Plinio Olano fue influenciado para favorecer a Odebrecht: Fiscalía

El empresario Federico Gaviria, que gracias a un polémico preacuerdo ya había logrado salvarse de la cárcel por el escándalo del ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá, tiene las claves en dos casos de salpicados por otro megaescándalo, el de Odebrecht.

Según la Fiscalía, él fue fundamental para que el exsenador Plinio Olano y el exviceministro de Transporte Miguel Peñaloza usaran sus influencias con el fin de favorecer a la multinacional brasileña. Aunque la defensa de Gaviria, al menos por ahora, niega esa responsabilidad, el ente investigador sostiene que fue Gaviria quien se encargó de alinear a esos dos exservidores públicos para lograr los objetivos de Odebrecht: asegurar el contrato Ocaña-Gamarra sin licitación y, además, obtener ventajas como un aumento del 15 por ciento por concepto de peajes y que el Estado aceptara pagar anticipos extraordinarios al concesionario en los años 2024 y 2025.

Gaviria, preso desde agosto, y los también detenidos Eduardo Zambrano y Otto Bula fueron los ‘lobbistas’ contratados por comisión de éxito para obtener esas condiciones, que, dice el proceso, eran notoriamente ventajosas con respecto a las que ya tenía el contratista en la construcción de la Ruta del Sol.

Basada en la confesión de Bula, la Fiscalía sostiene que “Gaviria fue el más activo en la consecución de las empresas mediante las cuales se lavaría el dinero con el que se pagaría el cohecho a los diferentes congresistas” y funcionarios. En la audiencia en la que logró que el polémico empresario fuera preso mientras se adelanta su juicio, el fiscal del caso aseguró que “Federico Gaviria ejerció indebida influencia sobre Plinio Olano y Miguel Peñaloza” y que les “ofreció el 1 por ciento del valor del contrato” para que se movieran en favor de los intereses de la multinacional. Y agregó que ese ofrecimiento ilegal “aparentemente fue aceptado por estas personas” (Olano y Peñaloza).

En el caso del senador Olano, hasta ahora había sido mencionado por el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales como “hombre de Odebrecht” en el Congreso, pero las declaraciones de dos expresidentes de Odebrecht que tienen compromiso de decir la verdad lo favorecieron inicialmente. Su caso está apenas arrancando en la Corte Suprema. Olano asegura que nunca hizo “ni una sola gestión a favor de Odebrecht” y que no se reunió con Gaviria con esos fines.

La situación de Peñaloza es más compleja. No solo porque está en la órbita de la Fiscalía, sino porque su gestión, desde que fue alto funcionario de la istración Uribe y durante su paso por el gobierno Santos, fue relacionada con Odebrecht.

De hecho, según altas fuentes del organismo investigador, Peñaloza y el exdirector del Invías Daniel García Arizabaleta figuran en la lista de quienes estarán a corto plazo ante los jueces.

Como ya se conoce, la comisión de éxito de Gaviria y Zambrano sería del 0,5 por ciento para cada uno sobre el valor del contrato. La plata de esas coimas y las que llegaron, según la justicia, a los ‘Ñoños’ en Córdoba salió de los millonarios contratos falsos que hoy tienen tras las rejas a representantes legales de firmas de Bogotá y Sahagún.

Eduardo Zambrano, dice la Fiscalía, “custodió y istró esos dineros de los pagos para los cohechos de Plinio Olano, Bernardo Elías y Antonio Guerra, así como de Peñaloza, quienes ayudarían a conseguir la adición del contrato en las condiciones ya descritas. Es lavado de activos”.

Basada en testimonios corroborados con rutas de llamadas y correos electrónicos, la Fiscalía dice que entre 700 y 800 millones de pesos en efectivo le llegaron a Gaviria. Incluso, el expediente señala que esa plata fue a parar a gastos del condominio, al “colegio de los hijos” y a un familiar.

“Si el objeto de un contrato de concesión es la construcción, mantenimiento y operación de un corredor vial entre los puntos A y B, es claro que cualquier obra que esté por fuera de los límites del corredor no podría ejecutarse como una adición al contrato”.

Esa fue la advertencia que le hizo el Consejo de Estado hace cuatro años a la entonces ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, al responder cuatro preguntas relacionadas con restricciones legales para contratar obras de infraestructura vial.

Siete meses después de la entrega del concepto –el 2 de agosto del 2013, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) adicionó al consorcio del cual hacía parte la firma Odebrecht el tramo Ocaña – Gamarra sin licitación.

Aunque estos conceptos de la Sala de Consulta del alto tribunal no son vinculantes, es decir, no obligan a los funcionarios a acatarlos, ese documento es hoy pieza clave en la investigación que adelantan las autoridades por las irregularidades que se presentaron en la adición del tramo Ocaña-Gamarra en las obras de la Ruta del Sol II, a cargo de Odebrecht.

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