"Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación". Así lo establece el artículo 34 de la Constitución que vuelve a estar en medio del debate sobre la viabilidad de establecer la cadena de por vida para vinculados a graves delitos en los que las víctimas sean menores de edad.
Aunque ya se había referido al tema en épocas de campaña, este martes el presidente Iván Duque ratificó su propuesta en el discurso de posesión: “sancionemos con cadena perpetua” a los proxenetas, a las ‘Madame’, a los violadores y asesinos de menores y de mujeres”.
En 2008 esa intención logró uno de sus mayores avances cuando la entonces concejal Gilma Jiménez (fallecida), lideró el proyecto que alcanzó a ser aprobado en el Congreso pero luego se quedó en el trámite en la Corte Constitucional. En mayo de 2010 el alto tribunal lo declaró inconstitucional por vicios de trámite.
A finales de 2016 Yohana Salamanca Jiménez, hija de la exconcejal y excongresista Gilma Jiménez lo volvió a intentar promoviendo un nuevo referendo en el Congreso para establecer prisión de por vida a los violadores de niños. Esa iniciativa no logró las firmas necesarias para seguir adelante y no pudo seguir su trámite para ser votada en las urnas.
Otro proyecto radicado por el congresista Mauricio Lizcano tampoco avanzó en el legislativo. La misma suerte corrieron otras iniciativas como la castración química contra violadores de menores de edad.
El penalista Francisco Bernate sostuvo que la propuesta no es viable hoy en el país.
“Colombia cuenta con tratados internacionales y con normas constitucionales que establecen que la pena únicamente tiene como función la resocialización del penado”, sostuvo Bernate.
Aunque Colombia efectivamente ha suscrito esos tratados internacionales en lo que se establece un trato digno para el preso y se promueve la función resocializadora de la pena, el país también ha firmado otros tratados como el de la Corte Penal Internacional en donde sí existe la pena perpetua.
Juan Carlos Forero, decano de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, sostuvo que constitucionalmente sí es posible imponer la pena perpetua que, en todo, caso tendría que pasar por ocho debates en el Congreso.
“Se tendría que definir claramente para qué delitos se aplicaría. Ahora en Colombia hay penas de 60 años y más, para muchos eso sería ya una pena perpetua”, indicó Forero.
El penalista Camilo Burbano indicó que no es posible imponer la pena en Colombia y que ese tipo de medidas no tienen un efecto real para disminuir el delito.
“Colombia tiene unos compromisos internacionales entre los que está no tener penas excesivamente largas que violen los derechos humanos. Ese tipo de penas no solucionan el problema, está comprobado en política criminal que aumentar las penas es una expresión de derecho penal simbólico, pero reducen la ocurrencia del delito”, indicó Burbano.
El penalista Hugo Quintero sostuvo que ese tipo de propuestas son “populismo punitivo que no soluciona el problema de fondo”.
Para el abogado, sí es posible hacer la reforma vía Congreso, pero no sería fácil que pasara un examen en la Corte Constitucional.
“La pena es un factor rehabilitante, no hay penas irredimibles y eso está en el espíritu de la Constitución”, indicó Quintero.
Igualmente señaló que en los países en los que hay cadena perpetua e incluso pena de muerte, eso no ha servido como un factor real de disuasión para los delincuentes.
“Las penas son altas en Colombia, lo que hay es que mejorar la investigación judicial para que no haya impunidad, para que el abusador sea judicializado y capturado para que cumpla su pena. Eso si se debería fortalecer”, indicó el jurista.
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