal me informó que el presidente Petro había remitido dos resoluciones que reconocían representantes de las Agc y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra. En las resoluciones se solicitaba suspender 16 órdenes de captura de narcotraficantes, incluidas cuatro que contaban con órdenes de captura con fines de extradición por delitos cometidos en Estados Unidos y España. Es decir, todo lo que temíamos en los días previos ocurrió. El gobierno de Petro volvió la mentira un patrón de conducta en la relación con el ente acusador.

El viernes 13 de enero la respuesta no se hizo esperar. Se le remitió una comunicación al comisionado para la Paz indicándole que no levantaríamos las órdenes de captura contra esas personas por la inexistencia de instrumentos legales y constitucionales para hacerlo. La situación se crispó.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, señaló que el ente acusador debía acatar la directriz del Presidente, pero la vicefiscal rápidamente le contestó diciendo que si se insistía, la Fiscalía volvería a negar las suspensiones. Con nuestro equipo asesor, la respuesta sería clara: si se insistía, se estaba redactando una resolución judicial de “cúmplase” firmada por mí y contra la cual no cabía ningún recurso. Era el ejercicio de la separación de poderes y el equilibrio de la Constitución de 1991.

Los medios trataron de entender qué ocurría. En uno de ellos señalé: “No soy un subalterno del Presidente, no voy a incurrir en delitos de obstrucción a la justicia. No se le puede decir ‘sí’ a todo lo que diga el Presidente de la República”. La procuradora general, Margarita Cabello, y el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, respaldaron nuestra posición.

El miércoles 18 de enero la Fiscalía General de la Nación publicó un comunicado en el que anunció que no se iba a convocar a la mesa de trabajo que se organizó para adelantar investigaciones conjuntas con la SAE, como se había acordado por el incumplimiento del director a las reuniones con la entidad. Públicamente se anunciaban grandes hallazgos de corrupción y ante los fiscales no se entregaba la información puntual y precisa en la que se detallaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las conductas delictivas. Por ello, se citó al director de la SAE y a sus subalternos para que brindaran la información acerca de los posibles malos manejos de los mencionados bienes.

La reacción de Petro a esta decisión que el ente acusador había tomado en el marco de sus competencias no se hizo esperar en su cuenta de X: “No sé qué le pasa al fiscal, pero esto solo hace feliz a la mafia, que a través de sus políticos logró recuperar los bienes que consiguió con la cocaína y que les había quitado la justicia. Los jueces inmolados no importaron, la riqueza de la mafia retorna a la mafia”. La respuesta que di fue inmediata: “Le pido al señor Presidente respeto por la Fiscalía, su independencia y la lucha contra la mafia, a la que le hemos arrebatado 26 billones de pesos durante mi istración (...). Los únicos que benefician a los mafiosos son aquellos que quieren sacarlos de la cárcel sin que se cumpla ningún tipo de requisito y así evitar la extradición”.

El 19 de enero, al llegar al búnker, me dirigí a grabar una declaración sobre resultados operativos en el país y se me informó que el Presidente quería conversar conmigo desde Davos (Suiza). Contesté que podíamos hacerlo al mediodía y a esa hora se me comunicó con el jefe del Estado. Fue una conversación corta, amable y puntual. Él me dijo que no entendía qué pasaba y yo le expliqué lo que ocurrió con sus funcionarios y que no estaba de acuerdo con el mensaje que había escrito en sus redes sociales. Me respondió que conversáramos el 30 de enero. No se había resuelto nada. Conversar con Petro era extraño. Por las redes y en los discursos era una persona agresiva, pero personalmente era tímido y taimado.

El 23 de enero de 2023 viajé a Washington D. C. para adelantar una agenda con el Departamento de Justicia. Esta agenda había sido organizada en diciembre de 2022, pero coincidía con el complejo entramado que se vivía en el país. En la conversación con la cúpula del Departamento de Justicia abordaríamos, como fue costumbre, los resultados de la cooperación internacional y otros aspectos. Uno de ellos fue el de los decretos de cese al fuego bilateral con narcotraficantes y paramilitares y mi negativa de suspender las órdenes de captura contra estas personas ante la inexistencia de una ley de sometimiento colectivo.

A la salida de la reunión en las oficinas del Departamento de Justicia, afirmé ante la prensa: “Nunca se ha hecho un cese bilateral con organizaciones narcotraficantes, es como hacer un cese bilateral con Pablo Escobar o el cartel de Cali”. También insistí en que existía “una preocupación sobre ceses de hostilidades con narcotraficantes porque es una figura inédita dentro del derecho internacional y dentro del derecho de los derechos humanos, y es necesario que eso se entienda de la mejor manera. Ese decreto lo que produce, y que para mí es lo preocupante en el marco de mis competencias, es que se desarticule la política de la persecución policial en Colombia”.

