Fiscalías de Colombia y Paraguay crearán un equipo de investigación conjunto sobre el crimen de Marcelo Pecci

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Pecci fue asesinado por sicarios la mañana del 10 de mayo de 2022, en las playas de Barú, en Cartagena, mientras disfrutaba de su luna de miel con su esposa Claudia Aguilera. Dos años después no hay mayores avances en Colombia sobre los motivos del crimen, mientras que desde Paraguay se presume que habría tenido que ver con un hombre con el alias de Tío Rico. Sin embargo, en el expediente judicial colombiano no hay rastros de él como responsable de dar la orden de matar al fiscal Pecci.
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​Por la autoría material de este crimen ya han sido condenadas en Colombia ocho personas, entre ellos dos hombres de nacionalidad venezolana, los condenados son: Francisco Luis Correa Galeano, considerado el 'cerebro' y coordinador del asesinato; Wendre Still Scott Carrillo, Eiverson Adrián Zabaleta Arrieta, Cristian Camilo Monsalve Londoño, Marisol Londoño Bedoya, Margareth Chacón y los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos.

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La propuesta de acuerdo para la creación del Equipo Conjunto de Investigación fue avalada el pasado 4 de junio por el fiscal Primero Delegado ante el Tribunal de Bogotá, Mario Burgos, quien lidera el 'caso Pecci'. También cuenta con la autorización de la fiscal Luz Adriana Camargo.

La directora (e) de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, Adriana Marcela Mercado, fue quien este viernes envió la aceptación de la Fiscalía colombiana a sus homólogos en Paraguay. Se espera que haya una mesa de trabajo entre ambos países para revisar los términos de la propuesta paraguaya y para oficializar el acuerdo.

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El fiscal Burgos conceptuó que el mecanismo es necesario "para evitar los conflictos de competencias en materia de investigación" y para que, de manera legal, Colombia y Paraguay "sumen esfuerzos coordinados para diseñar mejores estrategias investigativas, especialmente una segunda fase tan compleja del crimen transnacional, como lo es la investigación para la búsqueda, localización y procesamiento de los autores materiales del crimen".

El fiscal paraguayo Manuel Nicolás Doldan, director de Asuntos Internacionales y Asistencia Jurídica Externa en ese país, envió desde el 1.° de diciembre del año pasado una propuesta a la Fiscalía colombiana para la aprobación del mecanismo que permita la "investigación y persecución penal, de manera conjunta y coordinada, de los delitos de homicidio, asociación criminal y demás hechos conexos" relacionados con el asesinato de Pecci.

Según la propuesta paraguaya, el mecanismo conjunto tendría una duración inicial de dos años, prorrogables por el mismo término pero por una sola vez. En la propuesta se establece que se "respetará la autonomía de cada Estado según sus reglas".

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El mecanismo tendrá como propósito la recolección de pruebas según los protocolos de cada país y "evitar la multiplicidad de exhortos que evitaría el desgaste del aparato investigativo en los dos países", según se lee en el documento conocido por EL TIEMPO.

El acuerdo también pretende la "detención coordinada de los indiciados que participaron del homicidio", la inmovilización de activos y la desarticulación de redes dedicadas al narcotráfico.

"Cuando en el marco de la actuación del ECI se secuestren, incauten o decomisen activos las partes se pondrán de acuerdo sobre el destino de los bienes, de conformidad con la legislación interna de las Partes", señala la propuesta de Paraguay.

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También se propone un intercambio de información y de pruebas, incluso, de los elementos que cada país haya recolectado en sus investigaciones internas previo a la suscripción del acuerdo.

Según la propuesta paraguaya, el mecanismo podrá decidir, de común acuerdo, la cooperación de otros países mediante la invitación a autoridades competentes de otros Estados. Esto "tendría como objetivo la recolección de elementos de prueba con los protocolos establecidos en cada legislación" y, eventualmente, la realización de detenciones.

Del lado paraguayo los fiscales que integrarían este mecanismo son Osmar Legal Troche y Francisco Sanabria, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Anticorrupción, contra Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo; y Christian José Ortiz y Alejandro Cardozo Pereira, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado.

Fuentes en el ente acusador advierten que, a través de la Delegada para la Seguridad Territorial, sí se ha colaborado con las autoridades paraguayas.

Aseguran que hace unos 20 días se "terminaron de responder favorablemente cinco exhortos que los paraguayos hicieron para acceder a la investigación de aquí".

ANA MARÍA CUESTA
Editora de Justicia
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