Ladrón mató a hombre en Bogotá, atacó a otro en Perú y podría quedar libre

Pilar Rojas recuerda a su hijo, Alan David Narváez, con cariño, mientras pasa, una tras otra, fotos que consignan momentos preciosos. En unas están sus perritos rescatados: Perséfone, Hades y Frida.

También hay una foto de bebé con la abuelita Isabel que ya no está y otra con su abuelito amado. A las imágenes que tiene digitalizadas se suman unas de Alan estudiando derecho en la Universidad Católica, asunto que le apasionaba, y otras con ella, de quien heredó el gusto por el rock, entre otras.

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Redacción Justicia).

“Alan David siempre fue un niño muy inquieto, con mucha energía, apasionado y, al mismo tiempo, muy frágil. Fue líder y muy rebelde”, recuerda Pilar. Alan David, un joven alto, de tez blanca y con una hermosa sonrisa, fue asesinado el 28 de mayo de 2016, con apenas 22 años, en el occidente de Bogotá.

Tenía sus convicciones claras, quería hacer una especialización en sociología y estaba haciendo su pasantía en la ONG Parces, que ya no existe, que luchaba contra la discriminación y la violación o denegación de derechos humanos a la comunidad.

Ese 28 de mayo, Alan se reunió con sus amigos para ver la final de la Champions League entre el Real Madrid, equipo que seguía, y el Atlético de Madrid, y celebrar. Ya en la noche iba caminando por la calle 68 camino a la estación de Transmilenio que queda frente al Éxito de la calle 80 para irse hacia su casa en el barrio La Campiña, en el norte de Bogotá,  pero en el trayecto fue víctima de Giovanni Enrique Coley Díaz, quien le disparó en un intento de robo.

Alan alcanzó a devolver sus pasos y cayó herido sobre un puesto de hamburguesas que se ubica cerca de la entrada del establecimiento comercial, sobre la 68. La bala entró por la espalda y se le alojó en la tráquea. Sucedió pasadas las 9:40 de la noche, y minutos después, Pilar recibió la llamada que ninguna madre quiere de parte de una mujer que estaba en la zona esperando su bus y auxilió al joven.

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A pesar de los esfuerzos, Alan llegó sin signos vitales a las instalaciones de la Cruz Roja, ubicada a unos minutos del lugar. Mientras la vida de Alan se extinguía, Coley ya iba en una bicicleta de color naranja camino a atacar a otra víctima: un hombre que salió de trabajar, se bajó en la estación de Transmilenio a la que Narváez quería llegar, atravesó el puente peatonal hacia el almacén y siguió caminando hacia el sur por una vía paralela a la 68. Es decir, fue a menos de dos cuadras del ataque a Alan y cuando no habían pasado ni 15 minutos.

Primero opuso resistencia y forcejearon, pero luego Coley sacó la misma arma, le disparó sin más y le robó el celular. Herido, esta persona fue auxiliada por otras que estaban en una tienda y sobrevivió. Aunque en su momento parecían hechos aislados, las pesquisas de los investigadores y la tenacidad de Pilar Rojas, quien recorrió el lugar en busca de evidencias, lograron determinar que el responsable era la misma persona.

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Coley, de aproximadamente 1,75 metros de estatura, contextura delgada, pelo teñido y quien hoy tiene 35 años, casi suma otra víctima fatal en cuestión de unos minutos ese mismo 28 de mayo: el patrullero de la policía que lo capturó una vez se reportó el segundo hecho.

Era casi la medianoche cuando dos policías, un hombre y una mujer, en respuesta al plan candado en el barrio Las Flores, vieron a un individuo que se movilizaba en una cicla naranja, como decía el reporte. Forcejearon y, en un momento, Coley sacó de la pretina del pantalón su arma, le apuntó al uniformado y le disparó en la quijada, o intentó hacerlo, pero el arma se trabó. Al final, fue detenido.

“No tiene sangre en las venas una persona que hace esto. No solo mi hijo, sino el muchacho que siguió y encima el patrullero que lo captura”, opina Pilar Rojas mientras recorre con EL TIEMPO el lugar donde su hijo pasó sus últimos momentos  y quien, tras la tragedia, dedicó sus esfuerzos para sacar adelante el proceso penal y reclamar justicia por su hijo.

Coley, nacido en Barranquilla, estuvo preso mientras avanzó el proceso penal hasta el 25 de abril de 2017, cuando quedó libre por vencimiento de términos.

“Ese día fue terrible porque es una persona que representa peligro. Yo lo dije entre lágrimas: ‘este hombre sale a matar y a delinquir’. ¿Cómo no va a ser un peligro para la sociedad un hombre que le dispara a tres personas en apenas una hora?”, añade Rojas, quien explica que el caso tuvo hasta siete fiscales.

