Las lecciones que deja el episodio de las caravanas de camionetas de la UNP que movilizaban a disidentes en Antioquia

El escándalo que se desató el pasado martes 23 de julio, en el que fueron detenidas siete camionetas pertenecientes a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y en las que se desplazaban 18 personas pertenecientes al grupo de las disidencias de las Farc, comandado por alias Calarcá, ha desatado una fuerte polémica alrededor de los beneficios que están ganando los delegados de los grupos armados que están sentados dialogando la paz. 

(Lea:  ¿Venía de Venezuela el esquema de seguridad de la UNP de 'Calarcá', en el que viajaban disidentes capturados y en el que se incautaron $ 100 millones?)

Camilo González Posso, jefe de la delegación de Gobierno, señaló que la caravana fue detenida para una inspección en Antioquia y que se venía desplazando desde una reunión de comandantes, autorizada por el Gobierno después del quinto ciclo de diálogos, a una reunión en el Yarí.

“En estas circunstancias se nos ha informado de la detención de uno de los comandantes del frente 36, quien tiene la suspensión de su orden de captura en trámite”, señaló González Posso al hacer referencia a Édgar de Jesús Orrego Arango, ‘Leo Firu’.

También el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, señaló que fueron capturados “cinco personas más en flagrancia, ‘Érika’, quien tenía en su poder un proveedor y otros elementos y María Alejandra Ojeda, quien tenía una pistola en porte ilegal. También, el conocido como ‘Ramiro’, quien, a pesar de tener suspendida la orden de captura, igualmente itió portar un arma ilegal y por esa razón fue capturado en flagrancia. Lo mismo que alias Urías Perdomo, cabecilla del frente Rodrigo Cadete y alias Oliver González, de la Comisión Raúl Reyes”.

Estas personas, además, movilizaban dos pistolas 9 mm,11 cartuchos y $ 100 millones en efectivo.

Varios analistas consultados por EL TIEMPO indicaron que este caso deja varias lecciones para el proceso que lleva el gobierno con este grupo.

Para Carlos Charry, experto en política y conflicto, este episodio deja grandes aprendizajes, entre ellos, que los procesos de desmovilización y de negociación deben tener una vigilancia de parte de los cuerpos internacionales, de Naciones Unidas concretamente.

“Estor organismos deben vigilar y garantizar, de alguna manera, que, por un lado, no haya exceso de poder por parte de la Fuerza Pública, pero igualmente que los alzados en armas estén cumpliendo con las treguas, los ceses al fuego, el no uso de armas y que no sigan delinquiendo”, señaló Charry.

Por otra parte, considera el experto que lo ocurrido supone un llamado de alerta para el gobierno, dado que junto con las personas que tenían orden de captura en suspensión, había una persona que sí tenía una orden de captura en firme. “Esto quiere decir que de alguna manera esos vínculos entre los que negocian y los que siguen delinquiendo son muy fluidos”.

Además, manifestó Charry que también deja una enseñanza en términos de que las agencias del Estado “deben cumplir su función”. “El papel del Ejército en este caso fue el correcto y se activaron todos los esquemas para que a estas personas se les diera el tratamiento que la justicia y las leyes de Colombia determinan”.

Jorge Mantilla, investigador en conflicto y crimen, resaltó que el caso confirma el desorden que ha caracterizado a la política de ‘paz total’. Mantilla habla de  improvisación, falta de claridad, confusión,  mensajes contradictorios entre diferentes entidades, en este caso el Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a través de su jefe Negociador, y el Ministro del Interior.

“La lección más importante creo que es el hecho de lo difícil que va a ser negociar con el 40 % del ‘Estado Mayor Central’ que hoy permanece sentado en la mesa, mientras que contra el otro 60 % que son las disidencias de ‘Iván Mordisco’ se lanza una ofensiva militar. Esto va a requerir de unos muy altos estándares de inteligencia, de una aproximación quirúrgica en términos del uso de la fuerza para saber diferenciar qué estructuras, qué liderazgos, qué mandos medios están o no están en la mesa, pero también demuestra que efectivamente siguen habiendo vasos comunicantes entre aquellos que están y que no están en la mesa”, explicó Mantilla.

Lo anterior, según el experto, porque hay estructuras como las de Antioquia, el Frente 36, el Frente 18, el mismo Frente ‘Carolina Ramírez’ en el Putumayo, que aún no tienen muy claro de qué lado están y si están montados en la ‘paz total’ o no.

“La posición que adopte el gobierno ante este caso debe ser, en primer lugar, mejorar mucho más la coordinación interinstitucional para poder desarrollar este tipo de procesos tan complejos y con estas características mucho más locales”, dijo Mantilla quien añadió que en segundo lugar, se debe insistir y reiterar cuáles son las líneas rojas de esta negociación, de los protocolos que acompañan y que caracterizan esta negociación. “Es inaceptable que unos delegados de paz se muevan con armamento y con plata en efectivo por todo el territorio nacional”.

Al igual que Mantilla, César Niño, experto en temas de conflicto, coincide en que este caso deja más preguntas que respuestas, pero lo más importante es conocer la postura sobre cuáles son las líneas rojas que el Gobierno Nacional ha trazado frente a las negociaciones con el ‘Estado Mayor Central’.

“Debe haber claridad en las comunicaciones entre todos los actores de la negociación, porque deja en evidencia la suerte de cortocircuitos que hay en la tentativa de mesa de negociación que se está construyendo con el ‘Estado Mayor Central’ con las Farc”, dijo Niño.

Para el experto debe haber una mejor “sincronización” con la Fiscalía General de la Nación. “Creo que la preocupación no solamente de encontrar individuos dentro de un esquema de protección asignado por el Estado, radica en ese hecho, sino también en que la desarticulación entre las instituciones de seguridad y justicia del país, es evidente, y esto genera una preocupación, incluso en la confusión que se puede tener para la Fuerza Pública”.

Los expertos coinciden en el Gobierno tiene que adoptar una medida de coordinación más allá de los voceros oficiales que son reconocidos por el mismo Gobierno, para que el mensaje sea el mismo: uno unificado, coordinado y cohesionado.

Redacción Justicia:

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