‘Es extraño estar en el lado de los acusados’: general (r) Guatibonza

No había querido hablar hasta ahora. Prefería guardar silencio mientras dejaba transcurrir el lento curso de la Justicia, convencido de que demostrará su inocencia. Pero el acoso a su familia, los seis meses preso, así sea en régimen de casa por cárcel y, sobre todo, la fosa de desprestigio en la que están enterrando sus 35 años de impecable carrera policial lo han animado a romper el silencio.

“Después de 35 años de servir al país, de muchos éxitos, es extraño estar en el lado de los acusados”, anota con tristeza. “En este momento me estoy defendiendo de las acusaciones, que son muy gaseosas. Cuando se depure todo, un día le contaremos al país quién está detrás de todo. En un principio pensé que podían ser delincuentes de los que metí a la cárcel, pero me di cuenta de que no. Hay fuerzas que son más fuertes y tienen posibilidad de fabricar pruebas, de gastar dinero de los contribuyentes en hacer seguimientos”, afirma el general Humberto Guatibonza, quien se retiró de manera voluntaria de la Policía Nacional en 2017.

El próximo 14 de marzo deberá acudir a los juzgados de Paloquemao, en el centro de Bogotá, a la audiencia donde la Fiscalía volverá a presentar su escrito de acusación. El anterior, expuesto el 31 de enero, debió retirarlo porque la jueza de conocimiento levantó la sesión para que lo mejorara, por no cumplir con los requisitos de ley.

“Creo que hay deseos de hacernos daño a mí y a mi familia”, prosigue. Había participado en el proceso de empalme del gobierno Duque y de un momento para otro se vio envuelto en un escándalo de chuzadas. “Colaboraba con una campaña porque uno cree que puede servirle al país aportando la experiencia a un gobernante. Nunca nadie me dijo que a cambio de ayudar, iba a volver a la Policía como director, ni yo esperaba un cargo”. Diferentes oficiales de policía han sugerido a esta periodista que alguno de quienes aspiraban a dirigir la institución temió que Guatibonza se le adelantara y buscó la manera de quitarlo del camino.

En marzo de 2017, tras dejar la institución, en la que ocupó la dirección del Gaula y de la Policía Metropolitana de Bogotá, entre otras responsabilidades, fundó Humberto Guatibonza Consultoría SAS (HC), una microempresa de asesoría de seguridad, según consta en Cámara de Comercio.

“Hice una empresa transparente, pagué los impuestos y cada vez que conocí de hechos ilícitos le informé a la policía. Pero no sirvió de mucho, la experiencia ha sido negativa; es triste que me acusen de cometer ilegalidades, no lo entiendo”, afirma.

En su contra pesan los cargos de concierto para delinquir, violación de datos personales, uso de software malicioso, entre otros. Hasta la fecha no se ha apersonado una sola víctima en la causa y la Fiscalía ha negado que hayan participado en las presuntas chuzadas ilegales el abogado Jaime Lombana, el Fiscal General y demás personajes públicos mencionados en medios de comunicación.

Lo suyo, según la acusación, además de conseguir clientes para “ofertar las actividades ilícitas”, son casos que responden a nombres como ‘Cobre’, ‘Incauca’, ‘Gauti’, ‘Gordo’, ‘Medellín’. Trabajos que habría desarrollado de la mano de HJS Consultores, firma del coronel retirado del Ejército Jorge H. Salinas, donde laboraba la hacker nariñense Ana María Pinzón, un prodigio en informática para la Fiscalía.

De ella se dijo que había creado Fénix, sofisticado 'software' capaz de chuzar celulares, correos electrónicos y wasaps. La ingeniera de sistemas alegó que la única copia de su invento la guardaba en su portátil personal, pero había donado la máquina a la escuela San Francisco de Asís de Saguarán, vereda a unos veinte minutos de Ipiales, Nariño.

En el centro académico, sin embargo, nunca recibieron ese donativo. Pinzón se limitó a dictar dos cursos básicos de sistemas para alumnos desde preescolar hasta quinto de primaria, en el 2010. Era un contrato de la Caja de Compensación Familiar de Nariño, y en total dio 60 horas de clases por las que cobró 720.000 pesos. Al parecer, nunca acudía con su portátil, puesto que la escuela posee equipos que el Estado entregó.

Desde aquel exiguo contrato han pasado diez años, pero la vida de Pinzón, madre soltera de una niña, no parece haber progresado pese a sus trabajos con ‘la organización criminal’. Hija de militar, vive con sus papás. Hasta su detención domiciliaria, llevaba una existencia sencilla que quizá pretendió mejorar cuando comenzó por convencer a del Ejército de que tenía capacidad para interceptar todo tipo de comunicaciones de la guerrilla y terminó laborando para el coronel (r) Salinas.

De los casos en que aparece Guatibonza, el de ‘Gordo’ se refiere a hechos acaecidos en Cali en 2018. Un amigo caleño del general, que pide anonimato por seguridad, le solicitó ayuda para un grupo de padres, alarmados por la venta de drogas en los colegios de sus hijos.

