La alerta de la Defensoría por la baja ejecución del presupuesto del sector agropecuario en Colombia

En un análisis del sector agropecuario de Colombia, la Defensoría del Pueblo llamó la atención por la baja ejecución del presupuesto, pues el 1.° de enero y el 19 de mayo de este año por concepto de inversión solamente llegó al 6,48 por ciento de los 8 billones de pesos que hay disponibles para gastos de inversión en el sector agro en todo el 2024.

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Según la Defensoría, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la entidad con la mayor apropiación presupuestal del sector, con 4,9 billones de pesos, solo había ejecutado el 3,83 por ciento. Por su parte, la Agencia de Desarrollo Rural presentaba una ejecución del 5,26 por ciento; y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural llegaba al 9,99 por ciento.

El organismo de derechos humanos lanzó una alerta particular sobre tres proyectos de inversión que son cruciales para los derechos de la población campesina.

El primero es el incremento de la formalización de predios privados rurales, que solo iba en el 23,42 por ciento de ejecución; el segundo, relacionado con el fortalecimiento del ordenamiento social de la propiedad rural, alcanzaba el 13,5 por ciento; y el tercero, sobre el fortalecimiento del programa de reforma agraria y reforma rural integral, la Defensoría encontró que únicamente llega al 1,95 por ciento de ejecución.

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“El porcentaje de realización de los tres programas da cuenta de que la principal apuesta gubernamental en materia agropecuaria, la cual ha sido la garantía del a tierras para la población campesina y la formalización de la propiedad agrícola y rural, no cuenta con la efectividad y el ritmo proyectados al inicio del actual Gobierno”, dijo la entidad mediante un comunicado de prensa.

Por otra parte, la Defensoría también expuso preocupación por proyectos de inversión relacionados con la generación de ingresos para la población campesina y rural, así como el fortalecimiento del sector agro.

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Entre esos proyectos citó que el fortalecimiento cooperativo y asociativo del pilar Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) a través del programa ‘Campo Emprende’ apenas tiene ejecución del uno por ciento, y ese mismo fortalecimiento de la ACFC a través de sus alianzas llega al 3 por ciento de realización.

Otro programa sobre el cual se llamó la atención es el de apoyo para la estructuración y cofinanciación de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural, que reportaba un avance de apenas el 6,41 por ciento; así como la implementación de estrategias de inserción de la población rural a procesos económicos, que tenía una ejecución del 3,62 por ciento.

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“Los resultados de la ejecución presupuestal refleja que no han sido destinados los suficientes esfuerzos para implementar de manera efectiva los programas y proyectos de inversión dirigidos a la población rural. Para la Defensoría, el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional exige de parte de las entidades del sector un ritmo de ejecución mucho más rápido que el que se tiene hasta el momento, especialmente en los programas bandera de Gobierno central, entre ellos, la reforma agraria y rural y la potencialización agroalimentaria del campo”, añadió el organismo en su comunicado de prensa.

Por todo esto, la Defensoría reiteró su llamado a que se acelere la ejecución de recursos públicos para cumplir las metas en materia de compra, entrega y adjudicación de predios y apalancar el desarrollo agroalimentario del campo a través de la dotación de activos productivos para la población campesina.