Una auditoría de la Contraloría General de la República encontró un daño a las finanzas públicas por 44.583’151.204 pesos por irregularidades en la istración, fiscalización y cobro coactivo de la contribución parafiscal denominada 'Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia'.
Según los hallazgos de la Contraloría, hubo un incumplimiento material adverso de la Dian y el Ministerio de Educación en varios criterios de la normatividad sobre la estampilla, que es una contribución parafiscal con destinación específica para el fortalecimiento de las 32 universidades públicas.
Entre las fallas que llevaron a dar el concepto de incumplimiento hay deficiencias en la supervisión del recaudo de la contribución por parte del Mineducación, pues algunos agentes retenedores no efectuaron la retención de manera oportuna y por eso no se realizaron de fiscalización y cobro.
“Se advierten inconsistencias en la aplicación del artículo 8 de la Ley 1697 del 2013, por parte de los agentes retenedores, quienes aplicaron la tarifa de manera errada sin que el Ministerio ejerciera la oportuna verificación de las sumas dejadas de recaudar”, señaló el órgano de control.
Así mismo, el organismo determinó que hubo debilidades en los procesos de fiscalización porque se usó más de una tarifa para realizar el cálculo del valor por trasladar, pese a que el Ministerio y la Dian tenían información amplia y suficiente para identificar el valor de cada uno de los contratos sujetos de retención.
Otra falla estuvo en la gestión del proceso de istración, fiscalización y cobranzas de la contribución de la estampilla, pues con corte a 30 de junio de 2022 “se evidenciaron deficiencias en la supervisión y fiscalización del recaudo de la contribución, así como una inoportuna verificación por parte del Ministerio de Educación Nacional de las tarifas aplicadas por los agentes retenedores y debilidades en los procesos de fiscalización por parte de la Dian”.
De otro lado, se estableció la pérdida de recursos por el pago de intereses por mora por parte de algunos agentes retenedores, al haber liquidado y cancelado la retención de la estampilla, después de vencido el termino para trasladar los recursos al Fondo de la Universidades Estatales.
Finalmente, según informó la Contraloría, se determinaron deficiencias en el proceso de identificación y en el seguimiento y control de los expedientes de fiscalización y cobranzas; así como debilidades en el Sistema RIEL “ya que no se encuentra diseñado, ajustado y probado para realizar la correcta liquidación y Conversión a la Unidad de Valor Tributario (UVT) de la tarifa de la estampilla que dispuso la Resolución 024509 de 28 de diciembre de 2021”, concluyó el órgano de control en un comunicado.
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