Igualmente, dije que cuando se habla de lucha contra el narcotráfico “no es un asunto que le competa solo al Ejecutivo, también a la Fiscalía, por cuenta de la persecución criminal que hacemos y porque hoy existe el Código Penal y esas conductas son criminalizadas en Colombia”. Añadí que se mantenía un apoyo indeclinable del Departamento de Justicia de Estados Unidos en cada uno de los propósitos que teníamos. El Departamento de Justicia expidió el siguiente comunicado:

“On Jan. 25, Criminal Division Assistant Attorney General Kenneth A. Polite, Jr. met in Washington, D.C. with Colombian Attorney General Francisco Barbosa Delgado. In the meeting, Assistant Attorney General Polite expressed his deep appreciation for the extraordinary law enforcement partnership between the United States and Colombia and thanked Attorney General Barbosa for his leadership in combating transnational organized crime.

The Department of Justice has enjoyed an exceptional relationship with the Colombian Attorney General’s Office and the thousands of men and women that Attorney General Barbosa leads,” said Assistant Attorney General Polite. “Colombia continues to be an indispensable partner to the United States. Attorney General Barbosa’s steadfast for the rule of law while honoring bilateral commitments has been the cornerstone of our law enforcement efforts with Colombia.

Both leaders committed to continue strengthening the close law enforcement relationship between the United States and Colombia, which has led to, among others, the successful investigation and prosecution of drug traffickers, transnational organized crime groups, human smugglers, money launderers, and malicious cyber actors.

U. S. Attorney General Merrick B. Garland dropped by the meeting to personally thank Attorney General Barbosa for the outstanding cooperation between the United States and Colombia”.

En este comunicado se refleja la cercanía que se sostuvo en mi istración con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la visión conjunta que se tenía sobre la lucha contra el crimen transnacional. Al regresar al país, planteé mi preocupación sobre la caída de las incautaciones de estupefacientes durante enero. La información que le expuse al país fue que normalmente cada mes se incautaban entre 25 y 35 toneladas de cocaína y se destruía un promedio de 130 laboratorios, y que para final de enero la cifra era de 0 toneladas de coca y solo 3 laboratorios. También insistí en mi preocupación en que en zona rural no se estuviera capturando a los homicidas de los líderes sociales por la ambivalencia de los decretos de cese al fuego firmados el 31 de diciembre. Para ese momento había 2.260 órdenes de captura sin ejecutar por homicidios dolosos, de ellas 145 contra líderes sociales.

Por esos días habían secuestrado en Caquetá a 30 de la Fuerza Pública y el Gobierno no quiso llamar ese hecho secuestro, sino retención. El panorama empezaba a cambiar. El debate fue álgido y esos temas los puse sobre la mesa ante la opinión pública y también en la reunión que sostuve con el presidente Petro el 30 de enero en el Palacio de Nariño, como se había convenido en la llamada telefónica que sostuvimos.

El 29 de enero llamé en horas de la noche a la vicefiscal para que conversáramos sobre la reunión que sostendría con Petro al día siguiente. Hice un barrido de nuestras cifras y hablamos sobre lo acontecido el último mes y lo difícil que se había puesto todo con el jefe de Estado. Al día siguiente, la reunión era a las 9:00 de la mañana. Llegué con la vicefiscal faltando 10 minutos para la reunión. Nos ubicaron en el salón Obregón y esperamos hasta las 10:00 de la mañana. Incluso, en un momento dado, manifesté que si había algún inconveniente, reprogramaríamos la cita.

La respuesta de la jefe de gabinete no se hizo esperar. El Presidente estaba demorado, pero ya estaba llegando. Me hicieron pasar al despacho y comenzamos una reunión amable, en la que Petro fue receptivo con mis planteamientos. Cuando abordamos el tema crucial de la reunión, que era la solicitud de suspensión de órdenes de captura, me dijo que él había firmado esas resoluciones y nadie le había informado sobre las personas que tenían órdenes de captura con fines de extradición. Le puse de presente mi molestia por el engaño que habíamos vivido con el comisionado para la Paz, Danilo Rueda, sobre ese punto.

Le expliqué el problema de la falta de incautaciones de coca y de destrucción de los laboratorios y se planteó la necesidad de que se articularan los equipos. En esto debo decir que, a pesar de las desavenencias que existieron, la Fiscalía nunca dejó de asistir a mesas de articulación con el Gobierno nacional. Al final, el presidente Petro aceptó mi argumento de que era necesario un proyecto de ley de sometimiento colectivo para que su idea de paz funcionara. Sus respuestas fueron siempre de escepticismo frente a la ‘paz total’.

Al salir del despacho yo estaba convencido, como lo sigo estando, de que el Presidente se metió en la idea de la ‘paz total’ sin metodología, sin propósito e, incluso, sin convicción. Así era difícil sacar algo adelante en ese campo, como ha quedado comprobado en el país. Me despedí y le dije que la colaboración armónica entre el Ejecutivo y la Rama Judicial pasaba por la autonomía de la Fiscalía. Me dijo que esperaba que próximamente volviéramos a conversar.

Siempre que conversé con él me quedé con la idea de que estaba sorprendido por lo que ocurría a su alrededor. No sé si era una estrategia o si era que no estaba al tanto de las discusiones nacionales. Al salir del Palacio, con mi equipo, di una rueda de prensa en la que resumí el encuentro con el Presidente de la República”.