Los giros que enredan a nueve exmilitares en caso de corrupción

El coronel en retiro Ilvar Orlando González Villamil, como integrante de la Cuarta Brigada del Ejército, habría recibido 74 millones de pesos correspondientes a pagos por el servicio de escolta prestado por los militares a empresas privadas de Antioquia.

Esa plata tenía que ingresar a un fondo establecido en la ley a donde se deben consignar los pagos por ese tipo de servicios, pero fue recibida en efectivo entre diciembre de 2011 y mayo de 2012. En total fueron 18 servicios los que se habrían prestado a particulares.

La Fiscalía afirmó que el coronel tenía conocimiento que estaba incurriendo en un delito al recibir la plata en efectivo y no consignarla en la cuenta prevista para los recursos que se cobraban a terceros por el servicio de escolta de material controlado.

González Villamil es uno de los nueve exmilitares a los que el ente acusador imputó cargos por el delito de peculado por una cuantía cercana a los dos mil millones de pesos. En el expediente aparece también el coronel juan Carlos Bustamante Rodríguez, exjefe de Estado Mayor y Segundo comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, quien habría recibido 16 millones de pesos correspondientes a pagos por el servicio de escolta.

Igualmente se imputó cargos al coronel Henry Benicio Rodríguez Mesa, quien fue el oficial de logística de la brigada entre noviembre de 2011 y febrero de 2022 y quien es procesado por peculado a favor de terceros por 171 millones de pesos. Una parte de ese dinero fue a parar en una cuenta para pagar el consumo en el casino de los oficiales.

La Fiscalía dijo que el oficial tenía la obligación de cumplir la normatividad vigente y ordenar su consignación a la cuenta establecida para recibir esos dineros y al contrario “esos dineros no entraron al presupuesto de la unidad para luego ser redistribuido”. Indicó el ente acusador que por su cargo y su capacitación sabía que estaba incurriendo en delitos y pese a ello procedió a cometer las irregularidades.

Del mayor Oscar Giraldo García, la Fiscalía indicó que el exmilitar incurrió en irregularidades entre julio 2011 y diciembre 2012 cuando hizo parte del Batallón Pedro Nel Ospina. Se habría apropiado a favor de terceros de 160 millones de pesos correspondientes a 62 pagos de ellos 34 corresponden a almacenaje de elementos, 21 pagos por certificados de idoneidad en temas de manejo de explosivos y uno por servicio de helipuerto entre otros.

En la investigación aparecen los reportes de pagos hechos al Ejército por empresas como Carminales, Continental Gold, Agrominera Santillana, Carbones del Caribe. Consorcio Túneles de Ituango y MinCivil Hidroeléctrica Carlos Lleras Restrepo.

Incluso aparecen otros rubros como el alquiler del polígono de la unidad militar por casi un millón de pesos y cuyo dinero no entró a la cuenta prevista por ese tipo de servicios. Además servicio de excavadora por más de un millón de pesos.

Además aparecen pagos por más de cinco millones hechos por la empresa Mineras Las Brisas por usar el helipuerto de la unidad militar, dinero que no entró a las cuentas al Ejército y que enredan al mayor Fabián Borja Pérez. Otro uniformado aparece asociado a 36 pagos por el servicio del helipuerto por más de 16 millones de pesos, dinero que tampoco entraron a las cuentas oficiales.

El sargento en retiro Javier Antonio Arango Moya aparece con giros por más de 20 millones de pesos por cuenta del almacenaje de explosivos de mineras que operan en Medellín y Bello (Antioquia).

El ente acusador indicó que al ser plata en efectivo se perdió la ruta del dinero por lo que no es posible señalar que se lo quedaron los exmilitares procesados.

Ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad en los cargos imputados.

@JusticiaET