Este martes el juzgado 17 penal municipal de conocimiento de Bogotá, en audiencia de formulación de acusación por el delito de extorsión agravada contra Yara Malo, resolvió negar la nulidad que su defensa presentó por la supuesta vulneración del derecho a la defensa.
El proceso contra la hija del magistrado de la Corte Suprema Gustavo Malo continuará con normalidad, pues el juez consideró que "no hay vulneración del derecho constitucional al debido proceso".
Para la defensa, hubo un engaño por parte de la Fiscalía, pues "cohibió (a Yara Malo) a participar en las seis audiencias realizadas desde el primero de septiembre hasta el 13 de octubre de 2017, en las que se trataron temas que son el fundamento probatorio de la acusación, como: cuentas bancarias, búsqueda selectiva en bases de datos, interceptaciones y controles previos y posteriores de lo recolectado para avalar las investigaciones que sustentan el proceso en su contra”.
Sin embargo, de acuerdo con el juez, “el momento procesal en el que la defensa debió solicitar la ilegalidad de la evidencia fue en las audiencias preliminares que se someten a un control posterior”. En estas se “verifica la legalidad del material probatorio recolectado con el respeto y conforme a los fines constitucionales”.
Aunque ese recurso no fue usado el juez aseguró que "como garantía del derecho a la contradicción", la defensa de Yara Malo, "podrá solicitar la exclusión de la pruebas en audiencia preparatoria”.
En este proceso la hija del magistrado Gustavo Malo, -acusado por sus presuntos vínculos con el caso de corrupción conocido como el ‘Cartel de la Toga’- estuvo involucrada en el presunto cobro extorsivo del 30 por ciento del sueldo a una de sus amigas. Dinero que se tendría que pagar a cambio de conseguirle un puesto en la Fiscalía.
Angélica Padilla, su amiga de infancia y principal testigo del caso, ante la presión terminó por denunciarla luego de su nombramiento en la entidad acusadora.
De acuerdo con la Fiscalía, en una ocasión Yara Malo le pidió al personal de seguridad del búnker que le negaran la entrada a Padilla y fue en ese momento cuando se pudo determinar que Yara Malo se movía tranquila con el carné de Katia Elena Espitia, una funcionaria del CTI adscrita a la Corte Suprema de Justicia, específicamente al despacho de Gustavo Malo, dijo la Fiscalía.
Al final de la audiecnia la defensa de Yara Malo interpuso recurso de apelación argumentando que se deben respetar los principios de lealtad, ponderación, objetividad, y proporcionalidad.
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