Así fue el horror de la 'limpieza social' de los paramilitares en el Tolima

El 28 de junio de 2001 varios hombres armados ingresaron a una vivienda en el barrio San José de Ibagué y dispararon indiscriminadamente, matando a cuatro personas. El propietario de la casa había huido días antes luego de que le llegaron amenazas de muerte señalándolo de usar el lugar para vender droga y que aparecieran las paredes de la zona pintadas con la firma del bloque Tolima de las Autodefensas.

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Un exparamilitar, que en Justicia y Paz es procesado por los hechos, señaló que un mes antes del homicidio les llegó un listado y la orden de hacer seguimientos y luego asesinar a los dueños de los expendios de droga de la zona y a los consumidores.

Otro ‘expara’ dijo que en realidad fue una operación para golpear a las milicias de la guerrilla que se habían ubicado en la zona aledaña a una unidad militar.

Ese es uno de decenas de casos que aparecen relacionados en una extensa sentencia de un magistrado de Justicia y Paz conocida por EL TIEMPO que documenta las muertes perpetradas por las autodefensas en el Tolima que eran presentadas como una supuesta ‘limpieza social’ en esa zona del país.

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“A través de prácticas sistemáticas, generalizadas y reiteradas, adelantaron la denominada ‘limpieza social’, dentro de la cual se cometían delitos como homicidios, torturas, desapariciones forzadas y actos de terrorismo”, se lee en la sentencia.

En realidad, añade el fallo, lo que buscaban era usar la violencia para tener controlada a la población civil y obtener recursos económicos para la red criminal, pues cobraban por cometer homicidios, extorsionaban y luego se apoderaban de los bienes de las víctimas.

“La práctica de la aparente ‘limpieza social’ ejecutada era justificada en una supuesta ayuda a la población civil, con el fin de resolver problemas cotidianos como, por ejemplo, la presencia de consumidores de sustancias psicoactivas en los pueblos y la comisión de pequeños hurtos, lo cual generaba una falsa sensación de seguridad para algunos de los pobladores de la zona. Sin embargo, el verdadero motivo de esta práctica era lograr el completo dominio de las organizaciones sociales y económicas en las zonas de influencia del grupo”, dice la sentencia en contra de 14 exintegrantes del bloque Tolima, varios de ellos ex del Ejército, que se desmovilizaron en octubre de 2005 junto a otros 193 integrantes de ese grupo ilegal.

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Una a una se relacionan las víctimas, y los supuestos móviles para asesinarlas. En el expediente está la declaración de Inocencia Flórez, quien, con lágrimas en los ojos, relató que su hijo salió en marzo de 2002 con dirección al bar El Gran Delfín y que al entrar al lugar ubicado el centro de Chaparral (Tolima) “encontró a unos señores que habían matado a Wilson Sánchez. Salió asustado y por esa razón le dispararon y lo mataron”. La mujer añadió que, “para esa época, los paramilitares” estaban haciendo ‘limpieza social’ en el pueblo”.

Un desmovilizado señaló que la orden era asesinar a Sánchez, señalado de ser miliciano de las Farc, y que “en caso de que hubiese un enfrentamiento, tenía que accionar el arma o dejarse matar”.

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Incluso se documentó que ‘Óscar’, uno de los jefes del grupo, llevaba una agenda en la que detallaba los homicidios que iban cometiendo: “Lunes en la noche hacia las 11:00 pm, se hizo limpieza, se dieron de baja tres bazuqueros y un expendedor debajo del puente de la 37 con 4.ª. Estadio”.

En las confesiones de los ‘exparas’ se menciona que muchos de los crímenes fueron perpetrados por petición de empresarios que aportaban recursos a la organización ilegal.

“Me preguntaron por el homicidio de dos muchachos, en la vereda Los Lagos. Eso es en el Guamo (Tolima). En el año 2002 me pidió el comandante ‘Arturo’ dos muchachos que tenía en Purificación (...) se los mandé, para que dieran de baja a unos señores que estaban hurtando en las arroceras (...) se le hizo un favor a un arrocero de Espinal, ya que este señor nos colaboraba con aproximadamente 15 millones de pesos”, dijo un desmovilizado.

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Y otro exparamilitar identificado como César Augusto Mora señaló que tenía información de que por petición de distribuidores de carne y de café asesinaron a Alberto Cajamarca, a quien señalaban de robar ganado y de comprar para revender el café que era robado en la zona. Días antes del homicidio, frente a la casa de la víctima, dejaron una caja en la que había una vela y un sufragio.

El despacho señaló que en el 100 por ciento de los casos “no se pudo evidenciar que los paramilitares efectuaran algún tipo de control, seguimiento o verificación sobre la información suministrada por su fuente, sino que, por el contrario, desplegaban su actuar de manera indiscriminada e inmediata frente a personas que pudieran resultar blanco de su actuar criminal, bastando el señalamiento que efectuara un tercero” y cuestionó la participación de la población civil y de sectores económicos de la región que “de una u otra forma ejercían influencia en la estructura paramilitar”.

La Fiscalía señaló que por compulsas se investiga a las personas mencionadas como determinadoras de los homicidios para judicializarlas.

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