Las seis ‘macroinvestigaciones’ que lleva la Unidad Anticorrupción de la Contraloría sobre el escándalo de la UNGRD

EL TIEMPO conoció seis autos que ha proferido la Contraloría General de la República en los que declara de impacto nacional diversos hechos irregulares, relacionados con el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo -UNGRD-, y la presunta desviación de los dineros para la atención de desastres.

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Las declaratorias activan la competencia de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción con el fin de que ella intervenga, de manera inmediata, ante “el riesgo inminente de pérdida o afectación indebida del patrimonio público o para establecer la ocurrencia de hechos constitutivos de responsabilidad fiscal”.

Tres de dichas declaraciones las efectuó el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga el pasado 17 de junio, un día antes de que se posesionara, por segunda vez, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez.

Las declaratorias iniciaron el 13 de marzo de este año con el contrato de los 40 carrotanques por $46.800'000.000 que se adjudicó con la empresa fachada de Luis Eduardo López ‘el pastuso’, Impoamericana Roger SAS. Y continuaron el 11 de abril sobre otro contrato para carrotanques que se adjudicó por $29.000'000.000 con la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral Yapurutú.  

Con el auto 0550 del 17 de junio, Zuluaga declaró de impacto nacional la investigación sobre cinco contratos que se le adjudicaron a la empresa de Barrancabermeja Ingeniería y Alquileres MD SAS, constituida en el año 2006 por los señores Darío Sánchez, Leonardo Macías y los hermanos Carlos y Pedro Meneses Suárez, y actualmente representada por Leidy Joya Alonso.

Según el documento, en 2023 la contratación de maquinaria amarilla fue de $227 mil millones, de los cuales ya se han pagado $53,3 mil millones, lo que configura un incremento del 160% con relación a la contratación de 2022. El 33% de lo contratado se concentró en el departamento de la Guajira y el 17% en Santander.

En el auto se destaca únicamente al contratista Ingeniería y Alquileres MD S.A.S. “Este cuenta con 6 contratos de los cuales 5 fueron adjudicados para el departamento de Santander y 1 para Cundinamarca, el importe más alto con valor de $15.726.639.186”. En el documento se cita que Sneyder Pinilla solicitó varios de los contratos con esta empresa. Se destaca uno por $7.736.150.230 suscrito el 4 de octubre de 2023 para el departamento de Santander, del que Pinilla es oriundo.

¿Por qué se fijan en dicha empresa? “En razón del impacto que ha tenido en la opinión pública la denuncia de presuntos actos de corrupción en la UNGRD y su afectación a las comunidades destinatarias de los recursos públicos involucrados”, se lee en el auto.

En el auto 0554 del 17 de junio, el entonces contralor encargado declaró de impacto nacional la investigación sobre ocho contratos que suman $21.627.000.000, para las ollas comunitarias del programa ‘Hambre Cero’, con las que se habría atendido a damnificados por el fenómeno de la niña en los departamentos de la Guajira y Arauca.

Investigan dichos procesos “en razón a la cuantía y al alto impacto que la contratación indicada tuvo en las comunidades beneficiarias de ese programa de alimentación”, se lee en el documento. Los contratos fueron suscritos en 2023 con asociaciones indígenas, campesinas, tradicionales y de familia.

Con el auto 0549 del 17 de junio, Zuluaga hizo la misma declaración sobre otros dos contratos para carrotanques que suscribió la UNGRD para el municipio de Los Santos en el departamento de Santander y para pelaya Cesar. El contrato en Pelaya, por $133.875.000 se firmó en 2022, basados en una emergencia de 2021 y el de Los Santos, por $558.000.000, se firmó el 4 de octubre de 2023 por una calamidad por sequía decretada en esa zona en el mes de julio.

El 16 de mayo, mediante el auto 536, el vicecontralor pidió a la Unidad Anticorrupción que investigara “la contratación realizada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a partir de la vigencia 2020 a abril de 2024 inclusive, para la adecuación de jagüeyes en el departamento de la Guajira”. Esto, con base en una denuncia que realizó en marzo de este año el señor Leonardo Martínez sobre la contratación de 1.620 jagüeyes por $75.000.000.000 en los que se habrían gastado $87.000.000.00 por cada uno, cuando su precio real, según se lee, no superaría los 10 millones de pesos.

En el auto se cita que en la coordinación de los contratos participó María Alejandra Mejía, entonces funcionaria de la UNGRD en Uribia, hija del exdiputado conservador Germán 'Manchy' Mejía Sierra.

ANA MARÍA CUESTA

Editora de justicia @JusticiaET