Cárcel El Bosque: excesos, la antesala del cierre de pabellón para funcionarios

El cierre definitivo de uno de los pabellones más cuestionados en las cárceles del Inpec –el de funcionarios públicos de El Bosque– por críticas y excesos que han sido denunciados públicamente volvió a sacar a flote la cantidad de escándalos que han sucedido en distintos penales del país, y en los que usualmente salen a relucir nombres de internos de connotación nacional.

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La medida de ponerle punto final al pabellón de la cárcel El Bosque, ubicada en Barranquilla, se concretó el viernes pasado, cuando de manera sigilosa y fuertemente custodiados por guardias de la institución, salieron 11 internos rumbo a cárceles como la de La Dorada, en Caldas; La Picota, en Bogotá; y La Tramacúa, en Valledupar.

Entre los nombres de personas a las que las cambiaron de ciudad están los de Juan Francisco Gómez, alias ‘Kiko’ Gómez, exgobernador de La Guajira; y Salvador Arana, exgobernador de Sucre, quienes compartían patio con el contratista corrupto Emilio Tapia, y el empresario condenado Carlos Mattos Barrero, los únicos dos internos que vivían en dicho lugar y que se mantendrán en El Bosque, pero en otras zonas.

La razón del movimiento que tomó por sorpresa hasta a los guardias de la cárcel la dieron el director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, y el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quienes reconocieron que en el pasado hubo irregularidades con un mismo modus operandi que los llevaron a tomar esta determinación.

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“Era muy constante encontrar botellas vacías de licor, como se encuentran en todos los establecimientos, queremos ser contundentes y claros en que no pueden seguir con esas comodidades”, contó el sábado el coronel Gutiérrez.

No obstante, a la par de esos escándalos, en los últimos días se denunció que ‘Kiko’ Gómez habría salido de la prisión sin obstáculo alguno, algo que no está permitido y que el Inpec niega que hubiera sucedido.

Días atrás, la periodista Diana López Zuleta, quien acusa a ‘Kiko’ Gómez del asesinato de su padre, Luis López Peralta, había denunciado esas presuntas salidas del exgobernador de La Guajira del centro de reclusión de Barranquilla, por lo que luego del anuncio de que se deshabilitó dicho pabellón, reaccionó en su cuenta oficial de Twitter.

“Celebro el cierre del pabellón de exfuncionarios de El Bosque –luego de mi denuncia de que ‘Kiko’ Gómez salía de la cárcel– pero voy a explicar por qué, a pesar del gran despliegue, el Inpec no está respondiendo a las irregularidades denunciadas”, escribió López.

Por su parte, Gutiérrez confirmó que a nivel interno ya se están haciendo las respectivas verificaciones para saber si desde el director de la cárcel para abajo se incurrió en alguna falta en este sentido, averiguación en la que también se tendrá en cuenta que durante procedimientos rutinarios se encontraron botellas vacías de licor, algo que está prohibido en el reglamento interno.

Lo cierto es que en el historial de beneficios y excesos en patios con presos del calibre de Gómez, Tapia y Mattos dicha salida no sería rara, pues en el pasado ya se han presentado irregularidades de esa magnitud. Precisamente, el coronel Gutiérrez justificó el traslado diciendo que quieren prevenir casos como el que ocurrió en La Picota con Carlos Mattos, cuando se fue a despachar desde su oficina, por fuera de la cárcel y en un vehículo oficial- sin estar autorizado para ello.

El pabellón de funcionarios públicos de El Bosque era uno de los cuatro en el país destinado a albergar, en teoría, a personas procesadas por hechos relacionados a su vínculo con el Estado, que en el caso de Mattos se dio porque su defensa al parecer dijo que fue funcionario público suplente por un tiempo, algo que está en revisión.

Y es que si bien hay órdenes judiciales de por medio que tiene que acatar el Inpec, coincidencialmente meses atrás Tapia y Mattos, dos presos que llegaron desde Bogotá, donde se hicieron amigos, fueron llevados al mismo patio, aunque Mattos ya cuenta con una detención hospitalaria por su estado de salud.

Por ahora, los otros tres lugares con esas mismas condiciones que sí permanecerán abiertos están ubicados en La Dorada, Caldas; y en La Picota y El Buen Pastor (para mujeres), de Bogotá. En este último es en el que está detenida la excongresista Aida Merlano Rebolledo, a quien se le decomisó un celular durante una requisa.

Solo en este tipo de Establecimientos de Reclusión Especial (Ere) es que se ven comodidades como celdas más grandes, bajo porcentaje de hacinamiento y como se lo confirmó el Inpec a EL TIEMPO, hasta cocinas para que los internos hagan sus propias comidas, algo que contrasta con la situación que se ve en otros patios de esos mismos lugares, sobre los cuales la Corte Constitucional ha hecho varias alertas porque no hay condiciones dignas para vivir y en los que hay un porcentaje actual del 23,09 % de hacinamiento carcelario.

