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¿Pueden investigar el polémico contrato para fiesta en la Contraloría?

Fondo de Bienestar insiste en que actuó apegado a la ley, pero Auditoría podría intervenir el caso.

bogota sept de 2022. Contraloría General de la República Foto: Milton Diaz / El Tiempo

PERIODISTA JUDICIAL06.12.2022 10:21 Actualizado: 06.12.2022 11:15

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La fiesta de fin de año preparada para funcionarios de la Contraloría General de la República sigue dando de qué hablar, pese a que el contralor Carlos Hernán Rodríguez aseguró que la entidad no es la encargada de ese contrato, sino el Fondo de Bienestar Social.

De acuerdo a la denuncia que ha circulado en medios, el monto de la fiesta es cercano a los 500 millones de pesos, e incluye transporte, comida, bebidas y las presentaciones de Jorge Celedón y de ‘Don Jediondo’, actividades que aún no están en la mira de las autoridades, pero que podrían terminar en una revisión de órganos de control.

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La entidad encargada de vigilar a nivel fiscal las labores de las contralorías de todo el país y del Fondo de Bienestar es la Auditoría General de la República, la cual hasta el momento no tiene los ojos sobre la lupa en este caso.

Según conoció este diario, lo que normalmente hace el órgano auditor es revisar gestiones y resultados de las vigencias, y los de este año se harían en 2023. No obstante, si hay una denuncia ciudadana o a través de un medio de comunicación, sus funcionarios pueden hacer una actuación especial de fiscalización, la cual aplicaría para esta polémica fiesta.

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En declaraciones a EL TIEMPO, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, aclaró el lunes que “el Fondo tiene personería jurídica, ellos son los que deben responder. El contrato no es de la Contraloría, es del Fondo de Bienestar”, dijo.

Horas después -en la noche del lunes-, por medio de un comunicado el director del Fondo de Bienestar Social, Carlos Oscar Vergara, explicó que la fiesta programada para este martes 6 de diciembre en 'La plaza de Andrés', del Centro Comercial Santa Fe está pensada para 1.000 funcionarios, y que el monto se apega a lo establecido en la ley.

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De hecho, insistió en que no hacerla de ese modo podría derivar en sanciones disciplinarias, que el monto fue asignado en la istración pasada, y que se logró una disminución del 17 por ciento respecto al valor que tuvo la actividad en 2021.

No obstante, en caso de que al órgano auditor llegue una denuncia y se abra una actuación especial, lo que podría venir es un proceso de responsabilidad fiscal en el que se establece el detrimento y quiénes son los responsables, para luego devolver la plata al erario público.

Además, si en una eventual irregularidad hay funcionarios implicados, la Auditoría correría traslado a la Procuraduría General de la Nación para la respectiva indagación disciplinaria. Incluso, si se incurrió en alguna falla de carácter penal, también tienen la potestad de decirle a la Fiscalía que investigue lo sucedido.

En Twitter: @CarlosL49

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