Exsecretario de JEP pide anular proceso por permisos a ex-Farc

Este jueves, ante la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia istrativa, el exsecretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Néstor Raúl Correa dio su versión libre dentro de un proceso que le sigue esa delegada por permisos de salida del país que le habría dado a exguerrilleros de las Farc en 2018.

En mayo de 2019 Correa fue sancionado a 5 meses de suspensión por el órgano de control dentro de otro proceso por estos hechos, en ese momento la Procuraduría consideró que él se había extralimitado en sus funciones al conceder autorizaciones para que cuatro excombatientes de las Farc salieran del país, pese a que ya habían cesado las funciones que le había otorgado la ley de forma transitoria.

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En la versión de este jueves, que fue dada mediante una audiencia virtual, el exsecretario de la JEP comenzó manifestando su felicidad por el cambio de procurador general de la Nación y del procurador que lleva el caso, y dijo que ahora "sí tenemos garantías", prosiguiendo a decir que en la anterior istración del Ministerio Público 

"Va a cumplir 3 años y quiero decirle que he sido estigmatizado en este proceso, incluso la noticia volvió a salir en los medios. Eso me ha causada una especie de estigmatización en cuanto al buen nombre", expresó y añadió que desde entonces ha sido difícil que lo contraten en empleos.  

Mencionó incluso a la actual procuradora general Margarita Cabello y dijo que cuando ella llegó al Ministerio de Justicia (cargo que ocupó entre junio de 2019 y agosto de 2020) tenía la posibilidad de llamarlo a él a su equipo. "Como hemos trabajado juntos en el pasado, en la comisión nacional de género de la rama judicial, ella sabía que yo tenía el perfil para trabajar con ella, pero entiendo que no me haya llamado por lo que le digo", dijo refiriéndose a los señalamientos que se han hecho en su contra. Correa fue magistrado del Consejo Superior de la Judicatura antes de ir a trabajar en la JEP.

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Correa agregó que han sido 3 años de una "película de terror dilatada en el tiempo" y manifestó que él no hizo aquello de lo que se le acusa.

Contó además que era magistrado de la Judicatura, en donde tenía fuero y un salario más alto, pero que en 2016 recibió una llamada del gobierno en la que le informaban que había sido designado secretario ejecutivo de la JEP. "Es un cargo que no pedí, ni quiero, ni me consultaron, ese cargo yo sabía que iba a ser aguerrido y me ganaría la mitad de la plata. Con todas esas limitaciones yo me puse a pensar y dije 'yo soy colombiano y cuando a uno lo llaman al tablero, hay que pasar', por eso yo acepté ese cargo con esas condiciones y empecé a trabajar el 18 de diciembre de 2016". 

Añadió que le entregaron "una hoja de papel que decía acuerdo de paz y la instrucción de crear la institución y al mismo tiempo operarla", una labor difícil pero dijo que le "cumplió al país.

Aseguró que el año 2017, en que estuvo en la JEP, fue de los más eficientes de la jurisdicción y que con el 4 por ciento del presupuesto que hoy tiene la JEP y el 5 por ciento del personal actual firmó "5.604 actas para que los guerrilleros se sometieran a la JEP, eso es el 57 por ciento de todas las que se han firmado hasta la fecha; otorgué libertad a 1.100 militares, yo liberé el 82 por ciento del total; libertades a las Farc otorgué 3.000, el 95 por ciento. En resumen, la eficiencia mía en un solo año fue muy superior a la de la JEP en sus dos años siguientes. Yo le cumplí al país, me salí de un cargo a otro más difícil y lo hice bien".

Sobre el asunto específico que lo tiene respondiendo ante la Procuraduría, dijo que, en orden de conceder todas esas cifras que presentó, firmó más de 5.000 actas, "la única forma posible es que yo las firmaban en blanco y se las entregaba a mis compañeros de trabajo, ellos iban a las cárceles y allá llenaban el acta con los datos del guerrillero o el militar, según el caso, cuando ya estaban en libertad, iban a la JEP". 

Contó, precisó que había permisos de todo tipo incluido un número de permisos para ir al exterior y que como eso era más delicado, diseñó una ruta para concederlos que consistía en que "para sacar un permiso al exterior se requería llenar un acta y expedir una resolución firmada por mí, debía llevar tres firmas; acta sin resolución no era un permiso". 

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Explicó después que los 8 exguerrilleros de Farc que viajaron beneficiándose de los supuestos permisos lo hicieron a sus espaldas. "Dos subalternos míos ellos eran los responsables de llenar las actas de los viajes de las Farc, ellos llenaron eso. El estudio grafológico que está en la Procuraduría dice que la letra con la que llenaron esas actas no es la mía. A mis espaldas y sin resolución y sin contarme, los guerrilleros fueron y volvieron", resumió.

Al enterarse de esa situación, declaró en su versión libre Correa, él se reunió con sus subalternos y les pidió explicaciones y le dijo a una de las implicadas que el tema debía poderse en conocimiento de la entonces presidenta de la JEP, Patricia Linares,  "ella va y le cuenta, luego fui yo y lo hablamos, la doctora Linares sabía perfectamente que yo no di esos permisos y sin embargo me denunció", sentenció al decir que por eso considera que la denuncia en su contra es temeraria y que fue acusado injustamente.

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Por estos motivos, Correa le pidió a la JEP anular la actuación en su contra, o que en su defecto se archive el proceso. Argumentó también presuntas irregularidades que hubo en la Procuraduría como que primero le imputaron un cargo y luego lo cambiaron por otro fuera de fecha, que se estarían violando sus derechos a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos,  y que el Procurador anterior adelantaba "una campaña de desprestigio en mi contra".

Su abogado, quien también habló en al audiencia, reforzó la petición y señaló además que estos años Correa ha sido víctima de "tortura psicológica de la Procuraduría" y le pidió al nuevo procurador del caso que con su decisión "pare el suplicio y la tortura que mi cliente ha venido enfrentando".

La diligencia se suspendió y continuará el próximo  11 de marzo a las 9 a. m. para que el procurador que lleva el proceso se pronuncie sobre la solicitud de nulidad y de archivo.

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