Este es el escrito de acusación contra el exmagistrado Ricaurte

La Fiscalía llamó a juicio al exmagistrado Francisco Ricaurte por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada.

Ricaurte se encuentra en prisión luego de que la juez 40 de control de garantías considerara que podría afectar el proceso en su contra y la investigación por los graves hechos de corrupción.

"Al menos desde el año 2013 y hasta el 2016, Francisco Javier Ricaurte Gómez y José Leonidas Bustos promovieron y dirigieron una organización criminal a la que integraron, entre otros, al señor Luis Gustavo Moreno Rivera, Leonardo Pinilla y Gustavo Malo, organización dedicada a cometer delitos indeterminados que afectaron la seguridad pública y la istración pública, siempre relacionados con actuaciones que se adelantaban en la jurisdicción penal", señala el documento de 30 páginas.

La Fiscalía sostiene que los integrantes de la "organización" se reunieron en la residencia de Ricaurte, en la de Bustos y en lugares públicos como hoteles, restaurantes e incluso fuera del país.

“Francisco Ricaurte y José Leónidas Bustos eran quienes tenían los os, conseguían los clientes, generalmente políticos, especialmente congresistas y gobernadores, de quienes se supiera que tenían indagaciones, investigaciones o procesos en su contra que fueran adelantados en la Corte Suprema o en la Fiscalía”, agrega el ente acusador.

Sostiene que la forma de “manejar los procesos era diversa e incluía estrategias como conseguir y utilizar la información privilegiada que obtenían de los procesos, retardar los trámites, instrumentalizar medios de comunicación para restar credibilidad a testigos, alteración de evidencias, todo con el objetivo de obtener decisiones con apariencia de legalidad que favorecían a los que ellos denominaban sus clientes”.

La Fiscalía señala que todo se logró con la intervención de los funcionarios de más alto nivel que tenían a su cargo el manejo de los procesos. "Les pagaban para que permitieran, facilitaran o simplemente omitieran controlar este tipo de actuaciones", dice.

En el delito de cohecho se relacionan las investigaciones al congresista Álvaro Antonio Ashton Giraldo, Musa Abraham Besaile, Juan Carlos Abadía, Alejandro José Lyons, Julio Alberto Manzur y hechos relacionados con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE).

Sobre el capítulo de Fonade, la Fiscalía señala que entre los años 2014- 2015 el magistrado Malo Fernández tenía asignados, entre otros, algunos de los casos que por el tema de relaciones entre congresistas y grupos paramilitares se adelantaban en contra de Álvaro Antonio Ashton Giraldo y Musa Abraham Besaile. "Dentro del equipo de trabajo del magistrado Malo se encontraba el abogado Carlos Andrés Bula Dumar cuyo hermano Alfredo Ramón Bula Dumar, en el mes de abril de 2015 fue nombrado gerente del Fonade, nombramiento en el que intervinieron ademas de los congresistas, el exmagistrado Francisco Ricaurte. Esta entidad era reconocida como fortín político de los congresistas Musa Besaile y Bernardo Elías", dice el documento.

"Hay evidencia que permite inferir razonablemente que en algunos de los casos relacionados con esta organización criminal Fonade fue utilizado para hacer favores burocráticos y comercializar puestos, en beneficio de algunos de los concertados y con la finalidad del logro de los propósitos criminales de lo que dan cuenta la grabación de la DEA y la declaración del exmagistrado José Reyes Rodríguez", agrega.

En la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento la juez dijo que el exfiscal Luis Gustavo Moreno, preso por el escándalo y pedido en extradición, dio cuenta en sus declaraciones de los os del exmagistrado Ricaurte con políticos. Añadió que el testimonio de Moreno y del abogado Luis Ignacio Lyons permiten inferir que sí existieron exigencias de dinero a los senadores Álvaro Ashton y Musa Besaile. “No son chismes ni especulaciones como lo dice la defensa y son testimonios obtenidos legalmente”, dijo la juez.

El abogado Luis Ignacio Lyons, defensor de Musa Besaile en el caso de ‘parapolítica’, dijo en declaración ante la Corte Suprema de Justicia que el exmagistrado Francisco Ricaurte fue el que le rebajó de 6.000 a 2.000 millones de pesos el dinero pedido a su cliente para frenar la orden de captura que saldría en su contra a principios del año 2015.

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