Las graves fallas en la alimentación en las cárceles que la huelga de hambre en El Buen Pastor volvió a poner sobre la mesa

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El centro de pensamiento, que hace parte de la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la vida en prisión, creada para monitorear el avance de las órdenes de la Sentencia T-388 de 2013, en la cual la Corte Constitucional dijo que había una reiterada y sistemática vulneración de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, señaló que hay un desgobierno por parte de las autoridades penitenciarias que lleva a deficiencias estructurales que afectan, entre otras cosas, la situación de los alimentos.

“Todo lo anterior genera fallas muy graves como las deficiencias en la alimentación que reciben las personas en prisión, que vulneran su dignidad humana e impiden su bienestar y la rehabilitación social como fin principal de la pena de prisión”, dijo la organización civil.

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De acuerdo con el informe, hay múltiples fallas en los 132 establecimientos de reclusión del orden nacional a cargo del Inpec que repercuten en el derecho a una alimentación digna, pues por ejemplo, de las 132 cárceles el 54 por ciento tiene problemas higiénicos en equipos y utensilios, el 25 por ciento tiene problemas con el personal manipulador de alimentos, el 30 por ciento tiene deficiencias en el saneamiento básico.

A eso se suma que el 39 por ciento tiene posibles problemas de infraestructura para la prestación adecuada de los servicios de alimentación, y el 38 por ciento tienen déficit de mantenimiento o adecuación.

De acuerdo con Dejusticia, como parte de la Comisión de Seguimiento a la  Sentencia T-388, también se ha encontrado que estos problemas no están siendo investigados ni sancionados adecuadamente.

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“El irrespeto del derecho a la alimentación digna ha sido constante en el sistema penitenciario colombiano, y los múltiples incumplimientos, aunados a una falta de investigaicón y sanción, han llevado a múltiples intoxicaciones masivas en varias cárceles del país”, señaló Kelly Giraldo, investigadora de la línea Sistema Judicial en Dejusticia.

Giraldo añadió que en Dejusticia conocieron una carta de mujeres presas en El Buen Pastor quienes decían que estaban “siendo sometidas a condiciones inhumanas y degradantes al recibir alimentos en estado de descomposición”.

Sobre la situación en El Buen Pastor, el 30 de mayo el Ministerio de Justicia informó que la misma se superó en esa fecha luego de que el contratista encargado del servicio de alimentación en la reclusión llegó a compromisos en la mejora del servicio.

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En cualquier caso, la investigadora comentó que han pasado 10 años desde que la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional (ECI) en el sistema penitenciario y las cosas no han mejorado, por lo cual desde Dejusticia hicieron un llamado al Ministerio de Justicia, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y al Inpec para que asuman medidas urgentes para atender esta problemática porque aunque “privadas de la libertad, las personas no están privadas de su humanidad”.

El informe de Dejusticia dice que así como sucede en El Buen Pastor pasa en otras cárceles, y refieren una visita que realizó en abril de este año la comisión de seguimiento a la cárcel El Pedregal, en Medellín, en donde se evidenció que por falencias sanitarias las autoridades de salud de Medellín cerraron, en marzo, el ‘Rancho’, que es como se llama al lugar donde se preparan los alimentos en la prisión.

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Esa medida empeoró el problema, pues ocasionó que el traslado de alimentos tuviera que hacerse desde sitios lejanos, lo que provocó retrasos y ayunos superiores a las 12 horas entre comidas. Así mismo, los alimentos llegaron en mal estado y en porciones reducidas, y se denunció que algunas comidas estaban contaminadas con vidrios.

Como consecuencia de recibir una alimentación inadecuada, personas privadas de la libertad han sufrido malestares estomacales y diarrea, y también hay reportes de desmayos en sus áreas de trabajo por prolongados ayunos entre comidas, recoge el informe de Dejusticia.

Además, se habla de las intoxicaciones producto de alimentos en mal estado. De acuerdo con lo recogido por la comisión de seguimiento, en marzo de 2021 en la cárcel de Acacías, en Meta, 404 internos resultaron afectados, y en septiembre de ese mismo año en la cárcel El Pedregal, de Medellín, 620 mujeres también se intoxicaron.

Frente a cómo enfrentar esta reiterada falencia en la prestación del servicio de alimentación carcelaria, Dejusticia hizo un llamado a las autoridades del Estado para que cumplan las directrices para una alimentación digna, “evitando medidas represivas que no solo no corrigen, sino que agravan la vulneración de derechos de las personas en prisión”.

Entre las acciones sugeridas para mejorar la prestación de la alimentación se habló de la importancia de que haya monitoreo, supervisión y sanción para asegurar que los alimentos proporcionados cumplan con los estándares de calidad y seguridad alimentaria.

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Así mismo, se pidió resolver las denuncias sobre los presuntos incumplimientos contractuales de las empresas prestadoras del servicio de alimentación; así como capacitar al personal que presta los servicios de alimentación y al personal penitenciario y de salud sobre la importancia de respetar los derechos humanos de la población privada de la libertad.

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