Ante estos contrastes, Fernando Tamayo, director del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, considera que antes de hablar de un eventual cierre de estos sitios, el problema no está en que les ofrezcan mejores celdas y cocinas en los patios, ya que eso es un derecho que deberían tener en general todos los internos, aunque reconoce que es difícil implementarlo.

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“El hecho de que haya corrupción en una cárcel no es razón para cerrar la cárcel, así mismo el hecho de que haya corrupción en un patio no es razón para cerrar el patio. Es una razón para que el Estado colombiano intente investigar y desarticular esas redes de corrupción”, expone Tamayo.

Es decir, para este experto la crítica no debería ser que a los funcionarios públicos les ofrezcan más, sino que a los otros les ofrezcan menos condiciones que están establecidas en la Resolución 6349 de 2016.

Por su parte, Juan Carlos Cárdenas, abogado y director del Proyecto Inocencia de la Universidad Manuela Beltrán, cuenta que los beneficios para unos no deberían existir, porque eso aumenta la desigualdad que en materia penitenciaria no debería darse. E hizo énfasis en que hay diferentes pabellones por situaciones psicológicas, de edad o por el tipo de delitos, algo que para él "es muy distinto a los privilegios que son bastante censurables de ciertos pabellones del país a los cuales se accede siempre y cuando la persona ostente un poder económico alto y con base en ello obtiene privilegios que están prohibidos en el régimen penitenciario y carcelario".

Además, indica que "la solución no es cerrar pabellones, la solución es hacer cumplir el reglamento penitenciario y carcelario, y a los funcionarios corruptos procesarlos disciplinaria o penalmente. Eso es como el viejo dicho de que 'para acabar la fidelidad entonces venda el sofá donde le fueron infiel'. No, esa no es la solución, la solución es tener funcionarios bien capacitados, bien pagos, que se sometan a procedimientos de anticorrupción".

Mientras que el abogado Esteban Manco resalta que “frente a algunas formas de tratamiento diferente que tienen algunos funcionarios públicos procesados es necesario recalcar que debe existir esa división con otro tipo de personas, en la medida en la que pueden correr riesgo de involucramiento con otra población carcelaria”.

Ahora, para él esto no significa que teniendo este tratamiento diferencial se les ofrezca tácitamente privilegios que no son para todos, ya que en su opinión, privilegios como televisores o equipos de sonido deben ser extinguidos para tener un tratamiento igualitario.

Otra de las críticas por las que se dio el cierre del pabellón en la cárcel El Bosque es porque se habrían encontrado unas botellas vacías de licor que son solo la punta del iceberg que intenta mitigar el director del Inpec.

Y es que en constantes fechas en pabellones de funcionarios públicos o de alta seguridad se han registrado fiestas que de por medio tienen licor, drogas y celulares de alta gama, los cuales en algunas ocasiones han sido decomisados, pero que en general son un problema que sigue siendo un dolor de cabeza para la entidad a cargo de la custodia de los presos.

Tanto así que este diario conoció que para frenar un poco la corrupción y los privilegios en las cárceles, el Inpec tiene previsto en los próximos días trasladar a internos que han generado escándalos y amenazas como Óber Ricardo Martínez, alias Negro Ober, señalado de conformar la banda de los ‘Rastrojos Costeños’, a otros sitios de reclusión para que así no se relacionen con la guardia y no generen conflictos con internos y agentes de la institución.

Y es que tal como lo han anunciado funcionarios de la entidad, a veces la guardia está entre la espada y la pared porque aunque reconoce que hay problemas a nivel interno, en otros escenarios no pueden hacer mucho porque los internos son jefes de bandas que ya les han seguido la pista sobre a dónde viven o qué familiares tienen en la ciudad.

En ese orden de ideas, según Tamayo, “si estamos hablando de privilegios ilegales y que no deberían tener los internos, creo que ahí no se puede culpar al patio en sí mismo, hay que directamente mirar el funcionamiento específico de la cárcel y de los funcionarios en un contexto muy específico”.

Estas situaciones, sin embargo, para el Inpec no se podrán derrotar de la noche a la mañana, y por eso evalúan alternativas para contrarrestarlas. Tras el cierre del pabellón, el espacio será usado para otras personas que cuentan con un arraigo en la zona, y frente a los interrogantes sobre los excesos y privilegios en El Bosque, su director, Jim Nelson Muñoz, le contestó a EL TIEMPO que se va a reforzar la seguridad.

Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49