Tras conocer los beneficios judiciales con los cuales se favoreció a Guido Nule, Mauricio Galofre y Emilio Tapia, tres de los condenados por la red de corrupción en la contratación de obras en la malla vial de Bogotá, la Fiscalía decidió llamar a interrogatorio a los dos jueces de ejecución de penas de Barranquilla que les concedieron libertad condicional a los dos primeros y casa por cárcel al tercero.
La vicefiscal general, María Paulina Riveros, confirmó este jueves que “la Fiscalía emprendió las inspecciones judiciales correspondientes en los procesos que se siguen contra los implicados en estos casos”. Los investigados son los jueces de ejecución de penas primero y cuarto de Barranquilla.
Riveros señaló que en concepto del ente acusador los jueces que concedieron los beneficios no habrían observado a cabalidad los requisitos exigidos por la ley para otorgar la libertad condicional.
“Específicamente, no se encuentra que se haya pagado o se haya asegurado la indemnización a las víctimas de que trata el artículo 64 del Código Penal”, agregó Riveros.
Para la Vicefiscal, las decisiones de los mencionados jueces tienen hoy a Guido Nule, Mauricio Galofre y Emilio José Tapia libres a pesar de ser “responsables de afectar las finanzas públicas en Bogotá dentro del ‘carrusel’ de la contratación, y cuya defraudación superó los 500.000 millones de pesos, afectando gravemente el desarrollo del país”.
La Fiscalía ha resuelto escuchar en diligencias de interrogatorio a los servidores públicos que concedieron beneficios a los condenados en el carrusel de la contratación
Riveros recordó que en ese caso la Fiscalía demostró que los condenados cumplieron un papel determinante en la millonaria defraudación”. De hecho, Nule, Galofre y Tapia tienen condenas hasta por dos y tres procesos.
Otro condenado por corrupción que se favoreció con las gabelas de la justicia fue Pedro Aguilar, fundador de la Asociación Colombiana de Camioneros e involucrado en el ‘cartel de la chatarrización’, organización que hizo cobros ilegales al Estado por la chatarrización de camiones que nunca fueron destruidos.
Pese a que Aguilar había sido condenado a 10 años de prisión, desde el pasado 14 de diciembre de 2018 el juzgado 10 penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cali le otorgó la casa por cárcel.
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