‘El país no sabe hacia dónde va en materia de seguridad’: Fiscal Barbosa

El fiscal general Francisco Barbosa habló en entrevista con EL TIEMPO sobre la inseguridad que se vive en Colombia, la política de drogas que ha planteado el Gobierno Petro, y resaltó las líneas rojas frente al proyecto para el sometimiento de bandas, que volverá al Congreso.

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La observación transversal es que esa política no existe, es así de sencillo. El documento que ha propuesto el Gobierno Nacional es un compendio de medidas de tipo social, ambiental y económico y que proponen un cambio a mediano y largo plazo en el enfoque prohibicionista, sobre las cuales no me corresponde pronunciarme. El punto es que, mientras esas buenas intenciones se materializan, las actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes siguen siendo delito en Colombia, son el sustento de las organizaciones criminales y motor de violencia en el país.

El deber constitucional y legal del Estado colombiano es combatir ese fenómeno, mediante una política seria y con lineamientos concretos. Esta propuesta no tiene nada de eso. Son 120 páginas, solo en 3 de las cuales apenas se menciona de manera muy genérica lo que esta política podría contener, sin desarrollar ninguna estrategia, objetivo ni acción de manera específica.

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Así es. Ese documento solo se nos envió recientemente y en su elaboración no fuimos consultados. En todo caso, primero, se trata de una política que no está relacionada con la cartera de Justicia. Segundo, más allá de menciones genéricas, allí tampoco hay lineamientos concretos en materia de lucha contra el narcotráfico. Tiene, por ejemplo, asuntos relacionados con inteligencia militar y usted sabe que la Fiscalía no trabaja con eso, sino con medios de prueba respaldados por el Código de Procedimiento Penal, que sirvan para el impacto y desmantelamiento judicial de las organizaciones criminales.

Lo mínimo que uno esperaría es que estas políticas tengan un componente claro de articulación con nosotros. No hay política contra el narcotráfico si no hay un eje claro de investigación y judicialización.

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La Fiscalía remitió una comunicación al Consejo Nacional de Estupefacientes en la que manifestábamos nuestro desacuerdo con esa política. Siempre estamos abiertos a las discusiones. Desafortunadamente el ministro Osuna señaló que el Gobierno no necesitaba de conceptos para aprobar el texto, ya que la ley lo autorizaba. Es pura democracia de la imposición. Por mí que haga lo que considere necesario y dejo constancia de mi coherencia y defensa de la institucionalidad.

Mire, esa es una propuesta francamente impresentable. Le agregan al principio de oportunidad una causal inconstitucional, bajo el supuesto genérico y gaseoso de que existen casos en los cuales la persecución penal disuade, en el ciudadano, la expectativa de ejercer un derecho constitucionalmente protegido. Eso es absurdo. Bastaría con que el delincuente pidiera el beneficio solo porque siente temor de la acción de la justicia y quiere ejercer, por ejemplo, su derecho a la paz.

¿Ve hacia dónde conduce esto? Y el argumento que da el proyecto es falaz, pues en el ordenamiento jurídico hay mecanismos sustantivos y procesales que les permiten a fiscales y jueces decidir cuándo el ejercicio de la acción penal es proporcional a la expectativa de ejercer derechos fundamentales. Más grave aún, el mismo artículo permite expresamente otorgar este manto de impunidad a cabecillas de organizaciones criminales, incluidas las que se dedican al narcotráfico y al terrorismo.

El presidente Gustavo Petro ha sido receptivo a nuestras anteriores inquietudes al proyecto de humanización, yo espero sinceramente que se escuchen nuestros argumentos y desistan de este despropósito.

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No lo veo así. En su momento, el Gobierno planteó despenalizar esa conducta y nosotros nos opusimos, porque atentaba contra los mecanismos de participación democrática y la lucha contra la corrupción. Entiendo que la nueva propuesta adopta la postura de la Corte Constitucional. Al final, la inhabilitación requiere convalidación judicial y quien sea elegido en esas condiciones seguirá cometiendo delito.

