Finanzas de la salud: se abre un nuevo capítulo en Contraloría y Procuraduría

En una rueda de prensa y a través de una carta, la Contraloría General y la Procuraduría, respectivamente, se pronunciaron ayer sobre la situación de la salud en Colombia, que ha marcado parte de la agenda del año por cuenta de las reformas promovidas por el Gobierno y las diferencias del Ejecutivo con los actores del sector.

Inicialmente, el contralor general encargado, Carlos Mario Zuluaga, sostuvo que información preliminar hasta el 31 de octubre da cuenta de que la a de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) “está al día” con los giros a las EPS y que este año ha entregado 64 billones de pesos. “Los giros de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) se vienen realizando con regularidad”, dijo.

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Por ello, Zuluaga afirmó que “bajo el modelo jurídicamente vigente no existe ninguna posibilidad ni justificación de que las EPS nieguen la prestación de salud a todos los afiliados”, puesto que han venido recibiendo los pagos del Gobierno.

Sin embargo, el funcionario dijo que la Adres tiene pendiente este año el pago de otros 13 billones de pesos, correspondientes a los meses posteriores a octubre, es decir, noviembre y diciembre. Y fue más allá al señalar que la deuda histórica del sector de la salud en Colombia asciende a 21 billones de pesos.

El contralor (e), quien anunció que en enero se presentará un informe más completo sobre el tema, también se refirió a los pasivos de las EPS y a las reservas que por ley tienen que destinar. Advirtió que, frente a 15 EPS revisadas, estas deberían tener reservas que asciendan a 15,58 billones de pesos, pero a la fecha del análisis solo tenían reservas por 4,9 billones de pesos. “La UPC establece que las EPS deben constituir estas reservas para que puedan de alguna manera resolver la demanda que el propio sistema genera”, manifestó Zuluaga.

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Y añadió que se ha detectado el giro de anticipos a IPS que hacen parte de las propias EPS, que algunas de ellas contrataron con su propia red un porcentaje mayor al permitido por ley y que se investigan giros no soportados de algunas EPS.

Tras la presentación del informe, el presidente Gustavo Petro se refirió al tema a través de sus redes sociales. “Mi gobierno ha cumplido con la ley en el giro a las EPS. Los problemas financieros de las EPS tienen que ver con que los recursos públicos que se les asignan son utilizados de manera irregular”, manifestó.

Igualmente reaccionó Félix León Martínez, director de la Adres, quien en diálogo con EL TIEMPO calificó el informe como importante y dijo que responde a una petición que habían hecho para que se certificara que la entidad que dirige está al día con los pagos con corte al 30 de octubre. Reconoció que faltan por ejecutar los giros de noviembre y diciembre.

Al tiempo se conoció un oficio firmado por la procuradora delegada para los asuntos del trabajo y la seguridad social, Diana Ojeda, quien le pidió al Ministerio de Salud, en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo, claridades sobre pagos pendientes a las EPS y sobre los estudios que ha hecho el Gobierno para fijar, al cierre de la vigencia 2023, el valor de la Unidad de pago por capitación (UPC) para el próximo año. Este corresponde al valor que se paga anualmente a los actores del sistema por la atención a cada uno de los afiliados.

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En la carta, conocida por este diario, la representante del organismo de investigación disciplinaria advierte sobre “el alto riesgo en el que se encuentra el aseguramiento en salud con ocasión de la insuficiencia de la UPC asociada al aumento del gasto en salud”. Además, subraya que el Gobierno “en la presente vigencia ha incumplido los plazos previstos en la ley para el reconocimiento y pago de los Presupuestos Máximos, inaplicando los recursos del Presupuesto General de la Nación destinados a la financiación de las tecnologías No PBS y desconociendo el deterioro financiero que los atrasos e inoportunidades pueden significar para la población en general y principalmente para los pacientes con diagnósticos de enfermedades crónicas y de alto costo que demandan en mayor porcentaje este tipo de servicios”.

Añade que siguen llegando a la Procuraduría llamados urgentes del sector “con los cuales se advierte la apremiante situación de deterioro financiero de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que bajo condiciones de inestabilidad advierten al Gobierno Nacional sobre la criticidad de la gestión del riesgo y de la garantía del derecho fundamental a la salud”.

Se adjunta a la carta un informe con mensaje de urgencia allegado por la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que se queja de desconocer la fórmula con la que el Gobierno va a fijar la UPC para 2024 y que no se han “generado espacios técnicos en los cuales los agentes del sector puedan efectuar aportes que permitan evitar desviaciones e inconsistencias como las que actualmente afectan al sistema”.

En la comunicación, la Procuraduría lanza una nueva alerta sobre el futuro del sector y dice que “se está afectando y destruyendo el sistema, por ende, afectando la garantía al derecho fundamental a la salud”. Así las cosas, insta al Ministerio de Salud para que “dentro de los tres días siguientes se adopten las medidas presupuestales necesarias que garanticen el adecuado flujo de los recursos del sistema y la suficiencia financiera de manera tal que se superen los fenómenos que están afectando la garantía del derecho a la salud de los colombianos”.

Este diario consultó al ministro de Salud a través de su equipo de comunicaciones por un pronunciamiento frente a los cuestionamientos de la Procuraduría, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.