En 13 de 108 casos de invasión habría grupos ilegales: Defensoría

Cerca de 6.000 familias estarían ejerciendo ocupación de predios rurales en distintos puntos de la geografía nacional, además de algunos grupos armados, según indicó la Defensoría del Pueblo.

En el primer Encuentro Internacional para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social, el defensor Carlos Camargo llamó la atención sobre este problema y aseguró hay un aumento de casos que requieren medidas urgentes por parte del Gobierno para evitar riesgos a la integridad y la vida de las comunidades en conflicto.

“Especial atención se ha puesto en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Cauca, Cesar, Chocó, Guainía, Huila, Magdalena, Valle del Cauca y Vichada, donde nuestras regionales han podido identificar 108 casos distribuidos en 26 municipios. La mayor incidencia en el número de invasiones de tierras se registra en el departamento del Cauca, donde se presenta el 36 por ciento de los casos”, indicó Camargo.

De acuerdo con el jefe del organismo de derechos humanos, han registrado un escalamiento de los conflictos por la tierra en el Norte del Cauca y en el Valle del Cauca.

Además, se ha identificado que las principales causas que originan las ocupaciones de tierras están relacionadas con dos particularidades:

“En primer lugar, con comunidades rurales que carecen de tierra, no tienen suficiente a la misma y reclaman derecho al progresivo a la propiedad. Estas situaciones se presentan en predios considerados improductivos; bienes baldíos o fiscales patrimoniales y, además, en predios istrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Una segunda causa, se vincula a ocupaciones ejercidas por población étnica, que en el marco del ejercicio denominado como 'liberación de la madre tierra', ocupan zonas consideradas como parte de su territorialidad ancestral, étnica y cultural. Esta última situación se registra en mayor medida en los departamentos de Cauca y Vichada”, explicó Camargo.

Además hay particularidades regionales, por ejemplo, en Guainía, Huila y la región del Urabá, el fenómeno está asociado a demandas de las comunidades para acceder a tierra para la construcción de vivienda propia debido al déficit habitacional que presentan estas regiones. En esta última zona se presentan casos de ocupaciones vinculadas a procesos de restitución de tierras.

Adicionalmente, Camargo dijo que al menos 13 de los 108 casos identificados por la Defensoría "tendrían una vinculación con estructuras o grupos armados ilegales, de acuerdo con la información obtenida en espacios interinstitucionales y a través del seguimiento a las Alertas Tempranas de la entidad”.

El Defensor del Pueblo recalcó la importancia del diálogo directo con las comunidades para buscar salidas muy rápidas a esta conflictividad.

“Ante la alta expectativa sobre los cambios estructurales que promete el Gobierno, es necesario contar con resultados resultados muy rápidos, para disminuir el riesgo de que los sectores sociales inicien nuevos procesos de movilización social”, dijo.

 

“Se ha exacerbado la conflictividad intercultural que involucra comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y las disputas en torno a la territorialidad. Así mismo, se identifican vulneraciones a otros derechos como la vida, libertad e integridad, propiedad, el progresivo a la tierra, vivienda, educación, salud, servicios públicos, a crédito agropecuario y afectaciones al medio ambiente”, concluyó Camargo.

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