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Análisis

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Las alertas de la Contraloría sobre reforma al Sistema General de Participaciones: no establece una fuente de financiación

La Contraloría aseguró que es difícil medir el impacto fiscal de su ejecución a largo plazo.

bogota sept de 2022.  Contraloría General de la República

bogota sept de 2022. Contraloría General de la República Foto: Milton Diaz / El Tiempo

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"La descentralización no se reduce a un aumento en la asignación de recursos a las entidades territoriales". A través del estudio "Retos de la Descentralización Diferencial en Colombia”, la Contraloría emitió su concepto sobre la reforma al Sistema General de Participaciones, aprobada en octavo y último debate el pasado 2 de diciembre. 
No obstante considerar necesaria una reforma al sistema de transferencias del Gobierno a los departamentos, por las difícil relación fiscal que hace insuficiente la asignación, la Contraloría expresó serios reparos respecto a la forma en como fue contemplado el acto legislativo que le da vía libre a un aumento gradual del 23,8 al 39,5 por ciento del presupuesto nacional para este fin. 
Juan Fernando Cristo en el debate del Sistema General de Participaciones

Juan Fernando Cristo en el debate del Sistema General de Participaciones Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO

Estos puntos grises, subraya el ente de control, podrían generar más desafíos para su tarea fiscalizadora, en términos de garantizar la eficiencia en la utilización de los recursos y evitar su desviación.
En un principio, esta reforma planteaba un incremento anual del 2,43% de los Ingresos Corrientes de la Nación para Sistema General de Participaciones, hasta recobrar el valor otorgado por la Constitución del 91 -que fue reducido en 2001 y 2007 para cuidar las finanzas públicas- equivalente a 46,52%. Sin embargo, por un acuerdo con el Ejecutivo, este incremento quedó en 39,5 %.
Los gobernadores Carlos Amaya de Boyacá, Eduardo Verano de Atlántico y Andrés Julián Rendón durante la sesión del Senado.

Los gobernadores Carlos Amaya, Eduardo Verano y Andrés Julián Rendón durante la sesión. Foto:César Melgarejo/ El Tiempo @cesarmelgarejoa

Las críticas

Una de las críticas de la Contraloría tiene que ver con la afectación de la reforma a la financiación del Plan Plurianual de Inversiones -el fondo con el que se ejecutan las metas trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo- pues "se encuentra sujeto a la asignación y priorización del presupuesto anual (PGN) y un 23 % por el Sistema General de Participaciones", expuso la entidad.
Así mismo, cuestionó que la norma no tiene una fuente de financiación que respalde las modificaciones. Y, por la incertidumbre y volatilidad económica, dificulta medir los impactos a largo plazo en el erario. 
También alertó sobre el blindaje a nivel de control que es una tarea comúnmente centralizada, lo que puede potenciar las irregularidades o anomalías en el uso de los recursos. "Se torna débil el control central sobre las operaciones en distintas regiones, poniendo en riesgo el control prevalente ejercido exclusivamente por la Contraloría, de conformidad con lo establecido en la ley". 
La entidad destacó que el proyecto es un "paso importante hacia una gobernanza más equilibrada", ya que reconoce las particularidades y necesidades de cada región y su objetivo es impulsar el desarrollo económico de los territorios, sin embargo "implica un impacto considerable para las finanzas de la Nación".
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, estuvo durante el debate.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, estuvo durante el debate. Foto:César Melgarejo/ El Tiempo @cesarmelgarejoa

Sin embargo, advierte, la descentralización no se reduce a un incremento en la asignación de recursos a los departamentos o municipios, abarca el fortalecimiento de las competencias y responsabilidades de las mismas y requiere cambios en los sistemas de control que certifiquen el buen uso del dinero público que será istrado por los entes territoriales.
En este sentido, en el acto legislativo que ya quedó listo, se establece que para que la reforma entre en vigencia el Congreso debe aprobar en un plazo máximo de dos años una ley de competencias que definirá cuales funciones del nivel central pasarán a nivel regional.
Los resultados del aumento de las transferencias, al final, se medirán a partir de los niveles de ejecución presupuestal, en la disminución de la corrupción, en el incremento de la calidad y cobertura de servicios en la población y, especialmente, -hace énfasis la Contraloría- en la economía regional.
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"Si la descentralización no va acompañada de mecanismos robustos de rendición de cuentas y transparencia, podrían existir riesgos para que los recursos públicos se manejen de manera adecuada en las regiones", avisó la Contraloría. 
Sara Valentina Quevedo Delgado 
Redacción Justicia

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