Inpec revisa opción de que presos puedan usar celular en cárceles: ¿cómo sería?

En entrevista con EL TIEMPO, el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, plantea un plan piloto para controlar el uso de celulares en las cárceles del país y  dice que este tipo de ideas hacen parte del cambio de estrategias para acabar con la extorsión.

Se refiere además, a un atentado en su contra y a la reforma careclaría propuesta por el gobierno de Gustavo Petro.

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Fue una gran sorpresa, a pesar de que es un cargo en el que se manejan muchísimos riesgos, toda vez que son 100.000 personas que están privadas de manera intramural, y todas esas personas seguramente hicieron parte de estructuras criminales, sí genera algo de incertidumbre.

Afortunadamente hemos recibido un gran apoyo de la Policía, de la Fiscalía. Ya hay un proceso investigativo que no podemos dar al público, pero hay tranquilidad de que hay muchos elementos de información que apuntan a quién lo llevó, con quién se ó, cómo fue, dónde lo organizaron.

Durante 2022 hicimos alrededor de 27.000 operativos. Tenemos un grupo especial de operativos que se encarga de ir a todo el país y generar un mejor control en la incautación de celulares, de elementos no permitidos como armas cortopunzantes.

La cárcel La Picota es la joya de la corona de todo el país, toda vez que se encuentran privados de libertad de todos los ámbitos, tanto políticos como criminales. Es la única cárcel que tiene extraditables, ahí convergen una serie de personas fuertes políticamente, criminalmente.

La idea fue empezar con esta cárcel y quitarles privilegios que tenían, acabar con esa zona de confort. Hicimos un gran operativo en el pabellón de alta seguridad, donde fueron sacados todos los privados y cambiadas las celdas. Encontramos casi cinco toneladas de comida cruda y de elementos no permitidos, y regresaron a sitios diferentes dentro del pabellón, de esta manera perdieron control.

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Sí, pero también es un tema legal y jurídico, la ley decreta los establecimientos de reclusión especial, pero están asignados a personas que tenían un fuero político, entonces si usan el fuero, pues no tienen privilegios, pero sí esa condición especial. Se llaman Eres, establecimientos de reclusión especial, ahí tienen condiciones diferenciales que ya están enmarcadas en la ley y no podemos ir en contra de eso. Pero también tienen restricciones en la libertad, en elementos no permitidos. La idea es que haya equilibrio y que no haya estratificación, sino únicamente lo que la ley permita.

Hemos hecho reuniones con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de las TIC para buscar un punto de equilibrio, porque han pasado muchos años en los que las comunicaciones en las cárceles son muy constantes y no hemos podido encontrar ese punto de quiebre, si con los inhibidores o con la regulación. Estamos trabajando en eso, si es mejor regular o definitivamente cancelar. ¿Cuál es el tema de inhibir? El inhibidor también hace injerencia en las zonas aledañas, a los vecinos. Tenemos muchas multas porque hemos quitado señal alrededor de las cárceles donde hay casas.

No queremos decir que vamos a legalizar los celulares, pero sí estamos buscando porque hay que cambiar la estrategia, no podemos continuar con lo que siempre se ha venido haciendo que no ha funcionado, sino buscar de qué manera podemos lograr ese punto de quiebre.

Habría que hacer un sondeo de cuáles son las cárceles donde podemos hacer pilotos, donde no hay extorsión. Un ejemplo es la reclusión de El Buen Pastor, cuando vamos a revisar los índices de extorsión, seguramente allí es muy bajo o es nulo.

Podríamos empezar a revisar en términos de tiempo, pero más que tiempo es a quién y con quién se pueden comunicar, a qué números podrían llamar, qué restricciones podrían tener en cuanto a conexión de internet, a conexión de llamadas, y tener regulación, algo parecido a las visitas. Un privado de la libertad dice quién lo puede visitar a él y cuántas personas se pueden visitar durante fechas. Algo similar sería con los celulares, ingresar un listado de a quiénes puedes llamar, cuántos días y cuánto tiempo, y tener unos controles muy restrictivos de eso, que si te sales de ese margen, pues ya estás infringiendo la ley.

