Las 23 irregularidades por más de $10 mil millones que halló la Contraloría en las Corporaciones Autónomas

Las Corporaciones Regionales Autónomas (CAR) son focos de detrimento patrimonial. Así lo reveló la última auditoría de la Contraloría sobre estas entidades, que arrojó 23 irregularidades, 13 de ellas con incidencia fiscal por una cuantía de $10.269 millones de pesos.

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El ente de control puso la lupa en siete proyectos ejecutados por estas Corporaciones de carácter departamental, que tuvieron una inversión de $58.632 millones de pesos, asignados en su totalidad por el Sistema General de Regalías (SRG). 

En Colombia hay 32 Corporaciones Autónomas Regionales encargadas de desarrollar planes con foco medioambiental. Para el periodo comprendido entre enero de 2017 a abril de 2024 recibieron del SGR más de $3 billones de pesos para 1.666 proyectos aprobados a nivel Nacional. 

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Pero para la fiscalización de la Contraloría fueron seleccionados siete de estos, desarrollados por la CAR de Cundinamarca, Corporinoquía, Corponariño, Codechocó, Corpoamazonía y Corpoguajira. Todos presentaron irregularidades.

La pérdida de recursos por más de $10 mil millones de pesos, en términos generales, se dio por fallas en la planeación, irregularidades en la subcontratación, deficiencias en la supervisión y falta de soportes contables legales. Por estas actuaciones, fueron referidos los 23 casos a la Procuraduría para abrir investigaciones disciplinarias y uno de ellos a la Fiscalía por una posible incidencia penal.

De la CAR de Cundinamarca, la Contraloría auditó dos proyectos para la recuperación hidráulica y ambiental de la laguna de Fúquene, por una cuantía de más de $23 mil millones de pesos para el cual se suscribieron cuatro contratos.

El ente de control determinó que hubo presuntas irregularidades en la sostenibilidad de la actividad de la planta piloto de valorización de material vegetal, ocasionando detrimento "en los recursos del SRG, indicando fallas en la planeación de la destinación final de los equipos y herramientas", se lee en el documento de 567 páginas. 

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También evidenció la falta de soportes legales y contables que identificaran y desglosaran los gastos, una omisión a la que atribuyó cinco irregularidades istrativas por incidencia fiscal por más de $3 mil millones de pesos.

En la actuación sobre Corporinoquía, la Contraloría hizo seguimiento al proyecto para la restauración de áreas ambientalmente degradadas en el departamento de Casanare, por el que se celebraron dos contratos con inversión de $4.218 millones de pesos. 

Sobre esta ejecución, hizo hallazgos por sobrecostos debido a "errores matemáticos desde la fase precontractual, contractual y postcontractual, incluida la liquidación del contrato". Otro desfalco fue identificado en la intermediación innecesaria del subcontratista, que no ejerció estas funciones, y en gastos adicionales por uno de los ítems relacionados con plántulas.

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Este recuento dio lugar a cuatro hallazgos istrativos, los cuales tres tienen presunta incidencia fiscal por más de $800 millones de pesos.

En la fiscalización a Corpochocó, el proyecto revisado fue el de recuperación de áreas afectadas en la cuenca del río Atrato, que tercerizó tres contratos por más de $15 mil millones de pesos. En este se identificaron deficiencias de planeación y sobrecostos en insumos, lo que derivó en siete irregularidades por un valor superior a $1,3 mil millones de pesos. Uno de los casos fue remitido a la Fiscalía por presunta incidencia penal.

Para el plan de restauración de las cuencas Guaitara, Janambu y Patía, proyecto supervisado en Corponariño por casi de $8 mil millones de pesos, la Contraloría halló inconsistencias contables y alertó sobre la falta de una licencia fitosanitaria para la movilización de material vegetal, así como la ausencia de un certificado del ICA. Los dos hallazgos istrativos de esta Corporación representaron una pérdida de más de $1,7 mil millones de pesos.

En Corpoguajira se fiscalizó el proyecto para la rehabilitación de los ríos Ancho, Negro, Maluisa y otros afluentes hacia el Caribe, en el municipio de Dibulla, por el que se suscribieron dos contratos por más de 4 mil millones de pesos. En su ejecución se observaron irregularidades en la subcontratación y en los registros del ICA, con presunta incidencia fiscal de más de $3 mil millones de pesos.

Finalmente, siendo el proyecto con menor cuantía en hallazgos fiscales, el plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Loretoyacu, por más de $3 mil millones de pesos, no tuvo mayores comentarios por parte de la Contraloría.

"El proyecto se encuentra terminado y ejecutado conforme a lo estipulado en el contrato. Se evidenció la falta de algunos soportes que legalicen el gasto del personal, constituyendo un hallazgo istrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, por $5.200.000 pesos", arrojó la auditoría.

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SARA VALENTINA QUEVEDO

Redacción Justicia