En general, el Gobierno en materia judicial presentará un paquete de proyectos al Congreso. ¿Tiene alguna observación por otro? Por ejemplo, se evalúa la posibilidad de prorrogar Justicia y Paz…

Yo encuentro positivo que se busque la manera de llevar a cabo los procesos de sometimiento a la justicia mediante los canales jurídicos e institucionales ya existentes. En todo caso, hay líneas rojas en las que no dejaremos de insistir: penas efectivas de prisión, recursos para que la Fiscalía y los jueces puedan judicializar a estas personas con los medios de prueba debidamente recaudados. También los bienes asociados al delito deben destinarse a las víctimas.

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La política de prevención y seguridad corresponde al Gobierno Nacional. Para mí es claro que el país no sabe hacia dónde va en esta materia. Lo he señalado muchas veces: la Fiscalía llega una vez los delitos se cometen, investiga y ejerce la acción penal. Es decir, tenemos solo una pequeña parte, que tampoco podemos hacer solos.

De ahí la preocupación que manifestamos cuando las órdenes de captura obtenidas por los fiscales no se ejecutan, cuando, a pesar de nuestras labores de esclarecimiento, los homicidios colectivos se siguen disparando, y cuando se adelantan acercamientos de paz improvisados que pueden impedir el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de la Fuerza Pública.

No voy a dar detalles sobre esos casos. La investigación a la que usted se refiere avanza de manera sostenida y se tomarán las decisiones que en derecho correspondan. Todo en el marco de la autonomía e independencia de los fiscales y los medios de prueba recaudados en cada actuación.

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Después de las conversaciones sostenidas con el Presidente en el mes de enero y marzo, se establecieron unas mesas de trabajo entre la Fiscalía y el Gobierno Nacional. Hemos venido trabajando conjuntamente y las cifras coinciden a pesar de mínimas diferencias. Para la Fiscalía las cifras cuentan en la medida en que existan procesos abiertos, para la Fuerza Pública se incluyen cifras incluso no reportadas judicialmente. Estamos trabajando para alinearnos.

Sin embargo, la incautación se está focalizando en la acción marítima, dejando al garete los corredores regionales terrestres de criminalidad, por donde circulan las sustancias estupefacientes. Esa inacción genera más inseguridad y violencia. La incautación debe hacerse en el mar y en el territorio. Con esto se desestimula la oferta que surge en la proliferación industrial de los cultivos ilícitos.

Yo pienso que no hicieron el más mínimo esfuerzo por revisar las estrategias y resultados de esta Fiscalía General de la Nación en la materia.

Basta con revisar las cifras de mandatarios locales efectivamente judicializados y avances como los del caso Odebrecht, tan solo para mencionar un par de resultados. La directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado lo dijo de manera muy clara: cuando la información se maneja con ligereza e inexactitud y los hechos se desfiguran, son capaces de vender cualquier discurso.

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Existe una preocupación al respecto por la existencia de compromisos internacionales que el Estado colombiano debe honrar en materia antidrogas. Esto debe llevarnos como país a reflexionar sobre la armonización de una visión antidrogas con respuestas sociales y ambientales, pero también punitivas. En ese punto, el Ejecutivo debe revisar que la política sea coherente con esos propósitos.

En la Fiscalía seguimos creyendo que más allá de juicios contra el Gobierno debemos buscar escenarios de construcción nacional que velen por nuestros intereses sin abandonar nuestra lucha contra la criminalidad. De mi parte, siempre habrá voluntad para aportar ideas, espero que el ministro de Justicia entienda este mensaje.

Mire, esto nunca ha sido un tema personal. Mis diferencias con el señor Presidente son jurídicas, institucionales y con argumentos. Tan solo la semana pasada expedí una nueva resolución de suspensión de órdenes de captura a favor de representantes de las disidencias de las Farc, algunos de los cuales, inclusive, son firmantes de Acuerdo Final de Paz. Lo he hecho porque, con argumentos y en el marco del principio de colaboración armónica entre los poderes públicos, vimos que ello era viable. Por eso es tan absurdo que algunos señalen que esta Fiscalía y el Fiscal se oponen a la paz total.

Nuestras puertas siempre estarán abiertas para debatir con altura y para articularnos. Pero las cosas tienen que hacerse bien. Al final de esta gestión, la Fiscalía estará en la retina de la ciudadanía como aquella que defendió principios e instituciones.

CARLOS LÓPEZ

Redacción Justicia

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