Uno de los principales testigos en el juicio que se sigue contra el ganadero Santiago Uribe, por supuestos vínculos con paramilitares y homicidio, está a punto de recuperar su libertad a instancias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Se trata del mayor (r) de la Policía Juan Carlos Meneses, quien tiene a cuestas una pena de 27 años de cárcel por homicidio y cuyas declaraciones figuran en el proceso contra el ganadero Santiago Uribe por su supuesta participación en la conformación del bloque paramilitar conocido como ‘los 12 apóstoles’.
EL TIEMPO estableció que el exoficial, actualmente detenido en el reclusorio de uniformados de Facatativá (Cundinamarca), fue itido formalmente en la JEP en abril pasado y el jueves anterior le solicitó que se le conceda la libertad transitoria, condicionada y anticipada por llevar ya, según sus cuentas, más de 5 años tras las rejas.
Su abogado, Carlos Arturo Toro, le confirmó a EL TIEMPO que a principios de julio ya se le había pedido a la JEP –tribunal conformado tras la firma de la paz con las Farc– que autorizara la libertad de Meneses, pero que en ese momento se le negó el recurso porque le faltaron 18 días exactos para que se cumplieran los 60 meses de prisión que como mínimo debe pagar un prisionero acogido a esta jurisdicción que quiera quedar libre.
“El 26 de julio presenté un recurso de reposición a esa primera decisión de la JEP insistiendo en la libertad del mayor Meneses, ya que cumplió los 5 años tras las rejas que exige la ley; ese tiempo ya pasó. Esa reposición está a punto de resolverse, por lo que mi cliente podría estar recuperando su libertad la próxima semana”, le confirmó Toro a este diario.
En efecto, Meneses y su apoderado acreditaron ante la JEP que por el caso de homicidio por el que fue condenado a 27 años de cárcel ha estado dos veces en prisión.
El hacker pide amnistía
Pero el caso del mayor (r) Meneses no es el único que está a punto de resolverse a instancias de la JEP y también por mediación jurídica del abogado Toro.
En efecto, el condenado hacker Andrés Sepúlveda, quien también pidió pista en esta jurisdicción, les solicitó a los magistrados de la JEP que se le otorgue la libertad bajo la figura de “amnistía de iure”.
Lo que argumenta la defensa del hacker es que los delitos por los que fue condenado a 10 años de cárcel en el 2015, por interceptar ilegalmente a los negociadores de paz de La Habana y ofrecerle la información recaudada a un partido político, son actuaciones que están enmarcadas en el conflicto armado.
“Resulta irrefragable que la totalidad de los hechos punibles por los que ha sido condenado el señor Andrés Fernando Sepúlveda Ardila, tienen un claro y preciso nexo causal con el conflicto interno que involucra entre sus actores a las Farc, al Estado y sus instituciones, a la clase política, a los partidos políticos, a los agentes del Estado y a los particulares”, dice el recurso que radicó la defensa del hacker ante la JEP.
Los dos casos, con connotaciones diferentes, ya están en la fase final de su estudio y es cuestión de días para que se conozcan las decisiones finales. Sin duda, la más inmediata y casi inminente es la libertad del mayor (r) Meneses.
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