Por irregularidades en contratación, la Fiscalía le imputó cargos al general en retiro Jorge Arturo Salgado Restrepo, excomandante de la Séptima División del Ejército y exinspector de la misma fuerza.
El fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia señaló que la investigación en la que aparece mencionado el exmilitar está relacionada con hechos registrados entre diciembre de 2015 y diciembre de 2017, cuando se desempeñaba como comandante de la Séptima División.
Se le imputaron los delitos de interés indebido en la celebración de
contratos y peculado por apropiación en favor de terceros. Los cuales no fueron aceptados. El oficial reintegró 170 millones de pesos y su abogado dijo que están buscando un preacuerdo con la Fiscalía.
El ente acusador añadió que el oficial usó y abusó de su cargo para beneficiarse con contratos de cafetería, alimentación y de obras a cargo del Batallón de Servicios de la Cuarta Brigada. Añadió el ente acusador que el oficial intentó sacar beneficio de esos contratos desconociendo los principios de la contratación.
La Fiscalía también dijo que las empresas Ingeniería Construcción y Diseños, y Distrilogística, obtenían información privilegiada y además los pliegos se acomodaban a las características de esas mismas firmas.
En total se habrían adjudicado a Distrilogística contratos por 4.014 millones de pesos y a la empresa de construcción millones de pesos contratos por 1.423 millones de pesos.
El ente investigador agregó que el general habría dado instrucciones de que no se cobrara dinero a la ingeniera a la que iban a ser adjudicados algunos contratos porque ella iba a construir la garita de la unidad militar y también iba a dotar de muebles y otros elementos la sala VIP de la unidad.
El ente acusador indicó que con dinero obtenido por las irregularidades en contratos, el oficial se financió viajes, comidas en restaurantes, servicios como el celular y hasta el servicio de televisión de su casa.
El fiscal del caso dijo que el general (r) se apropió ilegalmente de 151 millones de pesos de una de las empresas que recibió contratos y financió tiquetes para viajar por 115 millones de pesos, en asados gastó dos millones, otros 19 para pagar un palco de un concierto en la Feria de las Flores de Medellín, en combustible para los carros de su familia en Bogotá otros cinco millones.
En otro contrato para el suministro de tiquetes aéreos para los militares se habría quedado con 36 tiquetes para él y su familia por más de 18 millones de pesos.
Por esos hechos fueron judicializados en agosto del año pasado el coronel en retiro Harold Felipe Páez Roa, quien fue comandante del batallón de servicios Cuarta Brigada, y los contratistas: capitán en retiro Guerly Alexander Carrera Arias; y los civiles: Samir Fernando Garcia Buitrago, Ana Lucía Posada Valencia, Jaime Alberto Ramirez Díaz y el sargento John Henry Roncancio Rodríguez, el bodeguista de la unidad militar.
Igualmente se imputaron cargos al exjefe de Acción Integral del Ejército, general en retiro Jorge Horacio Romero Pinzón.
La Fiscalía pidió al magistrado del Tribunal que se ordene medida de aseguramiento en casa por cárcel contra el oficial.
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