Podemos hacer, por ejemplo, salas de comunicación como anteriormente funcionaba Telecom, ibas allá y encontrabas dos o cinco teléfonos. Hay muchas opciones, todavía estamos trabajando en eso. Se trata de un gran reto para poder acabar con la extorsión, pero también para no perder ese arraigo, porque es que las personas privadas de la libertad pierden ese arraigo con su familia, y hay privados a los que no visitan en cinco años. Es una deuda que tenemos, que no pierdan ese trato con su familia.

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Es una iniciativa que tiene que elevarse a proyecto de ley con los ministerios, y que se debe definir en las altas esferas. Se está revisando con el apoyo de todos.

La SU-122 del año pasado es la sentencia unificada de todo el estado de cosas inconstitucionales que viene sucediendo aproximadamente hace 25 años en el marco del hacinamiento. En un momento estaba el Inpec muy hacinado, cifras muy altas, y después de la pandemia ya se trasladó del Inpec a las URI y las estaciones de policía, entonces hoy en el Inpec tenemos un promedio del 20,5 por ciento, que está todavía enmarcado en la sobrepoblación, pero en las estaciones está un promedio entre 170 y 180 por ciento de hacinamiento, muy grande.

Ahí es cuando tenemos que empezar a cumplir con la ley que establece que los entes territoriales deben construir cárceles municipales para los sindicados. Tenemos dos términos para los privados: condenados y sindicados. Los condenados son los que están en responsabilidad del Inpec, y los sindicados en responsabilidad de los entes territoriales en todos los sentidos. Estamos recibiendo los condenados y algunos sindicados de alta peligrosidad, pero finalmente la responsabilidad es de los entes.

Así es, que es la responsabilidad jurídica que establece la ley.

Sí, hoy ya el país habla de reformas. Necesitamos que las cárceles sean más humanas, pero tenemos la responsabilidad de que siendo humanas no transgredamos la ley o le demos esa inseguridad a la ciudadanía, y el fin de la pena es la resocialización, entregarle mejores personas a la sociedad, pero necesitamos del apoyo de todos los entes que están comprometidos con el sistema penitenciario.

Tenemos que entrar en detalles de las cifras para determinar si, en efecto, el impacto es fuerte o no, pero lo más importante es la resocialización. El proyecto busca que no haya una reincidencia en el delito.

Habría que revisar, tenemos un ejemplo que existe hoy en día, en Calarcá, Quindío. Tenemos una tienda turística donde quienes hacen la atención al cliente y preparación son personas que están privadas de la libertad, entonces de una u otra forma están ahí expuestos en la calle prácticamente, pero ya en una fase de confianza. También porque han pagado gran parte de su condena. Es allí donde se muestra que efectivamente sí se puede hacer, y que hay tranquilidad y confianza porque no se están fugando, sino que están generando productividad para sus familias y el establecimiento.

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Sí, la planta de personal es de 14.000 funcionarios entre istrativos y cuerpo de custodia, la plata está autorizada para 18.000, pero el ideal sería alrededor de 30.000 para que eso funcionara de la mejor manera.

Hay que revisar las cifras de cuántas personas llegarían, tenemos la lección aprendida de los pabellones de Justicia y Paz, tenemos dos en Barranquilla y en Antioquia. Estamos alineados con lo que está sucediendo porque es un tema de gobierno que va a generar la ‘paz total’, los privados agradecen que los tengan en cuenta porque la paz también empieza en las cárceles.

La ‘paz total’ ha sido un gran auge en las cárceles del país, hay mucha voluntad de cambiar y dar ideas. Estamos articulados con el comisionado de Paz para que nos dé unos lineamientos de quiénes pueden participar en esas mesas de paz. 

No, así como hay amenazas hay rumores, anónimos, quejas. Seguramente es muy común que mucha gente se quiera subir al barco de la paz para beneficiarse de manera personal, seguramente eso pudo haber pasado, pero no tengo elementos de información que me indiquen qué internos son o qué abogados son.

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