Ex-Farc de Tumaco, preocupados tras ataque con fusil en ETCR

La incursión de un grupo de hombres con armamento largo al antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de ‘La Variante’, en Tumaco, Nariño, encendió las alarmas de los más de 120 excombatientes que adelantan allí su reincorporación a la vida civil.

Los hechos se registraron hacia las 7:20 de la noche del pasado 24 de mayo y, aunque no hubo víctimas, la pregunta sobre cómo desconocidos vulneraron los controles de seguridad, ingresaron al lugar y salieron desapercibidos, mantiene la preocupación entre los exguerrilleros.

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“La lectura es que, además de amedrentar a uno de los que vive acá, al que atacaron, quieren causar zozobra en todos”, le dijo a EL TIEMPO un miembro de la defensa jurídica de los excombatientes que pidió mantener su nombre en reserva.

“Llegaron en un vehículo. De ahí se bajó uno de los hombres y preguntó por un exguerrillero, que no estaba. Y entonces los demás, vestidos de civil, se acercaron a otra de las casas. Uno se bajó ya con el fusil, dirigiéndose a la vivienda de otro exmiembro de las Farc, que lo vio por la ventana, se asustó, y huyó. Apenas abrió la puerta le dispararon, pero no lograron impactarlo porque corrió”, contó el abogado.

Ante los disparos, de la escolta colectiva asignada por la Unidad Nacional de Protección (UNP) habrían salido a verificar el atentado, pero para entonces los hombres armados ya habían huido. Tras alertar a las autoridades, unidades del Ejército y la Policía acordonaron la zona, hacia las 8 de la noche.

Aunque ataques de esta dimensión no suelen verse en los ETCR, la situación de violencia contra los ex-Farc es crítica: desde la firma del acuerdo de paz –en noviembre de 2016– hasta el pasado 7 de mayo, 302 exguerrilleros fueron asesinados, según los reportes de la Unidad de investigación y Acusación (UIA) de la JEP.

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Y la situación en la región donde presentó este ataque es de las más graves del país. Tumaco, con 18 asesinatos, es el municipio de Colombia donde más crímenes contra excombatientes se ha presentado. El departamento de Nariño es el segundo con mayor ocurrencia de estos homicidios, con 39 casos (el primero es Cauca, con 52 muertes).

Según los reincorporados, la víctima del ataque ha recibido amenazas de parte del frente 'Óliver Sinisterra' de las disidencias, versión que está siendo investigada por la Fiscalía, entidad que recibió la denuncia formal por los hechos.

EL TIEMPO se comunicó con la Consejería presidencial para la Estabilización y la Consolidación, desde donde aseguraron que en el lugar “se mantiene la protección establecida con efectivos de la Policía y el Ejército” y resaltaron que “brindar garantías de seguridad a los exintegrantes de las Farc es una prioridad del Gobierno”.

Sin embargo, algunos de los reincorporados que permanecen en el ETCR señalaron que no siempre hay retenes de control en el área.

De hecho, fuentes de la Fuerza Pública le confirmaron a este diario que el día del atentado no estaban actuando allí. “Cuando existen informaciones sobre amenazas o presencia por parte de GAO, se despliegan operaciones de acción ofensiva con el fin de neutralizar estas intenciones (…) Para la fecha de los hechos no se tenía conocimiento de la existencia de este tipo de informaciones”, indicaron.

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Sobre el ingreso de los hombres armados aseguraron que “los antiguos ETCR no son lugares donde existan restricciones de tránsito y movilidad al interior de ellos. Cualquier ciudadano puede ingresar, sin que de manera particular haga parte del proceso de reincorporación. Según se conocen los hechos, los sujetos que ingresaron a la ciudadela lo hicieron en un vehículo particular, como podría ocurrir en una situación de tránsito normal, lo que terminó aconteciendo fue una acción sicarial contra una persona en reincorporación específicamente, y no un hecho indiscriminado contra toda la ciudadela”.

Los líderes del ETCR, sin embargo, exigieron que haya una solución integral al problema. “Lo que se plantea colectivamente es que el gobierno cumpla con la implementación del acuerdo de paz. La solución no va a ser más militarización o escoltas, sino cambios estructurales en un contexto tan complejo como el de Tumaco”, señalaron.

Este diario conoció que el pasado 31 de mayo se adelantó una reunión de seguridad con la participación de excombatientes, Fuerza Pública y Naciones Unidas. Allí se acordó que el batallón de selva número 53 mantenga una unidad en la vía con un puesto de control, así como que la Policía adelante patrullajes en el área. El delegado de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas escaló, entre otras cosas, la necesidad de adquirir cámaras de vigilancia para el ETCR y aumentar el número de efectivos que brindan seguridad.

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