Durante el 2018 al menos 648 dirigentes cívicos, líderes sociales, integrantes de juntas de acción comunal y campesinos que de una u otra forma trabajaban por la comunidad fueron asesinados, otros 1.151 fueron amenazados de muerte y 22 desaparecidos.
Esas cifras hacen parte del informe anual sobre Derechos Humanos que presentó el Centro de Investigación y Educación, Cinep, que advierte además, que 243 personas vinculadas a la defensa de derechos fundamentales fueron detenidas de manera arbitraria.
Sobre la violación de los derechos humanos, el Cinep reporta que el año pasado el departamento más afectado fue el Valle con 224 víctimas, seguido de Cauca con 182 y Santander con 180 reportes. En su mayoría fueron amenazados de muerte.
El padre Javier Giraldo, quien hace parte del equipo de derechos humanos de Cinep, dijo que le preocupa que “los lideres sociales están siendo asesinados por quienes terminan calificándose como desconocidos. Encapuchados que dispararon y se fueron. Esto hace que al victimario, ese anonimato le facilite ganar terreno”, puntualizó.
El padre Giraldo señaló que este tipo de hechos está frenando las investigaciones e identificación de los victimarios, “hace algún tiempo los delincuentes para ejercer control e intimidar se presentaban como paramilitares del clan ‘Golfo’, ‘Caparrapos’, ‘Águilas Negras’, etc, pero hoy se afianzan en el anónimo, lo que cambia la dinámica, aunque el fin sea el mismo, eliminar las bases comunales”.
Según el informe presentado la falta de identificación del victimario “se está entreverando en delitos comunes como: robos, atracos, prestamos gota a gota, líos pasionales o problemas de vecindario”, para desviar las muertes de los lideres a otros factores y así ocultar la situación real de violación de derechos humanos que afronta el país.
Además la entidad señaló que preocupante el alto nivel de impunidad que rodea las muertes violentas, y citan como ejemplo que de los 447 asesinados, 386 amenazados y 48 casos en que fueron víctimas de atentados contra sus vidas el reporte de las autoridades es que se desconoce el responsable.
“Nosotros no hacemos una estadística, recopilamos cada caso con base en la narrativa de cada víctima. Víctimas que en muchas ocasiones son presionadas e intimidadas para que no denuncien”, dijo Luis Guillermo Guerrero, director del Cinep, quien ratificó que la entidad “está preocupada por la situación de los Derechos humanos en el país”, situación que en su concepto se ha confundido y hasta mezclado con la salida de las Farc del escenario del conflicto.
Guerrero cuestionó sobre el papel de la Fuerza Pública en la defensa y protección de los representantes sociales, y el papel de las autoridades en este tema.
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Para el Cinep hay una crisis humanitaria en las comunidades indígenas, campesinas y afro, y especialmente en el movimiento comunal por lo que lanzó un llamado de atención para que todas las instituciones velen por la vida de los lideres sociales.
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