¿Qué gana Gustavo Moreno al pedir la extradición exprés?

Confirmada la intención del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno de aceptar cargos en Colombia y acogerse a la llamada extradición exprés –pasos que había sugerido en su carta pública de hace dos semanas–, empieza un proceso donde el acusado tratará de obtener el máximo de beneficios penales en medio de su crítica situación judicial.

La orden de captura de Moreno se dio por una solicitud de extradición de una corte del Distrito Sur de Miami que, en principio, lo procesará por lavado de activos por un valor de 10.000 dólares en un caso relacionado con soborno.

A pesar de que las autoridades de los Estados Unidos han mostrado desde el principio su interés de colaborar con la justicia colombiana en este caso, fuentes que conocen el sistema consideran que en la medida en que los delitos de Moreno no afectaron a Estados Unidos directamente –al menos en lo que hasta ahora se conoce–, el caso no sería prioritario y, eventualmente, el fiscal anticorrupción corrupto podría aspirar a una pena no muy alta.

Así, haría un buen negocio si en vez de que lo procese la justicia colombiana, que le imputará cargos este viernes por concusión (pedir plata a un particular) y revelación de secreto (la filtración de información judicial reservada al exgobernador Alejandro Lyons, procesado por corrupción), logra una entrega pronta a los Estados Unidos.

Incluso, dicen personas allegadas a su entorno, Moreno podría intentar jugarse una carta para tener protección en Estados Unidos si entregara información referente a narcotráfico (que es un delito que sí les importa a las agencias norteamericanas) a la que habría tenido en su labor como abogado antes de entrar a la Fiscalía. Esto, de alguna manera, explicaría el inusual papel que ha jugado la DEA (la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos) en su caso, pues fueron sus agentes los que documentaron la entrega del soborno de Lyons a Moreno en la Florida.

Ahora bien, Colombia no está obligada a extraditar a ningún solicitado por la justicia de los Estados Unidos. Y en este caso en particular, la mayor conveniencia para el país será procesarlo y condenarlo en Colombia, y eventualmente concederle beneficios si revela el alcance de sus actividades ilegales.

Moreno llegó a la Fiscalía precedido de sus excelentes relaciones con la cúpula judicial (especialmente en la Corte Suprema) y en la política, donde tenía el apoyo de congresistas del uribismo como María Fernanda Cabal y de concejales bogotanos como los liberales Horacio José Serpa y Jorge Durán Silva y de Julio Acosta, de Cambio Radical. También tenía apoyo de líderes conservadores.

El exfiscal general (e), Guillermo Mendoza Diago, dice que la solicitud de la extradición exprés es una muestra de que Moreno buscará tener beneficios de la justicia estadounidense al aceptar cargos en ese país. “Cuando allá aceptan cargos, se abrevia notoriamente el proceso y la pena también puede ser reducida notoriamente”, dijo.

Explicó que en la extradición exprés se obvian muchos trámites. En Colombia, por su parte, puede obtener una rebaja del 50 % de la pena con la aceptación de cargos, por lo que se evita el juicio.

El abogado penalista Andrés Vela señaló que posiblemente Moreno pretenda entregar información a la justicia de Estados Unidos sobre mafia o grupos que estén lavando dinero en el exterior, lo que podría reducir la pena que le impongan en ese país. Vela dice que desde su perspectiva esa podría ser una estrategia para pagar lo menos posible.

“Inclusive, hay personas que arreglan asuntos en Estados Unidos y se quedan en Estados Unidos. Eso podría ser un tema eventual en una negociación con ellos. Rehacer su vida y con su patrimonio quedarse allá y disfrutarlo. Es por estrategia y para obtener el más alto beneficio posible”, dijo el abogado.

Al ser consultado por EL TIEMPO, el abogado Francisco Bernate, quien está representando a Moreno, señaló que la intención de su cliente es que el proceso de extradición pueda llevarse a cabo en el tiempo mínimo que hoy es de unos 15 meses y no que se tarde hasta 20 meses como sucede por el proceso ordinario. Para ello renunciará a la práctica de pruebas.

El abogado dijo, también, que el lunes radicó ante la Fiscalía y el Tribunal de Bogotá una solicitud para que la audiencia de imputación de cargos que se realizará el próximo viernes sea a través de videoconferencia, por motivos de seguridad. Según Bernate, Moreno podría correr riesgo al ser transportado en un vehículo con personas a las cuales, en su papel de abogado y fiscal, podría haber afectado.

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