Habían descubierto que sus retoños consumían los fines de semana y optaron por revisar celulares y espiarlos hasta establecer que el jíbaro que proporcionaba el 2CB, también conocida como cocaína rosada, respondía al sobrenombre de ‘Gordo’. Como ninguno quería denunciar por temor a exponer a los hijos, la policía no actuaba con la eficacia que deseaban y el problema crecía.

Guatibonza los puso en o con el coronel William Peña de la Sijín de Cali, pero a las pocas semanas lo trasladaron y quedaron en las mismas. Volvieron a suplicar al general que les colaborara, puesto que para entonces habían descubierto el número del celular del jíbaro. Guatibonza llamó a Salinas para preguntarle si podía identificar al delincuente con ese dato, pero nunca dio respuesta.

Hablé en Cali con el amigo del general, quien aseguró que no le pagaron un peso al tratarse de un favor personal. En todo caso, el esfuerzo colectivo resultó baldío. La Sijín detuvo después a una banda, y el juez decretó su libertad al considerar que las sustancias que vendían a los menores, una vez analizadas, no eran tan dañinas como para merecer cárcel.

Igual de nulo fue el resultado que obtuvo en el caso ‘Wasaps’. A la esposa de un comerciante de San Victorino la estaban extorsionando y, al perder el celular, desaparecieron los mensajes que enviaba el delincuente. “Me pidieron recuperarlos y, con autorización de los esposos, me puse en o con Salinas porque decía que ofrecía ese servicio. No era chuzar, la dueña del celular los necesitaba al tratarse de un caso de extorsión”, afirma Guatibonza. Cancelaron 3 millones de pesos y, semanas más tarde, la ‘hacker’ envió en Word la reproducción de lo que aseguraba eran las conversaciones rescatadas entre la víctima y su chantajista. “El matrimonio dijo que eran inventadas, que no tenían nada que ver”, rememora. Pero ya no pudo reclamar. A Salinas le acababa de estallar el escándalo de las chuzadas.

Hay expedientes singulares, como el denominado ‘Infidelidad’. A un abogado bogotano de derecho corporativo (reservo su nombre), un cliente le pidió el favor de conseguir un investigador privado para seguir los pasos de su esposa, por presumir que le era infiel. Consultó con un oficial de policía, retirado, y este le facilitó el o de Guatibonza. Al no ser un tema de su interés, lo remitió al coronel Salinas, quien tampoco aceptó.

Más participación tuvo Guatibonza en ‘Cobre’, caso que refleja las ocasiones en que los empresarios se sienten desamparados. Al contratista de una empresa petrolera le estaban robando el cobre cuando lo transportaba por carretera. Buscaron al general, quien, en asocio con unos técnicos, descubrió el punto donde los ladrones atracaban las tractomulas. Alertó a la policía y, pese a que no pudieron capturarlos, nunca volvieron a robar.

Poco se sabe del expediente ‘Medellín’, al tratarse de una asesoría que Guatibonza brindó a una familia que negociaba el pago de un secuestro, un tema siempre delicado, por el que nunca recibió honorarios, solo le abonaban los gastos. Los había conocido años atrás por otro plagio, cuando era director del Gaula, y quiso echar una mano. En otros casos donde lo señalan, como ‘Incauca’ y ‘Mesitas’, el propio Salinas itió que no tuvo participación alguna.

Además de considerar injusto y descabellado todo el proceso, el recuerdo del allanamiento de su hogar es una herida que aún le escuece. Un capitán de la Policía Nacional signó el informe según el cual en su domicilio había instalado una central de inteligencia.

El 3 de agosto, en un llamativo operativo policial que duró nueve horas, incautaron veinte ‘evidencias’ que lo comprobarían: su computador portátil y el de su hija, de 15 años, desde el que luego dirían que mandaba mensajes secretos para eludir el control de las autoridades. Una cámara GoPro de la niña sin estrenar, un marcador láser, varias memorias USB, un pequeño dron, comprado en Alkosto al precio de doscientos mil pesos, y tres adaptadores para meter tarjetas, entre otros elementos. Ya le devolvieron todo, sin hallar las pruebas.

“Nunca pensé que pasáramos por una situación de estas, que un hombre que devolvió sonrisas a tanta gente cuando resolvió secuestros, que sacrificó a su familia porque con frecuencia estaba fuera de casa y casi nunca tenía tiempo para nosotros, termine acusado como un delincuente”, afirma Margarita, su esposa y madre de su hija quinceañera y del hijo de 10 años. “Ha sido duro y es muy injusto, pero también una oportunidad para estar muy unidos; ha fortalecido nuestros vínculos. Mis hijos se levantan todos los días para ir al colegio, con la cabeza en alto sabiendo que su papá es quien ellos conocen y no quien otros quieren hacer ver. Yo sé que lo declararán inocente y podremos recuperar nuestra vida normal”.

Para el general, la normalidad supone terminar un libro sobre secuestro y extorsión que está escribiendo desde un punto de vista académico, reanudar las clases de seguridad que apenas iniciaba en una universidad y cerrar su minúscula empresa, de la que no quiere saber más.

SALUD HERNÁNDEZ-MORA

Especial para EL TIEMPO

Bogotá / Cali