El juicio siguió con Coley como reo ausente, una figura que en Colombia es legal. Las pruebas periciales y balísticas confirmaron que la misma arma fue usada para atentar contra los dos jóvenes (la Fiscalía no lo procesó por el caso del policía) y, a pesar de la negligencia para poder conseguir las imágenes de las cámaras de video de la zona, fue condenado en agosto de 2018  por el Juzgado 51 Penal con Función de Conocimiento, en fallo confirmado en febrero de 2019 por el Tribunal de Bogotá, a 32 años y 10 meses de prisión.

Pero el presagio de Pilar se cumplió. Giovanni Coley salió del país y apareció de nuevo en Arequipa, Perú, en donde el 17 de agosto de 2018 apuñaló al suboficial de la policía local Wilson Tipte, quien acudió a un llamado de unos taxistas que eran amenazados por este con un cuchillo, hecho por el cual después fue condenado a un año de libertad condicional, según los registros de prensa de ese país.

Ese mismo día fue capturado por pelearse con dos personas en Arequipa, pero tuvo que ser liberado al día siguiente porque todavía no estaba activa la orden de captura internacional de Interpol que dictó el juzgado colombiano al condenarlo.

Con la orden ya vigente, el 21 de septiembre de ese año, según el reporte del Ministerio del Interior de Perú, fue detenido cuando entraba en un hotel. En las imágenes oficiales de Coley, de pelo teñido de mono, barba y con un ojo amoratado, él dice que apenas se estaba enterando de que tenía una orden de captura internacional.

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La petición formal de extradición de Coley la presentó el gobierno colombiano el 22 de noviembre de 2019 por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, rios partes o municiones agravado, homicidio simple y hurto calificado atenuado consumado.

Mientras esta se estudiaba, Coley fue condenado en Perú en noviembre de 2018 a ocho meses y 17 días de cárcel por el hurto a una óptica. Y en febrero de 2021 fue condenado a tres años por el intento de hurto agravado a una mujer. Según los documentos oficiales, al computarse esa pena con la anterior, este hombre quedará libre el 7 de octubre de 2022. Y ese es el drama que tiene a Pilar y a sus abogados 'corriendo' contra la corriente para impedir que esto suceda.

El problema reside en que, en una decisión del 10 de junio de 2021, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de ese país señaló que sólo extraditará a Giovanny Coley si Colombia se compromete a “garantizar un nuevo juzgamiento con observancia de las normas del debido proceso y los instrumentos internacionales, la misma que deberá hacerse efectiva una vez que el requerido cumpla la condena en la República del Perú”.

Según el tribunal peruano, de acuerdo con la constitución nacional y la normativa internacional y convencional, una persona no puede ser procesada sin estar presente en el juicio y como Coley solo asistió, según dijo, a cuatro audiencias, el juicio debería repetirse: “las garantías obligan al Estado peruano a tutelar un debido proceso que en el caso concreto se debe garantizar la presencia del requerido en el juicio, así como a ser asistido por un abogado”.

Lo que no tiene en cuenta dicha decisión, según enfatiza la defensa de la familia de Alan, es que el motivo de la libertad del procesado fue por vencimiento de términos, que la figura del reo ausente es legal y que si este no estuvo presente en el juicio fue porque decidió voluntariamente no hacerlo y abandonar el país. Por eso, le piden al Gobierno que tome cartas en el asunto para dar las respectivas explicaciones a las autoridades peruanas, dado que la sentencia en Colombia está en firme.

"Yo, como mamá de Alan David Narváez Rojas solicito que la justicia colombiana se haga respetar frente a la decisión que ha tomado la Corte Suprema en Perú. Ellos están pidiendo que se le haga el juzgamiento en su presencia cuando el señor fue reo ausente, el señor había salido del país. Le solicito a las autoridades pertinentes que por favor solucionen, que este señor Coley cumpla la pena como debe ser y sea extraditado y no quede en libertad el 7 de octubre de 2022”, implora Pilar.

“Este hombre no solo ha hecho daños en Colombia sino a nivel internacional”, agrega la mujer, cuyo espíritu de justicia se mantiene intacto, mientras carga un cuadro con la foto de su hijo adorado.

Consultado por EL TIEMPO, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, señaló que Colombia no ha sido notificada de la decisión de la Sala de Extradiciones de la Corte Suprema de la República de Perú.

“En el Ministerio de Justicia no hemos recibido información por vía diplomática de ninguna decisión adoptada por las autoridades peruanas en junio de 2021 respecto del caso del señor Giovanni Enrique Coley Díaz”, dijo Ruiz.

El funcionario agregó que se tiene registro de una comunicación del 5 de enero de 2021, cuando autoridades peruanas solicitaron que se complementara la solicitud de extradición explicándoles "si la condena fue proferida o no en presencia del reclamado, que se le indicara si la sentencia de condena fue o no cumplida parcialmente, y solicito copia de la decisión de condena", explicó.

"La autoridad judicial colombiana le responde y explica lo solicitado por las autoridades peruanas a través de oficio del 8 de febrero de 2021, y este Ministerio lo remite el 16 de febrero de 2021 a Cancillería. Ese es el último registro que tenemos”, agregó el ministro Ruiz.

En Twitter: @AlejaBonilla