Los 5 acuerdos a los que llegaron SAE y Fiscalía para manejar los bienes incautados a la mafia

En medio del empalme que está haciendo en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), su presidenta, Amelia Pérez, se reunió con la fiscal Luz Adriana Camargo para hablar de la colaboración que ambas entidades pueden prestarse a la hora de manejar los bienes incautados a la mafia desde 1998. 

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Del encuentro salieron al menos cinco acuerdos clave en los que ambas se enfocarán por alcanzarlos. Estos incluyen un mejor inventario de bienes, una metodología de valoración de las propiedades incautadas y un protocolo para las medidas cautelares que dictan los fiscales expertos en extinción del derecho de dominio. 

En buena parte, este tipo de labores fueron abordadas por el expresidente de la SAE Daniel Rojas y el exfiscal Francisco Barbosa, quienes alcanzaron a tener diferencias al respecto.

El primero fue llamado por la SAE como una base de datos histórica. El pacto es que el ente acusador compartirá información de los activos que manejó la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) entre los años 1998 y 2014, algo con lo que se busca robustecer el universo de bienes que hay en Colombia.

Además, se hará un segundo cruce de datos de los bienes que se han decomisado entre 2014 y 2021. "Desde 2022, esta istración realiza conciliaciones trimestrales, asegurando que los inventarios estén actualizados", explicó la SAE. 

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Esta gestión empezó cuando el fiscal era Barbosa y el jefe de la SAE era Rojas. Para ese entonces, un equipo liderado por las fiscales Liliana Donado y Luz Ángela Bahamón sostuvo reuniones con delegados de la Sociedad en aras de organizar el inventario que, según Rojas, estaba desactualizado a la llegada del gobierno del presidente Gustavo Petro.

En cuanto a las medidas cautelares que dictan los fiscales para que el Estado istre los bienes decomisados mientras un juez decide si se los quita definitivamente al afectado, tanto la Fiscalía como la SAE van a crear un protocolo con el que se busca optimizar los trámites para ello.

El cuarto punto tiene que ver con que "se entregará el protocolo de interoperabilidad entre las entidades, en línea con el Conpes 4242. Además, mesas técnicas específicas depurarán inventarios de casos históricos como el Cartel de Cali, los Ochoa y Mancuso".

Precisamente, a finales de diciembre de 2024 la directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, le expuso en Bogotá a la fiscal Camargo que 411 propiedades que en su momento entregaron exjefes paramilitares no están en el Fondo de Reparación para las Víctimas. Y entre los 'exparas' nombrados estuvo Salvatore Mancuso.

La quinta medida tiene que ver con la valoración que se les hace a los bienes. En esto, se indicó que la Fiscalía con apoyo del gobierno británico está trabajando en una metodología que permitirá una valoración de bienes más transparente y eficaz. 

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Hace un año, este tema fue objeto de diferencias entre Daniel Rojas y Francisco Barbosa, ya que no concordaban las cifras entre cada entidad. "Me causa cierta curiosidad que públicamente el Fiscal General diga que durante su periodo se han incautado activos por el orden de 30 billones de pesos, y que son alrededor de 30.000 activos. En las actas que tenemos en los operativos con la Fiscalía y en las mesas con ellos, esas cifras no son, no sé de dónde las sacará el Fiscal, no sé quién se las dirá, cuál será el motivo para decir una cifra tan abultada como 30 billones de pesos", le dijo Rojas a EL TIEMPO.

A lo que Barbosa respondió que "la valoración o estimación la hace la Fiscalía, pero salir a decir que les parece que es menos valor me preocuparía muchísimo porque entonces están estimando los bienes por menos valor, y esto generaría una preocupación desde el punto de vista de pérdida de recursos".

A manera de conclusión, de la reunión entre Pérez y Camargo salió que lo pactado es "un paso crucial hacia la optimización de la istración de bienes incautados, fortaleciendo la justicia y la transparencia en el país".