Entes de control respaldan a la fiscal Camargo tras orden de captura de la justicia de Guatemala: 'es retaliación'

La Contraloría, la Procuraduría, la Registraduría, la Defensoría del Pueblo y la Auditoría General de la República, en su calidad de entes de control, expresaron su respaldo a la fiscal general Luz Adriana Camargo tras la controvertida decisión de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Guatemala, que emitió una orden de captura en su contra.

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En un comunicado conjunto, calificaron la decisión como “inaceptable” y ratificaron la "integridad, transparencia y honestidad" de Camargo, que marcaron su trabajo en la lucha contra la corrupción durante su paso por la Comisión Internacional contra la Impunidad, en el país centroamericano.

"Manifestamos nuestro respaldo a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, ante la orden de captura emitida por la Sala Tercera de Apelaciones de lo Penal de Guatemala. Esta medida, que dice basarse en hechos relacionados con su trabajo en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), es inaceptable para la sociedad colombiana y para los órganos de control que presidimos", expresaron los entes de control.

En sintonía con la defensa de la fiscal, que convocó a rueda de prensa para defenderse de la orden judicial guatemalteca, las instituciones calificaron la medida como una "retaliación por su lucha contra la corrupción y advirtieron que podría constituir una grave desviación de los principios del derecho internacional".

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De hecho, Camargo aseguró que la decisión podría responder al trabajo contra el poder corruptor que ha adelantado en su fiscalía y "que ha salpicado a otros países".

Asimismo, recalcaron la falta de sustento jurídico de este fallo, al que no hizo eco Interpol, organismo encargado de emitir una orden de captura internacional. Según las entidades, tanto la fiscal como el embajador en la Santa Sede, Iván Velásquez, contra quien también se emitió orden de captura, cuentan con inmunidad diplomática otorgada por su participación en la Comisión Internacional.

"Reafirmamos nuestro compromiso con la justicia, la legalidad y la defensa de los funcionarios que han dedicado su labor a fortalecer el Estado de Derecho tanto en Colombia como en Latinoamérica", aseveraron.

Luego de la tormenta político-jurídica que causó la decisión de la Sala de Apelaciones de Guatemala contra dos altos funcionarios colombianos, la fiscal se reunió a primera hora de este lunes 3 de junio con el presidente de la Corte Suprema, magistrado Octavio Augusto Tejeiro.

EL TIEMPO conoció que ese fue el tema central del encuentro y que, en una rueda de prensa posterior, la fiscal resaltó el respaldo institucional y el blindaje jurídico frente a la controvertida decisión de la justicia extranjera.

Dijo que no se preparaba para defenderse, pues el país centroamericano no le ofrece garantías judiciales, una problemática que fue expuesta en el último informe de la relatora de Naciones Unidas Margaret Satterthwaite.

Precisamente, el fiscal José Rafael Curruchiche, quien anunció la orden de captura, figura con antecedentes en Estados Unidos y Reino Unido, donde ha sido señalado de ser un "agente corruptor" de la justicia guatemalteca, razón por la cual su nombre fue incluido en la lista Engel del Departamento de Estado.

"Algunos casos de justicia transicional relacionados con el conflicto armado siguen avanzando, mientras que otros están empantanados por retrasos o han retrocedido. Operadores de justicia —actuales y pasados—, así como abogados defensores, enfrentan cargos penales, y muchos han tenido que salir al exilio. El proceso de selección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad, un nuevo fiscal general y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral está previsto para 2026", se lee en el informe de la ONU.

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Redacción Justicia